Cincuenta y dos. Son los meses que lleva asediada la región de Al-Ghouta oriental en la provincia rural de Damasco.

Cuarenta y siete. La duración en meses del sitio de Sarajevo entre 1992 y 1996.

Trescientos cincuenta mil. Son los civiles que se estima que siguen viviendo, o sobreviviendo, en dicho enclave sitiado en los suburbios de Damasco.

Dos años. El tiempo que los túneles subterráneos que permitían un mínimo suministro de víveres a la población sitiada llevan cerrados, desde que el régimen recuperó los suburbios de Berzeh y Qabun.

Mil treinta y seis. Los pacientes pendientes de evacuación para poder ser tratados.

Un centenar. Los médicos que resisten dentro del enclave asediado. La proporción de personal sanitario y total de población se puede sacar con un rápido cálculo mental.

Muerte. Lo único que hay en abundancia bajo asedio, como describía Samira Khalil en 2013.

Días. El tiempo que hace del séptimo aniversario de la primera manifestación en Damasco, en la que, de manera espontánea, un grupo de ciudadanos sirios increpó a un agente que había humillado a un comerciante del mercado local al grito de “Al pueblo sirio no se le humilla”.

Un mes. Un poco más de lo que falta para el séptimo aniversario del comienzo oficial de la revolución siria tras la detención y tortura de unos adolescentes en Daraa, al sur del país, por sus proclamas contrarias al régimen, hecho que despertó una ola de solidaridad sin precedentes en el país, pero que pasó desapercibida en el resto del mundo, que mantuvo silencio.

Quince. El máximo de kilómetros que separan los hoteles en que se alojan los responsables de ONG y agencias internacionales, cuyas cabezas son sobrevoladas por los aviones que despegan de las bases gubernamentales, y la zona asediada de Al-Ghouta.

Uno. El principal responsable de la situación en la que se encuentran Al-Ghouta, que se acerca peligrosamente al escenario de Srebrenica, y el resto del país. Su nombre es Bashar al-Asad, y su retrato acompaña cada paso que el peatón da por cualquier ciudad del país por él controlada.

Cero. El número de palabras que UNICEF ha encontrado para condenar al culpable y a sus aliados y pretendidos enemigos, que poco han hecho por cambiar la situación.

Optar por acabar con ese cero, ese conjunto vacío −de significantes, porque su significado es infinito−, no es un recurso dramático ni literario, sino una llave de entrada a lo deshumanizado de la situación. Estamos acostumbrados al horror, a resumir con un “no tengo palabras” situaciones que no deberían repetirse nunca y, sin embargo, hoy nos encontramos ante un escenario que, en realidad, lleva repitiéndose desde 2012 en el país, con ofensivas sobre enclaves que salían del control de Damasco en su levantamiento contra un régimen represor que no ha dejado de matar ni un día.

Apenas hace un año, mientras Alepo era evacuada forzosamente, un grupo de profesores de universidad e intelectuales recordaban la batalla de Madrid de 1936, en un intento de llamar a la conciencia de, en concreto, un sector de la izquierda, la estalinista, que se ha posicionado del lado del opresor (lo que no implica que el espectro que aplaude a Asad se limite a ellos, pues, por desgracia, abarca a todo el espectro ideológico); sin embargo, fue Baba Amr en Homs el barrio que detentó el cuestionable honor de inaugurar esta tendencia de asedio y destrucción, para su posterior dominio por parte del régimen, sin olvidar que Daraa fue cercada al iniciarse las manifestaciones en marzo de 2011.

Con semejantes precedentes históricos, resulta cuento menos llamativo que, ante la flagrante violación de los acuerdos de cese de las hostilidades en la zona por parte de las aviaciones rusa y siria, lo extremo de la crisis humanitaria (las madres no tienen leche para alimentar a sus hijos, los niños mueren de desnutrición, proliferan enfermedades que en condiciones normales podrían ser tratadas sin dificultad, los servicios de emergencia ven dificultado su trabajo por la carestía del combustible que les permite desplazarse, y, por último, por hacer la lista finita, un escenario que se acerca peligrosamente a la ofensiva final letal), las organizaciones internacionales realicen declaraciones pretendidamente “equidistantes” y “neutrales” que les impiden condenar a quienes son responsables de esta masacre.

Que UNICEF se quede sin palabras no es algo nuevo. Que a organismos internacionales no se les ocurra nada que decir, salvo las siempre loables excepciones de Amnistía Internacional o Médicos Sin Fronteras, es de todo menos sorprendente. La población de Al-Ghouta y otras partes de Siria está más que acostumbrada al silencio en lo que respecta a las condenas internacionales, siempre mudas. Condenan la bomba que cae, pero no a quien la lanza; condenan el hambre, pero no a quien no permite la entrada de alimentos; condenan el disparo de un misil desesperado desde dentro de las zonas asediadas, cuyos lanzadores son rápidamente identificados, pero guardan silencio ante aviones perfectamente identificados, trayectorias fácilmente definibles y armamento cuanto menos complicado de conseguir bajo asedio. Recurren a la presencia de ciertos grupos de dudosa integridad, y terroristas en algunos casos, para justificar ofensivas en las que siempre pierden los civiles: los bombardeos son indiscriminados, no ataques quirúrgicos. Por cierto, en Al-Ghouta no se ha registrado presencia alguna de Daesh (el sitio comenzó antes) y la presencia de efectivos del Frente de Liberación del Levante, paraguas que engloba a Al-Qaeda, es la manida excusa para justificar el bombardeo de hospitales, depósitos de agua o zonas residenciales. Se trata de una política sistemática de destrucción total.

Alepo 2016. Guernica 1937. Al-Ghouta 2018. Srebrenica 1995. ¿Hacen falta más datos para emitir una condena firme?