Llevo más de un lustro presidiendo la Junta Rectora del Parque Natural Los Alcornocales, el último gran bosque mediterráneo de España. Y cada año, cuando llega la temporada de incendios, pido a los demás dioses que nos libren de Vulcano. Y, por supuesto, que el Plan INFOCA esté bien dotado y funcione.

Los incendios son uno los principales enemigos de los espacios naturales. En el caso de Los Alcornocales, hay que añadir la seca, una enfermedad que mata a los chaparros, de arriba abajo, a fuego lento.

Pero el fuego abrasador encabeza, sin duda, las amenazas que se ciernen sobre nuestro patrimonio natural. En lo que va de siglo XXI se han producido 220.000 incendios en España, que han arrasado un millón y medio de hectáreas forestales.

Acompañado una ráfaga de mal viento, el fuego convierte la frondosidad y la belleza de un bosque repleto de vida en un erial desolado, transforma la sinfonía que componen los árboles y los pájaros en un llanto desconsolado que da paso a un silencio aterrador. Le arrebata al hombre, por culpa del hombre la mayoría de las veces, paisajes y sentimientos. Devora la memoria colectiva sobre lugares mágicos.

Si fueran capaces de entender y sentir esto que digo, podrían valorar la importancia de nuestros bosques, que, entre otros beneficios, mitigan el calentamiento global y los fenómenos meteorológicos.

Pero los legisladores del PP están a lo suyo: cambiar la ley de Montes para introducir la posibilidad de que, antes de los 30 años fijados por la modificación de 2006, se pueda cambiar el uso –de rústico a urbanizable, por ejemplo- por “razones imperiosas de interés público de primer orden que deberían ser apreciadas mediante ley”.

Tal como mantiene la ex ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, “si el texto se aprueba en su versión actual, se volverá a posibilitar que aparezcan “razones de interés general” que, quizás, estuvieran ocultas antes de producirse el incendio, y que en realidad respondan más a intereses particulares que al invocado “interés general””.

La otra pata de esta reforma que pretende el actual Gobierno es que los 6.400 agentes forestales que hay en España no puedan realizar los trabajos de vigilancia del medio ambiente que han venido desarrollando hasta ahora de forma más que eficaz.

Es decir, no pondrán investigar y remitir a la Fiscalía sus atestados en casos de delitos penales, tendrán que ponerlos en conocimiento de los Cuerpos y Fuerzas de la Seguridad del Estado. Solo podrían actuar como agentes administrativos, en casos de faltas de la misma índole. En fin, para que nos entendamos, preparando el terreno para poder privatizar también este servicio.

Todo esto me hace pensar que detrás de esta reforma, aparte de un interés por favorecer a los depredadores forestales, a los que sirven en bandeja de plata lo del “interés general” –que solo el 0,6% de los incendios busquen la recalificación de terrenos debe parecerles poco-, hay un desinterés absoluto del Gobierno por las políticas medioambientales.

Y eso que por conservadores deberían conservar un puntito moderno y conservacionista que los conectara con la burguesía española, que en su momento se quitó el pelo de la dehesa y se enfrentó al desarrollismo.

También subyace una falta de visión de los ecosistemas forestales, que en vez de ser considerados como infraestructuras y pilares básicos del territorio patrio, se les expone a coyunturas cortoplacistas que contribuyen a su deterioro y menoscabo.

Para ello, se saltan a la torera hasta la propia Constitución, que en el artículo 45 garantiza el derecho de todos los españoles al medio ambiente. A los legisladores del PP esto les debe sonar a chino, como muchos otros derechos que se han pulido en estos tres años largos de legislatura.

Pues forma parte de la misma Carta Magna que los peperos defienden como si se tratara del Fuero de los Españoles.

Ni el primo químico de Rajoy, que negaba el cambio climático, podría ser más pirómano; pirómano legislativo, claro.