Lo que se está diciendo sobre el decreto de medidas económicas del gobierno contra la pandemia puede dar una idea equivocada de su alcance.

El propio presidente afirmó que se van a movilizar recursos por un valor de 200.000 millones de euros y eso puede parecer que se trata de dinero contante y sonante que irá inmediatamente al bolsillo de las empresas y familias. Pero no es exactamente así.

El decreto contempla varios tipos de medidas que se unen a las que ya se habían adoptado la semana pasada. Unas son de ayudas directas a las personas y empresas afectadas y me atrevería a decir que todas ellas son estrictamente imprescindibles. Ninguna sobra y todas pueden ayudar a mitigar los efectos tan graves que tiene la paralización de la vida económica que se está produciendo.

Es imprescindible, como se ha previsto en los dos paquetes de medidas, evitar que personas sin capacidad previa de ahorro que pierdan ahora sus empleos (aunque sea temporalmente) dejen de pagar servicios básicos o sencillamente que no puedan cubrir sus necesidades más elementales. Proporcionarles ayuda en efectivo y permitir que demoren pagos es fundamental. Y al respecto quizá sólo se eche en falta que no se hayan adoptado ya medidas en relación con alquileres y otras para agilizar los pagos al máximo. No se trata sólo de una medida, ya justificadísima por esta razón, de solidaridad, sino necesaria también para evitar que ahora o en las semanas siguientes a la inactividad se paralice el flujo de ingresos y pagos.

Adicionalmente a las medidas tomadas ahora con urgencia es también fundamental que el gobierno prepare junto a las comunidades autónomas y ayuntamientos (a estos debería darse un papel fundamental en este aspecto por su proximidad) una estrategia específica de prevención y lucha contra la pobreza, y especialmente la infantil. La anterior crisis produjo un incremento muy grande en España y hay que evitar que eso ocurra de nuevo.

Para ello, sería necesario así mismo que se adopten ya medidas especiales de evaluación de la desigualdad. Prevenir en este campo es mejor y más barato que curar.

Creo que a estas alturas todo el mundo es consciente de que uno de los principales problemas que provoca una epidemia tan generalizada es la parálisis en los procesos de producción, bien como consecuencia de la caída de ventas (algo inmediato) como por la falta de aprovisionamiento que vendrá seguramente con algo más de retraso. Su principal consecuencia sería que muchas empresas se verían obligadas inmediatamente a cerrar y, si la situación se prolonga, quizá a desaparecer para siempre, como ya ocurrió en la anterior crisis.

Las medidas que va adoptando el gobierno para evitar que eso ocurra creo que van en el camino adecuado, aunque habrá que ir ampliándolas en los días y semanas siguientes. Antes que nada, es preciso que los trabajadores autónomos (de muchos de los cuales también dependen una buena cantidad de empleo), los microempresarios y los pequeños y medianos se sientan de verdad protegidos. Que sepan que no se les va a dejar caer y que eso se empiece a ver con hechos. Sólo así podrán sacar fuerza de flaqueza para aguantar los malos tiempos que vienen. Las palabras del presidente del gobierno fueron ayer más reconfortantes y prometedoras. Y las primeras medidas, como digo, ya permiten saber que se va a hacer todo lo que se pueda para protegerlos.

Pero esa protección no puede ser simplemente la que ofrece el decreto.

La enorme cantidad de dinero destinado a proporcionar avales a las empresas es mucho, es necesario y es bienvenido, pero ni mucho menos es suficiente. Y hay que decirlo.

Lo que ha hecho el gobierno es lo que estaba en su mano: acercar el caballo a la fuente, en este caso de la financiación, pero ahora la fuente debe funcionar y el caballo debe querer o poder beber el agua.

Lo que necesitan las empresas es reducir sus costes para poder sobrevivir a un periodo sin ingresos que no sabemos cómo será de largo. Y lo que realmente produce recurrir a la deuda es que aumenten los costes. Mucho más, cuando la financiación la va a proporcionar la banca privada que va a hacer lo que le corresponde: negocio para lucrar en la mayor medida de lo posible a sus accionistas.

A mi juicio, es mucho mejor apoyar a las empresas en forma (como se ha hecho) de prórrogas fiscales, crediticias o de otros pagos, pero también en forma de ayudas directas, como a los hogares. Su coste sería mucho menor, porque se evitaría el pago de intereses, y no se generaría una losa de deuda quizá muy difícil de soportar si los problemas se alargan, como desgraciadamente no cabe descartar. Y esto, sobre todo o al menos, debería hacerse en los sectores o con las empresas especialmente afectadas porque no hay que olvidar que, como en el caso de las personas, no todas ellas sufren por igual la pérdida de ingresos y hay que ser capaz de poner el dinero allí donde realmente se necesita.

En particular, yo echo de menos medidas que garanticen que la banca no se aproveche más todavía de la situación. Va a dar préstamos con un dinero que ha recibido al 0% o que directamente crea de la nada, sin correr ningún riesgo puesto que los avala el Estado, se le han establecido nuevas condiciones patrimoniales más favorables y además recibirá subsidios por concederlos: ¿no estaría justificado entonces que el Estado se asegure que esos préstamos van a ser rápidos, casi inmediatos, muy baratos (yo diría que sin interés) y en condiciones excepcionales? Con la banca debería haberse hecho lo mismo que con la sanidad privada: ponerla estrictamente al servicio de los intereses públicos.

Como he dicho, endeudar más a las empresas no es una alternativa sostenible. Hay que proporcionarles nuevas ayudas directas si no queremos que la pérdida de tejido empresarial y de empleo sea desastrosa en los próximos meses. Y sobre la previsión de evitar mayor penetración de capital extranjero en empresas "españolas" creo que se debe ser muy cauto. Puestos a gastar dinero, quizá valdría más la pena aprovechar la coyuntura para recuperar todas o parte de las que se perdieron por la nefasta gestión de gobiernos anteriores que proteger a los accionistas de algunos bancos o grandes empresas que hoy día, salvo el nombre, tienen en realidad muy poco de "españolas".

Y una cuestión principal de todas las medidas aprobadas, como he anticipado, es que se deben de adoptar con extraordinaria urgencia. El gobierno debería adoptar también (e imagino que así lo hará) medidas complementarias para garantizar que el dinero que va a movilizar no tarde en llegar a quienes van a recibir las ayudas porque los retrasos limitan extraordinariamente su eficacia. Por esa razón, yo creo que sería una buena medida establecer algún tipo de renta garantizada urgente, tanto para personas como para empresas, que se reciba en forma de crédito fiscal, de modo que quienes no hubieran cumplido con los niveles exigidos para la ayuda las devolvieran al liquidar sus impuestos.

Naturalmente, esto último requiere una disposición inmediata de liquidez mucho mayor pero que sería recuperable y que podría evitar mucho mejor la parálisis en el flujo de ingresos. Además de ahorrar mucho tiempo y dinero en la gestión.

Sin embargo, la principal objeción que se puede hacer al plan del gobierno es que se basa en una premisa que el presidente Sánchez repitió ayer varias veces: que estamos ante una crisis temporal.

Si fuese así, si la parálisis de la actividad durase tres o cuatro semanas y eso supusiera una caída de la actividad de entre un 25% y un 50% respecto a la normal, ya nos encontraríamos ante un shock de emergencia, pero efectivamente superable en unos meses, quizá en un año. Pero me temo que eso no es lo más probable. Primero, porque no estamos seguros de que el problema sanitario vaya a durar poco tiempo. Segundo, porque la economía mundial ya venía sufriendo una desaceleración que va a hacer muy difícil que la recuperación sea tan rápida, puesto que no vamos a tener que recuperarnos solo del shock del virus. Y tercero, porque la pandemia ha despertado otros fallos del sistema que estaban más o menos latentes y que nos van a hacer mucho daño: la locura de las bolsas, el comportamiento criminal de los fondos de especulativos, la baja rentabilidad del capital productivo en comparación con el financiero que no crea empleo ni riqueza, la espiral de la deuda, la desigualdad y el cambio climático.

Y si eso fuese así, la conclusión es que las respuestas del gobierno van a ser desgraciadamente insuficientes. Se va a necesitar mucha más munición, más dinero. Y lo cierto es que España (como otros países europeos) no puede ponerlo por sí sola en las condiciones establecidas por la Unión Europea que sólo buscan propiciar el negocio de los bancos aumentando continuamente la deuda.

Las medidas que ha anunciado el gobierno ya van a suponer de por sí un incremento muy peligroso de nuestro endeudamiento, no sólo público sino también privado. Tan peligroso que, si no se toman medidas complementarias de control de capitales y de mutualización, será inevitable que a corto plazo tengamos problemas quizá más graves que los actuales y que España no pueda hacer frente a los pagos, requiriendo un rescate mucho más fuerte que en la crisis anterior. No nos engañemos: el esfuerzo financiero que realmente se necesitaría para evitar el colapso de nuestra economía o la quiebra no podemos hacerlo solos en el seno de la Unión Europea.

Si no conseguimos forzar un cambio de actitud de Alemania y de las autoridades europeas las medidas que ha aprobado el gobierno (imprescindibles) serán pan para hoy y gravísimos problemas de solvencia para mañana. Ya se están haciendo cuentas sobre como será el rescate de Italia, porque no podrá salir por su cuenta del problema en el se encuentra. Y nosotros podríamos ir detrás.

Ahora, lo principal es poner en marcha cuanto antes las medidas de emergencia, pero el gobierno no debería equivocarse: debe resolver los problemas inmediatos tal y como está haciendo, pero ha de poner las luces largas porque los problemas se pueden extender por más tiempo del que desgraciadamente parece haberse contemplado. En cualquier caso, en momentos tan difíciles y dolorosos como los de ahora, no hay mejor forma de asegurar que un gobierno acierte que la de mantener un control ciudadano constante de lo que hace y proporcionarle, eso sí, el mayor apoyo posible con la máxima unidad y complicidad ciudadanas.