Desde que Julio Anguita, fallecido recientemente, insistiera en su conocido estribillo: programa, programa y programa, nunca la interpretación de un pacto había suscitado tantos problemas como el recién rubricado por los portavoces parlamentarios de Sánchez, Iglesias y Otegi. Controversia que inmediatamente apunta al acuerdo suscrito por el Partido Socialista y Podemos para el gobierno de coalición progresista. No se discute sobre la reforma laboral sino sobre si su derogación debe ser íntegra o parcial. Como a Bildu no se le puede acusar de mentir– igual ocurría con la ETA que casi violaba todos los mandamientos menos el octavo–, la versión de Aizpurua va a misa. O sea, la alargada sombra de Anguita empieza a perfilarse tras la silueta ondulante de Sánchez.

¿Pacta sunt servanda o rebus sic stantibus? Dos aforismos latinos– hay que cumplir íntegros los pactos o pueden ser modulados hoy si cambian las circunstancias en que fueron negociados– distancian ahora a Sánchez de Iglesias. La claúsula rebus sic stantibus se refiere, por supuesto, al programa del gobierno de coalición, dado que una pandemia como la del coronavirus lo ha convertido en inservible. Pero no, claro está, al acuerdo negociado con Bildu, puesto que de las 20 a las 24 horas del lunes casi todas las condiciones eran exactamente iguales. Ni tampoco al mismo modelo de estado, aunque en plena epidemia no parece el momento más oportuno para poner la carreta territorial por delante de los bueyes democráticos.

Telón de fondo de este contraste de pareceres entre Sánchez e Iglesias es la sustitución de la mayoría con la que llegaron a la Moncloa, no sabemos si provisional, por una nueva mayoría, no sabemos aún si estructural. Dicho de otro modo, continuar con un gobierno únicamente basado en el pacto de las tres izquierdas, socialdemócrata, populista y soberanista, o un gobierno ampliado de centro izquierda, sumando además a los de Ciudadanos. Dos síes y dos noes consecutivos, tanto de Inés Arrimadas como de Gabriel Rufián, abonan todo tipo de hipótesis y especulaciones que solo puede aclarar el propio presidente del Gobierno si es que dispone de margen para poder intentarlo. O con Bildu y ERC, o con Cs, porque con los tres es imposible.

La pregunta que subyace es obvia : ¿van los empresarios a aceptar el pago de 45 días por año trabajado en los despidos, en las actuales y dramáticas circunstancias, cuando llevan una década pagando 33? Porque esa sería hoy la situación si se deroga íntegramente la reforma laboral, justo cuando la casi inmensa mayoría de los ERTES van a ser sustituidos por los ERES y el océano de pequeñas y medianas empresas, entre casi el 80% y el 90% de la totalidad, se encuentran tan perjudicadas como los mismos trabajadores. Sin olvidar que CCOO y UGT, que defienden la derogación de la reforma laboral, como la CEOE que la denuncia, coinciden ambas en criticar que los agentes sociales no hayan ni siquiera sido convocados a negociarla, precisamente cuando estamos en medio de la gestación de los llamados Pactos de la Reconstrucción.

Aquí y ahora, la polémica es un torpedo en la línea de flotación de unos Pactos de la Reconstrucción que no acaban de ser botados. Si se persigue un acuerdo de todas las fuerzas políticas, no parece el mejor camino exigir que cada programa se cumpla íntegramente, ya que en la naturaleza de todo pacto está implícita la cesión de parte del programa de cada uno de los negociadores. Ni que decir tiene que la derecha económica, que empujaba al Partido Popular a la negociación, se pregunte ahora por la credibilidad que merece la figura de un presidente del Gobierno desautorizado por uno de sus cuatro vicepresidentes. La desconfianza del mundo económico hacia la gestión de Moncloa vuelve a estar presente, excluida la figura de la vicepresidenta Calviño, que advirtió a Sánchez de las posible consecuencias de lo firmado por su portavoz Lastra.

Cuando todavía no lleva ni seis meses, y a pesar de que había ganado el debate sobre el estado de alarma, puede decirse ya mismo que el Gobierno progresista no progresa adecuadamente. El balance no puede ser peor. Ha resquebrajado su anterior mayoría sin lograr conseguir una nueva; ha logrado acercar la derecha económica al Partido Popular; los frágiles cimientos del Pacto de Reconstrucción casi los ha demolido y, por si fuera poco, el recién recuperado espacio de centro lo ha abandonado. Si no rectifica, está a minuto y medio de entregar la Moncloa a la tropa de Casado, tal y como en su día regaló el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid. En sus oídos deben resonar los aplausos del doberman de Aznar y de la jauría de la FAES.