A juzgar por la tibia reacción de Rajoy a la nueva imputación de Pedro Antonio Sánchez, los tres delitos del caso Púnica vienen a sumarse a los otros tres del caso Auditorium, parece bastante probable que el todavía presidente de la Comunidad de Murcia esté a punto de recibir, si es que no lo ha recibido ya, un correo del presidente del Gobierno animándole a soportar con resignación su situación procesal. Pero ese "Pedro Antonio Sánchez, sé fuerte" ya no tendría el valor del enviado a Luis Bárcenas hace unos años, vista la experiencia penal vivida y la que le queda por vivir al tesorero del Partido Popular. Son demasiados los caídos en el PP, para ahorrarle a Rajoy una imprescindible citación judicial, como para que este señor de Murcia, como le denominó el dirigente del Partido Popular, presente la dimisión.

Cuando Pablo Casado señala que es necesario ir "paso a paso" en la valoración de la conducta de su compañero, imputado por el juez Eloy Velasco, quiere referirse, probablemente, a que la negociación de los populares con el presidente murciano se encuentra, hoy por hoy, encallada por la negativa a dimitir de quien ha sido cogido in fraganti. Pese a que aún queda tiempo para retirarle y proponer un sustituto que evite una moción de censura de la oposición, Pedro Antonio Sánchez se enroca, en espera de que Rajoy persuada a Albert Rivera para que no vote con los socialistas y los morados. Si la Moncloa ha logrado convencer al Partido Socialista y Ciudadanos para que invistieran como presidente de Gobierno hasta un sobrecogedor como Rajoy, ¿por qué no quiere convencerles que repitan la jugada en Murcia?

Le toca hoy a Rajoy, en opinión del citado señor de Murcia, moverse ya en el Tribunal Superior de Justicia de Murcia– que es quien debe imputar a Pedro Antonio Sánchez en su condición de aforado–, como se movió cuando la purga de los fiscales murcianos, que ha facilitado que el teniente fiscal Anticorrupción se haya desmarcado de la petición del juez Velasco, olvidando que la dependencia fiscal del ministro Catalá es inexistente en todas las instancias judiciales. Su procesamiento por partida doble, además, dificulta la agilidad de Rajoy, por muy gallego que sea. Cargarse dos sumarios y seis delitos es demasiado para el muy frágil gobierno del PP. Al fin y al cabo, el todavía presidente murciano no está casado con ninguna infanta para poder aspirar a ser un ciudadano por encima de cualquier sospecha judicial.

Nada desearía más Rajoy que el señor de Murcia aceptase ser el chivo expiatorio justo cuando vende la renovación del PP. No ha podido ser más inoportuno el juez Velasco. Apenas unos días después de que hubiese logrado aplazar por unos seis meses la puesta en marcha de una comisión de investigación parlamentaria sobre la financiación ilegal del PP, a la que se ha visto obligado hace días por toda la oposición, rebrota aquí y ahora la corrupción de otro de sus dirigentes. Viene a sumarse a esa muy inagotable cantera de potenciales delincuentes que es el PP justo cuando el recorrido judicial de los sumarios sobre Gürtel, Bárcenas, Púnica y Auditorium no ha hecho más que dar sus primeros pasos. La conclusión es muy obvia. El Partido Popular es irreformable. Si aquella Alianza Popular pasó a mejor vida por razones políticas, su sustituto, el PP, debe también debe ser enterrado por razones éticas. En él todo huele a podrido.

Visto lo visto, no fue nada ruin, ni tampoco mezquino o miserable Pedro Sánchez– tres adjetivos lanzados por Rajoy contra el líder socialista– cuando afirmó en un debate electoral televisado, previo a las elecciones generales de diciembre de 2015, que el presidente de Gobierno no era una persona decente. Cuanta razón tenía quien mañana puede volver a ser secretario general del PSOE, devuelto a Ferraz por los militantes, al denunciar la indecencia del PP a la hora de afrontar la propia corrupción. No hay en toda la Unión Europea un partido gubernamental, ni un presidente de Gobierno, como el Partido Popular o Rajoy, tan enmarcado por los corruptos. Son los brazos políticos, los registradores, los abogados de Estado, de la corrupción generalizada que corroe a toda la sociedad española.

Ciudadanos y PSOE son hoy especialmente responsables de esta mugre política ubicada en la Moncloa. Mantienen al PP en el gobierno pese a que lo denuncian como corrupto un día sí y otro también. Cabe explicarse, nunca justificarse, que Albert Rivera sostenga a Rajoy, pese a la limpieza de Ciudadanos y la basura del PP; pero lo que no puede tener ningún pase es que el mismo Partido Socialista sea también el principal sostén de la suciedad de la Gran Coalición. Tanto, que la principal línea que hoy separa a sus dos candidatos a dirigirlo es, precisamente, aquella que separa a quienes continúan apoyando el gobierno del Partido Popular de quienes eran contrarios a que ni siquiera empezara a gobernar. El escenario político español, protagonizado por la dicotomía derecha e izquierda, está hoy sobredeterminado por la dicotomía decencia e indecencia.