El artículo 50 de la Constitución es muy claro: “Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad”. Subrayo lo de “adecuadas y periódicamente actualizadas” porque, con una pensión media por debajo de los mil euros mensuales y dos años seguidos de pérdidas significativas de poder adquisitivo, hoy no se cumple ni lo uno ni lo otro. Y, si las cosas siguen por el camino que van, me temo que dentro de poco los “poderes públicos” tampoco podrán garantizar nada.

Sólo en 2017, la supresión del mecanismo de actualización automática de las pensiones costará a quienes las perciben unos 1.700 millones de euros, que es la diferencia entre el coste de la subida de este año (0,25%) y el que resultaría de aplicar la tasa anual de inflación registrada en noviembre (1,7%). Dicho de otro modo: los pensionistas van a salir de 2017 más pobres de lo que entraron, debido a que los precios han aumentado hasta el momento un 1,45% más que sus ingresos. Con el agravante de que llueve sobre mojado, pues esto mismo ya ocurrió en 2016.

Es verdad que la revalorización de las pensiones conforme al IPC echaría leña al fuego del desequilibrio financiero que arrastra la Seguridad Social desde 2012 y que se ha comido casi enteros los cerca de 70.000 millones de euros que llegó a tener el Fondo de Reserva. Pero actuar sobre los gastos –que crecen según lo previsto– en vez de sobre los ingresos –que es donde estriba realmente el problema– no supone más que transferir los sacrificios a quienes tienen menos margen de maniobra para hacerlos y también están en peores condiciones para ofrecer resistencia.

La persistencia de una alta tasa de paro, la precariedad laboral, los sueldos bajos, así como las bonificaciones de las que disfrutan autónomos y empresas, impiden que el sistema recaude todo lo necesario y son los culpables de que sus cuentas no acaben de cuadrar. Esquilmar sin el menor miramiento la hucha de las pensiones –como se ha hecho desde 2012– o que el Gobierno conceda un crédito de 10.000 millones de euros a la Seguridad Social son pan para hoy y hambre para mañana, parches que no aportan soluciones de futuro.

Esos “poderes públicos” a los que la Constitución dio el mandato de garantizar “pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas” deben plantearse ya sin demora otras políticas que no sólo les sirvan para blanquear las estadísticas, sino que contribuyan a hacer sostenible la Seguridad Social. Porque está visto que a estos efectos no vale cualquier tipo de trabajo –estable o precario– ni da igual que la retribución sea digna o miserable. El empleo basura acarrea pensiones basura. Hoy y mañana.

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