Con menos frecuencia de lo que sería aconsejable, hay ocasiones en que las sentencias de los tribunales parecen dictadas por el mismísimo sentido común, que es el factor más decisivo para reconciliar a la ciudadanía con la Justicia. Ha ocurrido con la anulación de la venta por parte de la Comunidad de Madrid de 2.935 viviendas sociales a fondos buitre, una canallada que llevó la zozobra a cientos de familias a mayor gloria del equilibrio presupuestario y el déficit publico.

Las viviendas, repartidas en 32 promociones del IVIMA en once localidades de la Comunidad e impulsadas en su día por Esperanza Aguirre, acabaron en 2013 en manos de Goldman Sachs por 201 millones de euros, un precio que la propia Cámara de Cuentas estimó por debajo del mercado y que supuso un quebranto patrimonial para las arcas públicas de más de 100 millones. Muchos de los inquilinos dejaron ‘voluntariamente’ sus hogares presionados por la subidas de sus alquileres, otros fueron directamente desahuciados, a algunos se les reclaman decenas miles de euros en concepto de atrasos y una pequeña parte pudo ejecutar la opción de compra preferente de sus viviendas una vez expirado el período de protección. Tener como casero a un fondo buitre es un mal negocio.

De esta escabechina social fue responsable el Gobierno de Ignacio González, que demostraba así que se puede robar a manos llenas del Canal de Isabel II y aún queda queda tiempo para joder la vida al prójimo. En su comparecencia de hace algunos años en una comisión de investigación de la Asamblea de Madrid, el chino de la coleta justificó la escabechina diciendo que no había causado perjuicio alguno a nadie y que el proceso había sido transparente, pulcro e inmaculado.

Siete años se ha tardado en ratificar lo evidente: que no es lo mismo que el titular de las viviendas sea un fondo de inversión que una administración pública, porque al primero sólo le interesa el beneficio y la segunda debería aspirar a hacer efectivo el derecho constitucional a una vivienda digna que asiste incluso a los que no tienen dónde caerse muertos. En definitiva, que no se puede dejar a unas personas que accedieron a sus viviendas por carecer de recursos suficientes en manos de quienes sólo buscan obtener plusvalías de su inversión.

Como bien recogía el juez de Primera Instancia en su sentencia, ratificada luego por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y ahora confirmada por el Supremo, el argumento aducido para justificar la venta -que los las viviendas ya no eran necesarias, es absurdo porque la función social de facilitar condiciones de vida dignas a quienes no pueden a acudir al mercado no desaparece por arte de magia.

Que esta victoria moral tenga efectos prácticos está por ver o, al menos, llevará demasiado tiempo satisfacer a los damnificados. Como se decía, tras el fin del período de protección, Encasa Cibeles, la gestora de Goldman, ha vendido más de un tercio de los pisos, algo más de 500 en el mercado libre y en torno a 650 a los inquilinos originales que pudieron ejecutar su opción de compra. Muchos tuvieron que dejar las viviendas y los que aún permanecen en ellas han tenido que hacer frente a alquileres abusivos.

En el mejor de los casos, tendrá que ser la propia Comunidad de Madrid la que haga frente a las reclamaciones que se esperan y la que deba indemnizar al fondo buitre -que si se apellida así es por algo- por su pelotazo interruptus. Dicho de otra forma, los responsables políticos se lavarán las manos y los ciudadanos pagaremos a escote el desaguisado como viene siendo habitual. ¿Que qué dice la inefable presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso? Que recurrirá al Constitucional la sentencia porque el delincuente de su antecesor actuó de manera impecable y que algún día conoceremos qué lobby está detrás de las emergencias climáticas. Tenemos lo que nos merecemos.