Con la aprobación, el 19 Noviembre, de las recomendaciones del Pacto de Toledo por parte del Congreso, se abren paso los deseos de la Sra. Calviño y el Sr. Sánchez de introducir y reforzar los sistemas de capitalización a través de los PPE (Planes Privados de Empresa) que finalizarán, en un corto espacio de tiempo, en la Mochila austriaca. En el 2019 en el documento Programa de Estabilidad envido a la UE, Sánchez proponía la implantación progresiva de dicha Mochila.

En efecto, una vez superado el trámite parlamentario, el Ministro de Inclusión y Seguridad Social, Sr. Escrivá, tiene allanado el camino para implantar una nueva reforma de pensiones basada en dichas recomendaciones. Las reiteradas declaraciones de este ministro (ex-responsable de la AIRF y del sistema bancario, BBVA) confirman sus intenciones de fomentar los PPE, que bancos y sindicatos mayoritarios gestionan conjuntamente. Aumentará, para su desarrollo, las desgravaciones fiscales de dichos planes; se seguirán apoyando económicamente los mismos desde diputaciones, gobiernos autonómicos, … Planes privados que amenazan hacerlos extensivos a todos los futuros trabajadores, contraviniendo con ello el artículo 41 de nuestra Constitución.

Un mercado de trabajo precario, con salarios y rentas cada vez menores a las rentas del capital, ofrece un sistema de capitalización de pensiones que pocos trabajadores podrán suscribir. La detracción de recursos económicos de las administraciones, a favor de dichos planes, y sus desgravaciones que podrán alcanzar los 10.000€ provocarán que una mayoría social financie unos planes que solo beneficia a una minoría.

Al oscurantismo histórico de los trabajos realizados en la Comisión Parlamentaria del Pacto de Toledo, se añaden sus contradicciones: en la recomendación 0 se afirma que es necesario sostener y reforzar el actual Sistema Público de Pensiones (SPP) y en la recomendación 16, por otro lado, se fomenta el desarrollo de los sistemas privados que lo deterioran irremediablemente.

Se dice, en la recomendación 2, que las pensiones se indexan al IPC, y al mismo tiempo se suscribe que “no hay consenso en esa recomendación”. Es evidente que, al no estar garantizadas por ley, quedan a expensas de los criterios económicos y de las variables que los gobiernos de turno estimen oportunas.

En febrero de 2019 las recomendaciones del Pacto de Toledo (prácticamente idénticas a las recientemente aprobadas) fueron rechazadas por los recortes económicos y sociales que planteaban, siendo causa, junto con otros factores, de una nueva convocatoria electoral.

Las recomendaciones rechazadas en el 2019 y y aceptadas sin embargo en 2020 implican:

• Aumentar la edad de jubilación a los 67 años, dejando abierta la posibilidad de seguir incrementándola.

• El aumento de los periodos de cómputo para el cálculo de la pensión hasta los 25 años.

• Prolongar la edad de jubilación anticipada (recomendación 12), mediante la introducción de coeficientes reductores que reducirán la futura pensión, provocando una situación muy compleja para los trabajadores que, en las últimas etapas de su vida laboral, presenten lagunas de cotización por haber estado en paro. Es evidente que esta recomendación lesiona derechos históricos adquiridos.

• No clarifica la situación de los distintos tipos de autónomos.

• Deja sin cuantificar los gastos impropios de la Seguridad Social.

• No reconoce la deuda histórica del Estado a la Seguridad Social ni tiene en consideración las declaraciones del Tribunal de Cuentas, cuantificando en 103.000 millones de euros la deuda contraída por el Estado a la Seguridad Social en las dos últimas décadas.

La Historia ha demostrado que las reformas de pensiones más lesivas para los trabajadores han partido de gobiernos supuestamente progresistas. La reforma del 2011 del PSOE y firmada por los sindicatos CC.OO. y UGT fue una reforma estructural y paramétrica que daña y sigue dañando los cimientos del SPP8 ( aumento del periodo de computo, aumento de la edad de jubilación a los 67 años….). La reforma que pretende el Sr. Escrivá, basada en las actuales recomendaciones del Pacto de Toledo, es también estructural y afectará a las futuras pensiones; y es también paramétrica porque modificará y deteriorará la cuantía de las mismas.

Una vez más, potenciando los PPE, se pretende mantener la paz social por la implicación en la gestión conjunta de estos planes (más de 30.000 millones) de sindicatos mayoritarios y bancos.

Es evidente que el sueño de la Sra. Calviño y el Sr. Sánchez avanza, con el desarrollo de estos PPE y su anhelada Mochila austriaca. Su sueño se convierte en pesadilla para más de los 9 millones de pensionistas, que ven cómo un sistema de reparto, intergeneracional y solidario, va a ser recortado y lastrado por planes de capitalización privada en beneficio del sistema financiero y de una minoría.

Los pensionistas actuales y los trabajadores, futuros pensionistas, estamos obligados a dar una respuesta contundente, en las plazas y calles, defendiendo el Sistema Público de Pensiones y la SS , para que el sueño de estas políticas ultraliberales plasmada en privatizaciones y recortes de derechos, no se lleven a efecto.

Leopoldo Pelayo Alarcón (pensionista, miembro de UNIDAD COESPE)

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