Si la aldea gala de Asterix hizo temblar a la Roma de los césares, no hay por qué extrañarse de que Andalucía le amargue la fiesta neoliberal a la Unión Europea con un tímido decreto ley. Si Europa tiembla por una prudente norma para asegurar el cumplimiento de la función social de la vivienda que promulgaron el día 11 de abril PSOE e IU como socios del gobierno autónomo, Dios nos libre de elegir soberanamente políticas más radicales.

Por más que otras izquierdas consideren insuficiente el dichoso decreto que intenta evitar que la avaricia rompa el techo de las familias, a Angela Merkel debe sonarle a algo parecido como la remasterización digital del Manifiesto Comunista, del Dios ni Amo, del agrupémonos todos en la lucha final.

Así que Alemania, la actual Napoleona europea, ha ordenado a su José Bonaparte particular que haga lo imposible por derogarlo. No se ha hecho esperar la carga de los mamelucos y el Gobierno español se ha apresurado a recurrirla ante el Tribunal Constitucional: a ojo de buen cubero, por mucho que aplauda UPyD, no recuerdo ningún epígrafe de la Constitución de 1978 sobre la protección a las cláusulas abusivas de las hipotecas, pero hay varias alusiones al derecho a la vivienda. Claro que igual ocurre con la subasta de medicamentos que Andalucía impulsa para buscar precios más favorables y que los conservadores de las gaviotas suelen recurrir también para hacer valer el derecho constitucional de que las farmacéuticas se enriquezcan a costa del erario público.

¿Alguien recuerda, a estas alturas, la guerra de la independencia? La Francia imperial apelaba a las ideas de la revolución francesa para expandirse por Europa y algunos españoles afrancesados aceptaron a Pepe Botella porque iba a librarnos de los males reaccionarios y ancestrales de nuestra nación. Sin embargo, la mayor parte del liberalismo español hizo la guerra como pudo ante los invasores y promulgó su propia Constitución más o menos democrática, que su propio rey se apresuró a abolir cuando las huestes del general Murat volvieron grupas hacia los Pirineos.

La Alemania imperial de hoy se refugia en la contención del gasto público y en la protección de la banca para expandir el poder legendario de los nuevos nibelungos y a cambio de unas migajas de empleo juvenil para que nuestra generación mejor preparada curre a bajo precio para quienes puedan pagarles. Abracadabra: el hada madrina que iba a resolverlo todo, se está convirtiendo en la señorita Rockenmeyer del Estado del Bienestar en nuestro país. Striptease total, sin duda alguna: Angela manda y Mariano obedece. En contra de su propio pueblo y en contra del Partido Popular de Andalucía, que no votó a favor pero tampoco llegó a votar en contra del polémico decreto anti-desahucios a su paso por el Parlamento.

En el breve lapso transcurrido desde que entró en vigor la alternativa andaluza para que la gente sin recursos ni siquiera tenga un techo donde empezar de nuevo, esta norma ha sido mucho más efectiva que el Real Decreto-Ley 27/2012 de 16 de noviembre: ¿Recuerdan? Se trataba, en aquel caso, de las “medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios” que el PP aprobó en Consejo de Ministros para intentar acallar las protestas sociales de las diversas plataformas anti-desahucios y del 15-M. ¿Cuántas veces se ha hecho uso hasta ahora de dicho recurso para frenar la perdida irreparable de un hogar, de un clavo ardiendo en donde aguardar a que escampe el temporal de esta formidable estafa?

Sin embargo, el decreto andaluz tampoco ha generado una amnistía general de los desahucios sino que su aplicación hasta ahora viene siendo muy pormenorizada y excepcional. Como excepcional resulta también la expropiación temporal durante un lapso máximo de tres años que afecta a los bancos, cierto es, en un momento en el que intentan deshacerse de su formidable parque inmobiliario, en un riesgo que asumieron y que también hemos contribuido a amortiguar con los impuestos de todos los españoles.

Que nadie se engañe. Ni José Antonio Griñán ni Diego Valderas pretenden emular a Emiliano Zapata o a los bandidos generosos. Ahora, eso sí, a pesar de los recortes que también afectan en Andalucía a áreas tan sensibles como la Educación o la Salud, la Junta ha logrado marcar la diferencia con el Gobierno central a pesar de que la historia supuestamente haya muerto.

Seguro que tienen razón quienes sostienen que todos los políticos son iguales porque unos y otros sólo pretenden gestionar la crisis del capitalismo sin llegar a derrocar a este sistema. Será así, pero unos son más iguales que otros. Y hay formas distintas de gestionar el desastre: en cualquier naufragio no es lo mismo embarcar en las lanchas salvavidas a todo el pasaje que reservarlas sólo para los viajeros de primera. Y si Jean Paul Sartre afirmaba, después de mayo del 68, que la revolución era imposible porque mancharía las moquetas, ahora nos enfrentamos a la sórdida realidad de que la desesperación patria espera un milagro y no una sublevación. ¿Cómo habríamos de explicarnos, si no, que en los últimos tres años de estrangulamiento económico y sucesivas perdidas de derecho, nadie ha sido capaz de articular una respuesta contundente, que no violenta, contra el austericidio? De hecho, ni siquiera veo a las muchedumbres estudiantiles echándose a la calle para condenar a la denostada Ley Wert o su política de becas, cuyo debate sigue centrado en las tribunas mediáticas y políticas.

Nadie apuesta en demasía, a estas alturas de la película, por la flamante Ley de Protección de los Deudores Hipotecarios que el gobierno del PP promulgó finalmente el mes pasado, después de fracasar en su intento de criminalizar a Ada Colau y a los escraches de la Plataforma Anti Hipotecas y Stop Desahucios. Hizo falta una epidemia de suicidios, un dictamen del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y una Iniciativa Legislativa Popular para forzar a La Moncloa a mover ficha tímidamente: “La ley española sobre los desahucios viola la Directiva 93/13 de la Unión Europea al permitir la introducción de cláusulas abusivas en los contratos de préstamos hipotecarios que establecen los bancos y que, en caso de incumplimiento, acaban en la ejecución forzosa del desalojo”, afirmó la abogada general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea el pasado 8 de octubre, asegurando al mismo tiempo que la regulación procesal española, en esta materia, resultaba incompatible con las directivas comunitarias.

@page { margin: 2cm }

P { margin-bottom: 0.21cm }

-->La PAH aseguraba entonces que, desde 2007, se habían producido alrededor de 400.000 desahucios en nuestro país. El ministro Guindos se apresuró a resaltar, cuando promulgó su propio decreto, que habría 120.000 beneficiarios potenciales de las medidas que el Gobierno iba a acometer. ¿Cuántos se han beneficiado hasta ahora? Tampoco en Andalucía estamos hablando de una cifra superior al centenar. ¿Eso hace temblar a Europa o es que temen que los gobernantes andaluces hayan caído en la marmita como Obelix y cuenten con una poción mágica para intentar, al menos, que si los más débiles no pueden acabar con el capitalismo feroz, el capitalismo feroz no acabe con ellos?

Curiosa forma de ejercer el patriotismo: aquellos que alardean de la bandera rojigualda hasta exhibirla en su ropa más que en los estancos, se inclinan ante las directrices europeas, escritas probablemente en alemán. A lo mejor, cualquier día de estos, tendríamos todos que volver a Cádiz y redactar una Constitución que nos sirva en lugar de una que nos corte las alas.