Hay espacios para la oscuridad, el silencio y la impunidad en el engranaje en el que interactúan las altas instituciones de nuestro país. Y así lo percibe la ciudadanía al conocer las noticias de los últimos días en torno a la posibilidad y los indicios fundados de que la jefatura del Estado haya sido utilizada en el contexto de una trama corrupta para eludir el pago de impuestos y blanquear dinero.

Se trata de hechos de una especial gravedad institucional que no encontrarán ni solución ni reparo en la comparecencia a petición propia del responsable del Centro Nacional de Inteligencia, Félix Sanz Roldán, en el seno de la Comisión de Secretos Oficiales. Sanz Roldán ya estuvo en el Congreso en 2013 para dar explicaciones de los secretos del rey emérito y nada supo la opinión pública de lo que allí se trató más que un sonoro carpetazo y el imperio de la ley del silencio. Lo que no sabremos nunca es si la abdicación de Juan Carlos de Borbón en su hijo Felipe, un año después, se debió a los secretos vertidos en aquella comisión o no. En cualquier caso, en esta ocasión, no se pueden esperar resultados diferentes de una comisión de cuyas conclusiones sus integrantes no pueden hacerse eco a la opinión pública, en un momento en que la ciudadanía española viene reclamando con claridad: luz y taquígrafos frente a la corrupción. Luz y taquígrafos frente a la omertá porque este ya no es país para el silencio.

Y es que nadie puede estar por encima de la ley. Así lo ha manifestado el propio rey emérito cuando aseveraba que las más altas instituciones del Estado deben responder de sus conductas. Ese momento ha llegado; el momento de que la persona que ostentó la jefatura del Estado durante cuarenta años responda de sus actuaciones, de que todas las personas que tengan información al respecto la faciliten en la sede de la soberanía popular para conocimiento de todos los españoles y españolas, que tienen derecho a saber si esta institución ha sido una herramienta para la corrupción o no.

Unidos Podemos no irrumpió en 2014 en el parlamento español para ser parte de ningún pacto de silencio. Irrumpió con el firme compromiso sine qua non de responder a los gritos del descontento popular del 15M, que eran también los nuestros; a sus exigencias de transparencia a sus instituciones; y a reivindicar su derecho a la verdad porque la omertá no es admisible en ninguna sociedad democrática. Por eso desde nuestro grupo confederal hemos planteado la creación de una comisión de investigación, esta sí, con luz y taquígrafos, para esclarecer los hechos y en la que creemos que deben estar todas las fuerzas parlamentarias. Unidos Podemos no es una fuerza monárquica y no avala a una institución no elegida democráticamente, pero tenemos el pleno convencimiento de que las fuerzas monárquicas deberían ser las primeras interesadas en arrojar luz en las sombras que pesan sobre la institución.

De igual forma nos parecía fundamental la comparecencia de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, antes de que la bloquearan en la mesa del Congreso PP, PSOE y C’s, y nos parece clave la comparecencia de la ministra de Defensa, Margarita Robles, como responsable política del cargo del Centro Nacional de Inteligencia, para dar cuenta de cuáles son las actuaciones que en función de las diversas revelaciones que han ido apareciendo a lo largo del tiempo motiven o no la apertura de una investigación desde la propia Agencia Tributaria como reclaman los técnicos de Hacienda en un artículo publicado el pasado fin de semana.

Por último nos parece que en este momento es importante la demostración de cuál es el compromiso de las fuerzas políticas de nuestro país en la lucha contra la corrupción. Nos parece el momento clave para el cumplimiento de una promesa previa a la investidura por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de destapar la 'Lista Montoro' y responder así a una demanda de la ciudadanía que tiene derecho a saber quiénes son sus defraudadores, quiénes fueron los que trajeron dinero sin declarar desde el extranjero, quiénes recibieron además un trato fiscal privilegiado y quiénes se hicieron parte de una amnistía fiscal declarada ilegal por el Tribunal Constitucional.

Ya no es España país para pactos de silencio. La ciudadanía española ha decidido que ya no hay espacio para la omertá, para la oscuridad indecente, para el silencio atronador en la rendición de cuentas de nuestras instituciones y nuestra obligación como representantes en la sede de la soberanía popular es garantizar su derecho a la verdad.