Lo que más debería sorprender de la nueva Ley de Igualdad de Trato y no Discriminación es que no existiera. La norma aprobada ayer en Consejo de Ministros no recoge nuevos derechos, sino que completa el desarrollo de los que figuran en el artículo 14 de la Constitución, ese que expresa la igualdad de todos los ciudadanos ante la Ley “sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”. No sólo era un compromiso del programa electoral del PSOE, sino una obligación en la aplicación de las directivas del Consejo de Europa añadir a esos motivos de discriminación los de enfermedad, discapacidad, edad o identidad sexual. Quienes acostumbran a frivolizar acerca de toda decisión política que signifique un avance en los derechos más elementales ya han empezado a entonar su estribillo preferido: el Gobierno “pierde tiempo en cosas que no interesan a nadie”. Mienten. Según el último Eurobarómetro, el 15% de los españoles ha sido víctima de discriminación y el 30% confiesa haber presenciado episodios de exclusión. Así que hay muchos ciudadanos a quienes sí interesa, por ejemplo, la creación de una Autoridad Estatal para la Igualdad de Trato que centralice la investigación de los casos de posible discriminación y proponga las sanciones correspondientes. En definitiva, se trata de un paso más hacia una convivencia más justa. No es cosa de broma.