José Francisco Bellod Redondo

Doctor en Economía

La reciente intervención del gobernador del Banco de España ante la Comisión de Presupuestos del Congreso sirvió para confirmar lo que todos sabemos: que la tasa de paro continuará en niveles superiores al 20% al menos durante 2015 y 2016. Y eso si la situación no se complica con la recesión a la que parecen estar abocadas China y Japón. En cualquier caso, lo que pretendía ser un mensaje de optimismo (“ya se le ve salida a la crisis”) es en realidad un nuevo jarro de agua fría sobre las expectativas de la sociedad española: son ya ocho largos años de crisis y la capacidad de aguante de las familias españolas se ha deteriorado notablemente.

En estos ocho años de crisis los desempleados han sufrido una considerable merma de su calidad de vida por culpa de un sistema de protección social que cada vez protege a menos parados y con prestaciones cada vez más pequeñas.

Se protege “a pocos” y se protege “con poco”: hoy sólo 42 de cada 100 parados percibe algún tipo de prestación/subsidio del SEPE (antiguo INEM), y la cuantía media percibida es de 744 euros mensuales. Cuando explotó la burbuja inmobiliaria, año 2007, estas cifras registraban valores notablemente superiores: de cada 100 parados 77 cobraba algún tipo de prestación y su importe medio era de 897 euros. En otras palabras: desde que se inició la crisis el porcentaje de desempleados protegidos se ha reducido en 35 puntos y su importe medio en un 17%. Si además tenemos en cuenta la inflación, la prestación media se ha reducido en realidad un 33% en este periodo.

¿A qué se debe este intenso deterioro de la protección social que reciben los desempleados?

Básicamente nuestro sistema de protección está integrado por dos tipos de rentas: prestaciones contributivas (cuyo origen radica en el derecho adquirido por el trabajador por el hecho de haber cotizado a la Seguridad Social) y prestaciones no contributivas (tienen un origen “solidario” o “asistencial”).

Para evitar que la protección social sea un desincentivo a la aceptación de ofertas de trabajo, tiene un carácter limitado en el tiempo, cumplido el cual la prestación se agota y el desempleado tiene que acogerse a una ayuda de menor cuantía o simplemente queda en situación de desprotección. Así, la “prestación por desempleo” tiene una duración máxima de 720 días al cabo de los cuales se extingue y el desempleado puede acogerse, solo si reúne las condiciones establecidas por el Gobierno, al “subsidio de desempleo” con una duración que varía según las citadas condiciones. Actualmente la “prestación por desempleo” tiene una cuantía equivalente al 70% de la cuantía cotizada durante los 6 primeros meses de disfrute y del 50% en los restantes, con un importe máximo mensual equivalente al 225% del IPREM [1] , es decir 1.198 €. Por su parte, el “subsidio de desempleo” tiene un importe de 426 € mensuales.

El mero transcurso del tiempo aboca al trabajador desempleado a unos ingresos cada vez menores e incluso nulos, al pasar de las prestaciones contributivas a otras de menor cuantía (las no contributivas) e incluso a ninguna.

El Ministerio de Trabajo difunde mensualmente datos oficiales sobre la proporción de desempleados que recibe algún tipo de ayuda del SEPE: es lo que se denomina “tasa de cobertura”. Sin embargo estos datos oficiales están sobrevalorados y exageran el grado de protección social. Ello se debe a que para su cálculo el Ministerio de Trabajo compara el número de “beneficiarios” de subsidios y prestaciones con el número de “desempleados registrados” en el SEPE. Es decir: no tiene en cuenta toda la población susceptible de ser protegida (todos los desempleados) sino solo aquella que reúne determinados requisitos jurídicos. Concretamente excluye a la población desempleada sin empleo anterior ya que no puede haber cotizado (estudiantes o amas de casa que se incorporan al mercado de trabajo), así como a los desempleados no registrados como demandantes de empleo en el SEPE.

Como es sabido, el “desempleo registrado” por el SEPE es un indicador sesgado a la baja del verdadero volumen de desempleo, que se mide mediante la EPA: muchos trabajadores desempleados desisten de registrarse en el SEPE como demandantes o, una vez inscritos, no realizan los trámites necesarios para continuar registrados. Actualmente los datos de la EPA indican la existencia de 5.149.000 desempleados [2], mientras que el SEPE arroja un total de 4.026.276 desempleados [3], es decir una diferencia de 1.122.724 personas (un 21,8% menos). Lo correcto es comparar el número de “beneficiarios” con el total de parados estimado por la EPA. A veces se nos olvida lo obvio: que un trabajador desempleado no reúna los requisitos jurídicos para acceder a una prestación no quiere decir que no la necesite. Así según la “tasa de cobertura” oficial en la actualidad el nivel de protección sería del 55,7%, mientras que el cálculo correcto arroja un 42% como hemos indicado la comienzo.

Por lo que respecta a la evolución de la cuantía de las ayudas que paga el SEPE a los desempleados, ha de tenerse en cuenta que la regla general del sistema supone que la cuantía percibida por el desempleado se reduce progresivamente conforme pasa el tiempo, llegando por supuesto a agotarse. Además, las prestaciones de naturaleza “contributiva” son de cuantía superior que las “no contributivas”: si la situación de desempleo se alarga en el tiempo el trabajador percibirá prestaciones cada vez menores e incluso cero.

En 2009 la prestación media registró su valor máximo: 978 euros al mes. De hecho entre 1999 y 2009 la prestación media se incrementó debido a dos factores: a) la evolución pro – cíclica de los salarios (la fase expansiva del ciclo se tradujo en cotizaciones crecientes a la Seguridad Social); y b) la creciente proporción de beneficiarios de prestaciones contributivas frente a no contributivas, puesto que se trataba de desempleados que habían acumulado suficientes meses de cotización durante el “boom inmobiliario”.

A partir de 2009 los desempleados comienzan a agotar sus prestaciones contributivas mientras se suman nuevos desempleados que no han conseguido un primer empleo o al menos no de la duración suficiente . El número de beneficiarios de prestaciones no contributivas crece rápidamente y actualmente supone ya un 63´8% del total, mientras que en 2009 sólo constituían el 39%.

Todo parece indicar que esta tendencia al empobrecimiento de los desempleados, debida a la acción conjunta de una menor tasa de cobertura y a prestaciones de importe menguante, continuará a lo largo de 2015 y 2016. Tampoco parece que la esperada recuperación económica mejore mucho las cosas: gracias a las sucesivas reformas laborales, que han debilitado el poder de negociación de los trabajadores frente al capital, muchos trabadores seguirán siendo pobres incluso si encuentran un empleo.

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[1] El IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples) ha sido fijado para el año 2015 en 532,51€ mensuales.

[2] Segundo trimestre de 2015.

[3] Julio de 2015.