Como lo de abandonar al abuelo comisionista en la primera gasolinera no está bien visto en los protocolos de la monarquía, en Zarzuela se están devanando los sesos para conseguir que Felipe VI liquide freudianamente a su padre y que no parezca un accidente, ya que en este caso el asesinato virtual ha de ser público, notorio y sangriento, muy sangriento, de manera que no deje lugar a dudas sobre las intenciones reales del parricida. A la espera de que su emérita campechanía sea citada por la fiscalía suiza o por el Supremo patrio, todo ha quedado reducido a un o él o yo en el que lo que está en juego es la propia supervivencia de la Corona como institución.

Falta decidir los detalles pero es evidente que el plan está en marcha y la prueba han sido las manifestaciones de Pedro Sánchez sobre las “inquietantes” y “perturbadoras” informaciones sobre los millones saudíes que, sociedad panameña interpuesta, acabaron en las cuentas de Corinna Larsen y de las disposiciones para el reparto de los fondos de la Fundación Lucum entre los seres queridos y queridas del piloto de la Transición. Las palabras del presidente del Gobierno no han sido gratuitas sino cuidadosamente preparadas para allanar el camino al repudio y establecer un cortafuegos que evite que nuestro actual y preparadísimo jefe del Estado se chamusque la barba y las pestañas.

En realidad, no hay muchas opciones. Todo pasa por el desahucio de Juan Carlos I el Inviolable de sus dependencias de Zarzuela, donde mantiene su residencia pese a la retirada de su asignación anual tras las primeras revelaciones sobre el blanqueo de capitales. Con las maletas hechas, el siguiente paso será su exilio a otras tierras, por eso de que la distancia es el olvido. Finalmente, el proceso culminaría con la renuncia de Felipe VI a la inviolabilidad que le protege y que requeriría de una reforma constitucional pactada al menos por los grandes partidos del régimen del 78, no fuera a ser que al abrir el melón a alguien se le fuera la mano con el cuchillo. De ahí que Sánchez se pronunciara abiertamente sobre el aforamiento del Rey que, en su opinión y en la de cualquiera, debería circunscribirse en exclusiva a sus actividades como jefe del Estado, entre las que no se encuentra el atropello premeditado de ancianitas en los pasos de cebra.

Con todo y con eso, no está claro si será suficiente porque el personal ya no se cree más milongas y tiende a desconfiar de la promesa de que este Borbón es distinto a sus antecesores y no le dará también por abatir elefantes, por perseguir sin desmayo cualquier falda, incluidas la de las mesas camilla, o por hacerse con otro capitalito en Suiza para que su pródiga prole nunca pase hambre. En el análisis de costes-beneficios parece evidente que la monarquía ha dejado ya de ser rentable, si es que alguna vez lo fue.

Es inevitable, por tanto, que en ese proceso alguien plantee abiertamente un cambio en el modelo de Estado y lance la propuesta de que sean los españoles los que decidan si su jefatura ha de recaer por designio divino en alguien apellidado Borbón o en un García cualquiera elegido democráticamente. Como se ha dicho aquí alguna vez, no se puede estar viviendo en una Transición perpetua, primero con el padre y después con el hijo, porque la gente tiene ocupaciones y no puede estar cargando a todas horas con el equipaje. Otro Moisés, por muy preparado que esté y no lleve la brújula en la bragueta, y otro desierto por delante en el que demostrar lo benéfico que resulta tener un guía de sangre azul, es agotador e indignante hasta para el pueblo elegido.