La doctrina oficial del PP ante los casos de corrupción no aguanta otro telediario. Después de suspender de militancia durante un año a Manuel Cobo y a Ricardo Costa por sus posiciones críticas hacia otros miembros del partido, cuesta entender que a esta hora del viernes, 26 de marzo, Jaume Matas siga siendo militante del Partido Popular.

Se trata de un ex ministro del gobierno central y ex presidente autonómico al que la Fiscalía Anticorrupción acusa de delitos penados con 24 años de cárcel. El ministerio público solicita que Matas deposite nada menos que tres millones de euros de fianza si quiere esquivar la cárcel, y el juez encargado del caso le ha retirado el pasaporte porque considera que existe “riesgo de fuga”. El código ético vigente apunta la exigencia de una condena judicial firme antes de castigar a nadie con la expulsión.

Esa defensa radical de la presunción de inocencia fue aprobada en el congreso del partido celebrado en Valencia en 2008, cuando Rajoy aceptó un traje hecho a medida para mayor gloria de Carlos Fabra, virrey de Castellón imputado por unos cuantos delitos y portador de votos imprescindibles para alcanzar la presidencia del PP. A estas alturas, con varios trajes más a las espaldas, la dirección nacional prefiere que sea Matas quien se dé de baja voluntariamente “para no dañar al partido”. Lo que daña no sólo al partido sino al ya menguado prestigio de la política es que un señor sin pasaporte siga teniendo carnet.