Ni un paso atrás en los puertos

Liberalizar es una palabra de una musicalidad extraordinaria. Uno escucha el término y fantasea con sus bondades, aunque sea el más engañoso de los vocablos. Formalmente, liberalizar implica dar la libertad pero en economía representa el sometimiento tiránico al yugo del mercado. Se liberalizó el mercado eléctrico y el de las telecomunicaciones, que rápidamente pasaron a convertirse en oligopolios. Se liberalizó el comercio, y la desregulación de horarios hundió a los pequeños establecimientos, que libremente se arruinaron. Con la excusa de cumplir la normativa europea, el Gobierno quiere ahora liberalizar los puertos y ya se sabe cómo termina el cuento.

Igual de bien suena modernizar. Moderno es privatizar, abaratar y recortar. Moderno es suprimir las conquistas laborales que ahora se llaman privilegios. Moderno es someter a un colectivo bien estructurado y sindicalizado, y precarizarlo. Moderno es trabajar más por el mismo precio. Liberalización y modernidad es el futuro que se planea para los trabajadores portuarios, a los que se lleva sometiendo en los últimos tiempos a un acoso implacable porque son uno de los últimos focos de resistencia y porque sus salarios son, sencillamente, decentes.

En último extremo, se está sembrando el campo para que las multinacionales recojan la cosecha. La batalla del Gobierno con los estibadores discurre paralela a una reordenación de los principales operadores portuarios. La antigua Dragados, rebautizada como Noatum, líder del sector, está hoy bajo el control de esos benefactores de la humanidad llamados JP Morgan, que se hicieron con la empresa en 2010 por 720 millones de euros. La reforma del estiba facilitaría el pelotazo de estos filántropos financieros, y la china Cosco Shipping, la misma que se adjudicó el puerto griego de El Pireo, es firme candidata a quedarse con el negocio. De eso, claro, apenas se habla.

Para que la operación sea rentable hay que desmantelar un sistema que se dice arcaico pero que en 2016 hizo ganar a Puertos del Estado 217 millones de euros, un 7.9% más que el año anterior. Fomento ha afirmado que “no está prevista” la privatización, una manera elegante de decir que se venderá al mejor postor cuando sea necesario si el déficit lo aconseja y Bruselas lo ordena, tal es la costumbre.

Para que todo encaje es preciso desarmar a los trabajadores y sus Sociedades Anónimas de Gestión de Estibadores Portuarios (Segad), en las que obligatoriamente deben participar las empresas de estiba y que son en realidad una bolsa de empleo a las que han de recurrir para la contratación de profesionales. Y ya de paso, dinamitar la Coordinadora de Trabajadores del Mar, que agrupa a la inmensa mayoría de los 6.200 operarios que prestan su actividad en los 46 puertos españoles.

El plan es acabar con la estabilidad laboral y reducir “costes”. Así, el Estado se haría cargo de prejubilar a los mayores de 50 años con un 70% del salario medio y el resto se subrogaría en las distintas empresas de estiba. Un convenio del sector regularía las nuevas condiciones laborales, en el que se pretende recortar los pluses y aumentar la jornada laboral, el más por menos ya citado. El argumento es el de siempre: los costes laborales representan el 50% de la carga y descarga de buques y ello repercute en el precio final de lo descargado. Si los trabajadores ganan menos los precios bajarán, una coña marinera.

El decreto del Gobierno se sometía hoy a votación en el Congreso y su no convalidación, un caso extraño en los 40 años de democracia, es una primera victoria de los trabajadores, que no determina el resultado de la guerra. La liberalización es música para algunos oídos y la orquesta de intereses, como la del Titanic, seguirá tocando. Los derechos laborales suelen reposar en el fondo del mar.