¿Cómo no van a estar los pensionistas con la mosca detrás de la oreja si a cada mensaje tranquilizador (el Estado garantiza la viabilidad del sistema) o conciliador (las prestaciones mantendrán su poder adquisitivo) les siguen otros que sugieren recortes más o menos inmediatos? El último sobresalto se los ha procurado Octavio Granados, máximo responsable de la Seguridad Social, una de las personas que más sabe de pensiones en España (también desempeñó ese cargo en los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero), pero cuya incontinencia verbal no desmerece la enormidad de su prestigio.

Granados, que alardea con frecuencia de decir lo que piensa, por más inconveniente o inoportuno que sea, ha metido el miedo en el cuerpo a los beneficiarios de pensiones de viudedad al advertir que a veces dan lugar a situaciones injustas, pues no tienen en cuenta el nivel de renta del cónyuge que las percibe. Eso, se mire como se mire, suena a aviso para navegantes y como tal ha sido interpretado por muchos pensionistas, que ven en él un anticipo del hachazo que se puede estar preparando para las prestaciones más altas so pretexto de recortar un gasto difícilmente sostenible en las actuales circunstancias.

Como suele ocurrir invariablemente en estos casos, las palabras de Granados (desautorizadas de inmediato por la ministra del ramo) han devuelto al primer plano una vez más el debate sobre las pensiones y lo ha hecho nada menos que en vísperas de un denso ciclo electoral, que arranca con las generales del 28 de abril y concluye con las municipales, autonómicas y europeas del 26 de mayo. Durante ese tiempo se va a dirimir el poder en los tres niveles de la Administración (salvo en las comunidades que disfrutan de calendario propio), con el abanico de ofertas políticas viables más amplio de la democracia, lo que obliga a pelear cada voto hasta el último día.

En ese contexto es inútil pedir que no se haga un uso partidista de las pensiones, teniendo en cuenta además que sus perceptores suman nueve millones de votos potenciales, lo que supone una cuarta parte del electorado total. ¿Quién se va a resistir a la tentación de aprovechar cualquier desliz del adversario para arrimar el ascua a su sardina, cuando todo apunta a que la conformación de mayorías después de las elecciones va a depender de un puñado de papeletas? ¿Se van a resistir acaso aquellos que nunca han tenido el menor empacho en utilizar obscenamente en beneficio propio lo que fuera, incluidas las víctimas del terrorismo?

Por supuesto, la instrumentalización de las pensiones no radica sólo en el ámbito de la política, sino también en el de los negocios que giran alrededor de ellas y, en particular, el de los planes de pensiones. Tras las declaraciones de Granados, han vuelto a publicarse estudios que ponen en valor las ventajas de un sistema mixto, como el que existe en Holanda, donde se localizan las mejores pensiones del mundo. Allí nadie se jubila con menos del 90% de su último salario (sumando la pensión pública y la privada que se haya ido pagando a lo largo de su vida laboral) ni de 40.000 euros al año.

El problema es que llegar a esas pensiones requiere un ahorro previo que sólo es posible con niveles de renta que desde luego en España no son fáciles de alcanzar para la mayoría de los ciudadanos. El salario mínimo interprofesional es en Holanda de 1.400 euros mensuales; es decir, un 55% más del que se ha implantado este año en España y que ha sido recibido con los peores augurios desde algunos sectores que, curiosamente, son los que con más ahínco defienden un sistema de pensiones mixto, del que las instituciones financieras sacarían sin duda la mayor tajada.

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