Los eurodiputados del Partido Popular llevan unos días haciendo declaraciones en Bruselas con el objetivo de atacar y desprestigiar al Gobierno español sumándose a quienes piden que las ayudas que vengan de Europa estén sometidas a controles severos y a una estricta condicionalidad.

En principio, esa petición no podría ser criticable. Cualquier ciudadano europeo debe reclamar que el uso del dinero público esté sometido al control más riguroso para evitar que se utilice de forma inadecuada.

Lo criticable es que el Partido Popular vincule el posible mal uso de las ayudas que vengan de Europa a la gestión del gobierno que preside Pedro Sánchez, cuando el propio PP ha sido calificado judicialmente como una "organización criminal" y muchos de sus dirigentes, entre ellos algunos de sus actuales eurodiputados, han estado directamente vinculados a escándalos de corrupción y mal uso del dinero público.

Si en España existe el peligro que denuncia el PP no es precisamente porque ahora haya un gobierno progresista. La existencia de numerosos casos judiciales y condenas a dirigentes del Partido Popular son una prueba evidente de la mala y falsa intención de la campaña que este partido ha emprendido contra el gobierno y a la postre contra España en la Unión Europea.

La conducta de los eurodiputados de ese partido no es inmoral sólo porque vean la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Lo es también porque utilizan argumentos que carecen de fundamento y que son materialmente incompatibles con el respeto a las normas más elementales de la democracia.

Lo que piden los países llamados "frugales" (Holanda, Austria, Suecia o Dinamarca, entre otros), con el apoyo de la derecha europea a la que se suma el PP, es que, para recibir las ayudas, se exija a los países del Sur una condicionalidad muy estricta y ligada, según han declarado algunos de sus portavoces, a reformas que mejoren la competitividad y capacidad de resistencia de los países socorridos.

¿Quién se puede negar a eso? Obviamente nadie. Lo que ocurre es que detrás de esas expresiones generales pueden ocultarse circunstancias concretas inaceptables. Valgan tres ejemplos.

El primero: Es muy difícil, por no decir imposible, que los países del Sur puedan llegar a ser más competitivos si a ellos se les exige que ajusten sus desequilibrios deficitarios mientras que a los países del Norte (principalmente Alemania) no se les reclama al mismo tiempo que ajusten los desequilibrios superavitarios que provocan sus políticas nacionales, que es justo lo que está sucediendo desde que se creó el euro.

El segundo: Es muy difícil, por no decir imposible, que los países del Sur aumenten su capacidad de resistencia o resiliencia si se permite que otros del Norte (como Holanda o Luxemburgo) actúen deslealmente como paraísos fiscales que absorben con malas prácticas ingresos fiscales de los primeros.

Por tanto, condiciones sí. Pero para todos por igual.

Tercer ejemplo: No basta con reclamar condicionalidad genérica o basada en condiciones abstractas o generales, sino que hay que poner sobre la mesa las condiciones concretas que se reclaman. Al respecto, ningún responsable de esos países ha mencionado de momento condiciones específicas. Ahora, nadie está reclamando a los demás recortes de gasto, pero supongamos por un momento que estos países fundamentalistas los reclamasen ahora, como hicieron en la crisis de 2008, con el apoyo del Partido Popular y en contra de lo que vienen pidiendo el Banco Central Europeo o el Fondo Monetario Internacional, sin ir más lejos: ¿tendría que aceptar España, por principio, una política de recortes que sería claramente contraria a sus intereses y al sentido común? Si esos países, por ejemplo, reclamaran, con el apoyo del Partido Popular, nuevas recortes y privatizaciones subsiguientes del sector sanitario, como las que hace el PP constantemente allí donde gobierna, para facilitar la presencia de sus empresas en España ¿tendría nuestro país que aceptar como buenos esos recortes, después de lo que hemos sufrido en esta pandemia por culpa de los que ya se han venido haciendo? Todos estamos de acuerdo en que hay que reducir el peso de la deuda en el PIB pero ¿tiene España que aceptar por imposición medidas que se ha comprobado que, en lugar de reducir la deuda, la aumenta?

Por tanto, condiciones sí. Pero poniendo claramente sobre la mesa cuáles son y qué ventajas e inconvenientes tienen.

A diferencia de lo que hacen otros dirigentes europeos que no han mencionado las condiciones concretas que habría que poner, los del Partido Popular sí han hecho referencia a las que creen que se le deben establecer a España. Y ahí es donde se puede deducir claramente que la intención de sus propuestas no es otra que la de atacar de cualquier manera al gobierno español con argumentos francamente descabellados.

La eurodiputada Dolors Monserrat lo ha dicho con toda claridad: "Este dinero no es para derogar la reforma laboral y, por tanto, estas reformas no pueden servirse jamás de ese dinero de Europa. Ese dinero no puede servir jamás para derogar una reforma laboral como quiere el Gobierno de España".

Dolors Monserrat sabe perfectamente que la Unión Europea nunca daría dinero para hacer o dejar de hacer una reforma laboral u otra. Lo daría para conseguir unos determinados objetivos y vigilaría (como debe ser) su utilización y resultados.

O es ignorante Monserrat cuando hace estas declaraciones o malintencionada. El dinero que llegue de Europa, si es finalista, estará vinculado a lo que se haya establecido y el Gobierno de España (sea cual sea) no podrá utilizarlo sino para lo que esté determinado, so pena de ser sancionado o penalizado. Y, si no es finalista, pues podrá utilizarse para que el gobierno lleve a cabo las políticas que considere conveniente porque es el responsable legal y legítimo de gastarlo. Otra cosa es que se controle y se pidan cuentas sobre los resultados que hayan podido producir esas políticas. Que un partido defienda intereses a los que no convenga un determinado cambio legal no es una razón objetiva para negar el acceso a una ayuda con fondos públicos y, mucho menos, cuando ni siquiera se ha planteado la naturaleza de ese cambio. Una mayoría política puede imponer la negativa a conceder ayuda a quien proponga reformar una norma legal pero no porque haya reformas que "no pueden servirse jamás de ese dinero de Europa", como si se tratase de una ley natural e inexcusable, sino porque hay un interés político dominante que lo impide.

Los indicios, en todo caso, no apuntan a que sea el gobierno actual quien vaya a poner en peligro a la economía española por sus decisiones laborales, sino más bien el PP.

Como muy bien se encargó de señalar la ministra de Trabajo en una comparecencia en el Senado, lo que hasta ahora ha hecho el gobierno ha sido modificar lo establecido en las reformas laborales anteriores en materia de ERTEs para flexibilizarlos y crear nuevos tipos que permitieran atender a la situación de emergencia que ha provocado la pandemia. El PP votó en contra de esos cambios, de modo que, si su posición política hubiera sido mayoritaria, las empresas y los trabajadores españoles no se habrían podido beneficiar de esta fórmula de ayuda. Si el PP estuviera gobernando, o hubiera hecho lo mismo que ha hecho el actual gobierno o hubiera provocado la ruina inmediata de miles de empresas y un caos económico. Objetivamente hablando, el peligro para la economía española no han sido sido las decisiones de los partidos progresistas que apoyan al gobierno, sino lo que votó el Partido Popular cuando se negó a flexibilizar y crear los nuevos tipos de ERTEs que propuso el Gobierno.

Todavía más claro que Monserrat ha sido otro eurodiputado del PP, Esteban González Pons. En un artículo publicado hace unos días en El Confidencial afirmó: "El dinero que vendrá de la Unión Europea no es para que Podemos cumpla su programa, es para que lo cumplan las empresas privadas españolas. No se trata de que el endeudamiento europeo sirva para aplicar en España políticas bolivarianas sino para que España converja económicamente con Alemania, Francia o los Países Bajos".

Son unas declaraciones que tienen todavía menos desperdicio que las de su compañera de grupo, por varias razones:

Son corruptas porque incitan al fraude electoral: Podemos, como cualquier otro partido, no sólo tiene el mismo derecho que los demás sino la obligación -como todos- de hacer todo lo que sea legalmente posible para cumplir su programa.

Son antidemocráticas porque poner obstáculos a que un país reciba recursos porque sus ciudadanos han votado legítimamente a un determinado partido o gobierno, al que se le niega el derecho a tratar de cumplir su programa electoral, es claramente antidemocrático.

Son unas declaraciones propias de un ignorante porque es evidente que las empresas no tienen programa sino intereses, legítimos unas veces, otras no tanto y casi siempre contradictorios entre ellos pues compiten en los mercados. Lo que beneficia a la banca, por ejemplo, no suele ser bueno para las empresas de la economía real; lo que interesa a las exportadoras suele ser diferente de lo que desean las que importan; lo que conviene a las más grandes suele ser lo que perjudica a las más pequeñas que le suministran. Y, aunque las empresas privadas españolas tuvieran un programa (que de ninguna manera lo tienen), no serían las únicas con derecho a llevarlo a cabo ¿o es que acaso la democracia sólo sirve si es para satisfacer los intereses de una parte de la sociedad que ni siquiera se presenta a las elecciones?

Son unas declaraciones las de González Pons ignorantes o cínicas porque es igualmente obvio que en España se puede llevar a cabo cualquier tipo de políticas con la sola excepción de las que no encajen en el marco de la Constitución y del resto de las leyes. Si alguna política las violenta serán los jueces quienes las prohíban sin duda, pero no González Pons ni el PP ex ante, cuando ni siquiera se han formulado y, mucho menos, descalificándolas con un simple término vacío de contenido. ¿Cuáles han sido las políticas "bolivarianas" de este gobierno y en qué y cuándo se han salido del marco de las leyes españolas como para ser censurables hasta el punto de justificar que se pongan piedras en el ya de por si difícil camino que España ha de transitar en la Unión Europea? Mientras no las señale en concreto, lamento tener que decir que el señor González Pons se está expresando o como un ignorante o como alguien que carece de honestidad.

Finalmente, las declaraciones de González Pons también son ignorantes o demagógicas porque es un hecho demostrado que han sido precisamente las políticas de ajustes y recortes, las llamadas de austeridad que reclaman los países del Norte, las que justamente han producido divergencia entre ellos y los países del Sur, como España. Y las siguen reclamando justamente porque esa divergencia es obviamente en su favor.

Los dirigentes del Partido Popular llegan a tal grado de exageración y paroxismo que rayan realmente con lo ridículo. Producirían risa si no fuera por el daño que hacen a España. El senador de ese partido Rubén Moreno dijo hace unos días para apoyar la campaña de sus eurodiputados que las instituciones europeas “no se fían” de que el Ejecutivo de coalición cumpla sus directrices presupuestarias. Dejando a un lado que ahora no podrá cumplirlas ningún gobierno, la afirmación es tan malvada que resulta grotesca: la vicepresidenta del gobierno española, Nadia Calviño, es nada más y nada menos que la anterior Directora General de Presupuestos de la Comisión Europea. ¡Cómo no se van a fiar de un gobierno en donde ella esté con ese cargo! Si mañana dimitiera por desavenencias podría entenderse que desconfiaran y si la intención de Pedro Sánchez hubiera sido enfrentarse con los criterios presupuestarios de Bruselas es obvio que ni la hubiera situado de vicepresidenta ni cabe pensar que ella hubiera aceptado estar en ese cargo. Por mucho que le duela al PP, no hay nadie en Europa que haya asimilado mejor las directrices presupuestarias europeas que la vicepresidenta de nuestro gobierno. Y, por cierto, es también una auténtica traición a España que, con tal de combatir al PSOE y a Unidas Podemos, el Partido Popular esté poniendo todo tipo de trabas para impedir que Calviño sea nombrada presidenta del Eurogrupo, lo que vendría muy bien y honraría a España aunque esto al Partido Popular le importa un auténtico pepino.

Que el PP se tire al cuello del gobierno en el interior de España, aunque sea con una crispación y violencia inusitada, podría entenderse pero que lo haga en las instituciones europeas es inaceptable porque es una traición a España pues allí el gobierno de Pedro Sánchez no es sólo el gobierno de unos partidos que al PP no le gustan: es la representación de España en su conjunto. Cuando lo atacan allí de la manera en que lo están haciendo se enfrentan en realidad a España y no al PSOE y Unidas Podemos. Y lo hacen por la misma razón que lleva a la derecha a actuar siempre así: consideran que España es solamente lo que ellos representan y que solamente ellos pueden decidir cuál es el interés de todos los españoles.

Se equivocan. España también somos los demás y deben aceptar con respeto que ahora gobiernen quienes tuvieron mayoría en las últimas elecciones.

Mientras llegan las siguientes, en las que tendrán oportunidad de volver a gobernar, al menos podrían tener el detalle de prepararse bien sus declaraciones y no decir las barbaridades que dicen, impropias de personas cultas, honestas y demócratas. En política, como en la vida, no puede valer todo con tal de acabar con el adversario.