Las consecuencias de la covid19 incluyen el agravamiento de la situación de las personas sin hogar

Cuando este pasado mes de marzo se declaró el estado de alarma y se decretó el confinamiento quedó patente que las personas en situación de sinhogarismo se quedaban fuera. Sus necesidades no son prioritarias y como tales los primeros días no serían tenidas en cuenta.

En las calles vacías, los que viven en ellas son más visibles. Se convirtieron en sus únicos habitantes, en los únicos peatones de la ciudad.

Al cierre casi total de los servicios sociales de la administración pública se sumaba el de gran cantidad de entidades y asociaciones que trabajan con las personas que viven en la calle. Se produce estos primeros días un peregrinar de personas por las pocas entidades sociales que siguen abiertas y atendiendo. En las grandes ciudades son cientos las personas que intentan infructuosamente ser albergadas en algún centro para personas sin hogar o conseguir algo que comer. Tras ese caos inicial poco a poco se irán habilitando recursos de contingencia en los más diversos lugares y el flujo de personas se irá reduciendo.

Viendo esta evolución podríamos pensar que el problema ha quedado solucionado y que las personas sin hogar ya en pleno mayo están perfectamente atendidas en nuestros pueblos y ciudades. La realidad no es esa.

Muchos de los recursos habilitados no han tenido en cuenta las necesidades específicas de la población a la que dan servicio: masificación, falta de intimidad, problemas de salud mental y adicciones no tratadas, acceso de parejas o de animales de compañía…Estos son solo algunos de los problemas detectados, que en muchos casos han acabado con el abandono voluntario y/o la expulsión de los usuarios de los mismos.

Hacinamiento, sin suministros básicos o directamente en la calle

El confinamiento ha mostrado con más crudeza la vulnerabilidad social y la precariedad con la que tienen que sobrevivir muchas personas y familias, con trabajos precarios, sin ingresos regulares y malviviendo en condiciones de hacinamiento, sin suministros básicos o directamente pernoctando en las calles.

Era fácil de imaginar que el confinamiento no sería igual para todos. Las personas y familias más vulnerables son las que han sufrido y probablemente sufrirán el mayor impacto de la situación creada por la covid19. Poder quedarse en casa, en condiciones dignas y con tres comidas diarias garantizadas, es un privilegio de clase que no puede permitirse todo el mundo.

A los miles de personas que antes del estado de alarma ya acudían diariamente a los comedores sociales se van a sumar ahora las que han perdido su vivienda o su habitación en un piso compartido por no poder pagar el alquiler. Alquileres que a duras penas abonaban con lo que sacaban con sus fuentes de ingresos informales o trabajos precarios; ya sea limpiando alguna vivienda donde ya no les necesitan, montando la terraza de un bar del barrio, aparcando coches, o pidiendo en la puerta del supermercado.

La situación de las personas en situación irregular es de inexistencia e invisibilidad, excepto para pedirles que trabajen en el campo

Se encuentran también en el grupo de las excluidas las decenas de miles de personas que se encuentran situación irregular, sin papeles y sin empadronamiento. Invisibles a la administración pública a la hora de solicitar una prestación. Está por ver qué mecanismos se habilitan para que todas ellas puedan acceder a la renta mínima que se pretende implementar.

Confinados en la invisibilidad están las personas en situación irregular. Sin papeles, no existes para el sistema.

No hay una cifra exacta de cuántas personas sin hogar hay en el estado español. Más de 33.000 personas viven en la calle en España, según fuentes del sector, dado que los datos del INE son de 2012. De igual manera no hay datos que cuantifiquen cuántas personas se han quedado, cruel paradoja, en la calle durante estos ya casi dos meses de confinamiento

Del mismo modo se carece de datos sobre cuántas tienen serios problemas para garantizar al menos una comida diaria. La sola visión de las largas colas en los repartos de alimentos que se realizan en los barrios obreros nos puede dar una idea aproximada.

La verdadera enfermedad que nos confina es la falta de justicia social

Es evidente que la población empobrecida, abocada a la exclusión social, ha visto cómo desaparecía con el confinamiento sus ya de por si escasos medios de subsistencia. Esta situación es solo una primera y alarmante señal de lo que nos espera en la “Nueva normalidad” con un sistema capitalista que con estado de alarma o sin el sigue demostrando ser incapaz de cubrir las necesidades básicas del conjunto de la población.

Las personas sin hogar, las de antes de la pandemia y las que estas semanas están pasando a engrosar el colectivo, tienen que ser tomadas en cuenta. El no hacerlo nos llevaría a un estado de indignidad en la que resultaría bochornoso el recuerdo de la supuesta solidaridad. Resultaría una vez más que nuestra enfermedad no son los coronavirus sino la falta de justicia social.

Si no hacemos algo por evitarlo la desigualdad se perpetuará e incrementará. En nuestras manos esta pelear para que la consigna tan oída estos días de que nadie se quede atrás no se quede en palabras huecas. Pongamos la vida y las personas en primer lugar.

FIRMANTES DEL BLOG

• Pere Herrera de Pablo. Medico de familia y médico SAMU. Ha ejercido como director del Servicio Emergencias Sanitarias de la Comunitat Valenciana.

• Carmen Montón es embajadora observadora permanente ante la Organización de los Estados Americanos y ha sido Ministra de Sanidad, consumo y bienestar social y Consellera de Sanidad.

• Ricardo Campos. Médico Oftalmólogo. Ha sido Secretario General del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social y subsecretario autonómico de sanidad.

• Rafael Sotoca. Médico de familia y activista sanitario. Fue director general de asistencia sanitaria de la Comunidad Valenciana.

• Begoña Frades García. Psiquiatra y jefa del área de salud mental del Hospital Pare Jofre. Ha sido coordinadora autonómica de salud mental.

• José Antonio López Cócera es enfermero especialista en salud mental y miembro de la comisión nacional de la especialidad.

• Isabel González. Médico radiólogo. Fue jefa de servicio y profesora asociada de radiología en la Universidad Miguel Hernández de Elche así como Directora Gral. de la Alta Inspección y gerente de los departamentos de salud de San Juan de Alicante y La Ribera (Alzira)

• Enrique Ortega. Médico especialista en enfermedades infecciosas y jefe de servicio de Enfermedades Infecciosas, Emergentes e Importadas. Ha sido profesor asociado de de medicina de la Universidad de Valencia y Director Gerente del Departamento de Salud Hospital General de Valencia

• Ana Boned Ombuena. Técnico Superior de Salud Pública de la Consellería de Sanitat Valenciana. Máster en salud pública por la U. de Harvard y especialista en medicina familiar y comunitaria.

• Antonia García Valls. Asesora coordinadora en la Vicepresidencia Cuarta, Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Ha sido diputada en el congreso de los diputados.

• Roser Falip Barangué. Doctora en Medicina y especialista en medicina de familia y en análisis clínicos. Ha sido gerente del departamento de salud de Alcoy.

• Aurelio Duque Valencia. Médico de Familia y Comunitaria y representante sindical. Ha sido presidente de la Sociedad Científica de Medicina Familiar en la Comunitat Valenciana.

• Verónica Montón Alegre. Artista interdisciplinar. Ilustradora del Blog Coronavirus en positivo.

• Juan Domene. Médico Inspector en el servicio de calidad asistencial y seguridad del paciente. Ha sido gerente del departamento de salud Arnau de VilanovaLliria.