En la época dorada de Hollywood eran frecuentes las películas de filibusteros y corsarios en las que se describía a sus protagonistas con un aire canalla, simpático, en ocasiones desprendido, en favor de los desfavorecidos. Como una especie de Robin Hood. Errol Flynn y Burt Lancaster fueron sus representantes más genuinos como galanes pícaros y legendarios; también Anthony Quinn, y en el lado femenino estaba la bella Maureen O’Hara. Esta ficción cinematográfica estuvo precedida en el siglo XIX por los escritos de Stevenson, que fijó en el imaginario colectivo los tópicos fundamentales en torno a la piratería. Y fue el ilustrador Howard Pile, quien vistió con ropajes y abalorios gitanos a aquellos marinos de fortuna, aspecto con el que se instalaron en el subconsciente colectivo para la posteridad. Más recientemente se ha reactivado este género con una serie de películas cuyo elemento principal es el capitán Jack Sparrow.

Piratas frugales

Pero esta percepción no se correspondía con la realidad: piratas eran todos aquellos que se dedicaban al asalto y el pillaje, ya fuera abordando embarcaciones, o arrasando ciudades costeras. El término «bucanero» se aplicaba especialmente a los barcos ingleses, holandeses y franceses que asediaban a los navíos españoles de la época. Eran mercenarios autorizados que actuaban al lado de las armadas oficiales (esta piratería de asalto, abordaje y sangre aún perdura en algunas zonas de nuestro planeta, de forma más significativa en la costa somalí).

Claro que existen otras formas de piratería más refinada, como ha denunciado la ONG Tax Justice Network señalando que el Reino Unido, Suiza, Luxemburgo y Países Bajos, con su “ dumping” fiscal, han usurpado el 72% de los impuestos que el resto del mundo dejó de recaudar de las multinacionales que operan en sus territorios. Se estima que estas empresas obtuvieron 1,3 billones de dólares en beneficios corporativos, tributando en estos países con tasas impositivas mínimas. Algunos de estos países son los ahora autodenominados “ frugales”. En cierta medida, esta situación también se da entre distintas comunidades autónomas españolas.

Piratas pandémicos

En estos momentos de bajamar provocada por la pandemia, los filibusteros son aquellos que difunden bulos por las redes sociales, algunos en forma burda de fácil descalificación, y otros disfrazándolos de mensajes seudocientíficos, pero siempre con fines bastardos. También aquellos comisionistas que se atreven a asegurar que disponen de cuantos dispositivos sean necesarios para la realización de pruebas diagnósticas. Están incluidos aquellos que a sabiendas han introducido y vendido pruebas de eficiencia dudosa, que han falseando la homologación, también los que han proporcionado “ mascarillas” caducadas tras borrar los códigos de caducidad. Quienes han elevado el precio de las mismas multiplicando por 10 o más su valor habitual, o han acumulado stock esperando el desabastecimiento.

Siempre se dijo que los momentos de crisis presentan oportunidades para progresar , y esta es la forma que tienen algunos de entender el "progreso": "chico, es el mercado".

Los corsarios, dijimos, eran piratas consentidos y protegidos por los respectivos gobiernos, que tenían “patente de corso” para asaltar las naves enemigas pudiendo quedarse con el botín, pero dando un porcentaje a los estados que les amparaban. A algunos de estos capitanes corsarios se les concedían honores y repartían nombramientos. Así ocurrió con el conocido pirata Sir Francis Drake.

Tras los primeros estragos de la pandemia y después de superar la primera embestida de la prueba de estrés a que fue sometido el sistema sanitario, la ciudadanía ha reflejado por una abrumadora mayoría su apuesta por una sanidad pública universal gratuita y de calidad.

Piratas sanitarios

Parece que en estos momentos de pleamar, los que consideran a la sanidad como un instrumento más para incrementar sus cuentas corrientes y de resultados, están rearmándose. No hay mejor forma que esperar el momento oportuno para iniciar la escalada propagandística, mover medios de comunicación que sostienen con publicidad, estimular a “sus” tertulianos y a algunos teóricos y analistas que siguen anclados en eso que llaman colaboración público-privada. Se presentan “estudios” de lo que la sanidad-negocio ahorra a la pública, e insisten en los eslóganes de mayor eficiencia, etc.

La Constitución española reconoce los derechos de vivienda, educación, sanidad e igualdad de oportunidades en el desarrollo vital de los ciudadanos.

La sanidad o la educación privadas pueden ser opciones para quien pueda optar por ellas, pero vayan cada una por su lado. No existe la llamada colaboración, como ha quedado demostrado en la pandemia que estamos padeciendo y hay multitud de ejemplos. Los accionistas de las corporaciones sanitarias que han ido estableciéndose en nuestro país al amparo ley de 1997 son fondos buitre, bancos, empresas de construcción y de otras áreas de los negocios que quieren diversificar sus inversiones. Desde luego, sin ningún fin altruista o de beneficencia, sino buscando la rentabilidad de la inversión. Se invierte para ganar dinero, y además con poco o nulo riesgo. Es como el caso de las autopistas que circundaban Madrid: si son rentables las gestiona la empresa y si no, (como así fue), me las compra el Estado.

La estrategia consiste en la parasitación del sector público por el privado y un ejemplo claro son las concesiones sanitarias. Algunos gobiernos autonómicos muerden el anzuelo o acompañan en la pesca, comprando el mantra de que la gestión privada es más eficiente y también supone ahorro del desembolso inicial para la construcción de las instalaciones ante la precariedad de los presupuestos. Esto se traduce progresivamente en una revisión al alza de la cápita (aportación económica pública por persona asistida) bajo la amenaza de que en esas condiciones no pueden hacer el servicio.

Además se abona aparte las exoprótesis, endoprótesis, tratamientos especiales, tratamientos oncológicos, farmacia etc., lo que hace que el costo real en esa concesión sea muy superior a los departamentos de gestión directa y a la de los consorcios sanitarios. La gestión privada también exprime y prolonga al triple la vida media de la tecnología sanitaria, alargando los plazos que son considerados normales para su amortización. Esta política ha agudizado el descenso de financiación por la crisis económica y adelgazado al extremo los recursos humanos y la inversión en la sanidad pública.

La cofradía de los Hermanos de la Costa

Volviendo a la piratería clásica, recordar que en ocasiones los bucaneros y filibusteros se asociaron para preservar su interés. Una de las más famosas alianzas fue la Cofradía de los Hermanos de la Costa, que tenía su sede en la isla de Tortuga y actuaba en el océano Pacífico, en el Caribe y en el Golfo de México, y que se dotó de unas leyes no escritas para fomentar la libertad de su propia sociedad y el reparto democrático de su expolio.

La sanidad pública tiene la oportunidad de protegerse, desarrollar y modernizarse, y para ello debe estar bien financiada, al menos con el mismo porcentaje del PIB que dedican otros países de nuestro entorno. Desde luego, hay que reformar e innovar, aumentar la eficiencia y gestionar con rigor el erario, con inversiones en sectores clave. Y con gestión pública en su totalidad: universal, gratuita y de alta calidad.

Y blindada contra los corsarios.

Firma del Post:

Enrique Ortega. Médico especialista en enfermedades infecciosas y jefe de servicio de Enfermedades Infecciosas, Emergentes e Importadas. Ha sido profesor asociado de de medicina de la Universidad de Valencia y Director Gerente del Departamento de Salud Hospital General de Valencia.

Forman el Foro Ágora Salud:

• Carmen Montón es embajadora observadora permanente ante la Organización de los Estados Americanos y ha sido Ministra de Sanidad, consumo y bienestar social y Consellera de Sanidad.

• Ricardo Campos. Médico Oftalmólogo. Ha sido Secretario General del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social y subsecretario autonómico de sanidad.

• Rafael Sotoca. Médico de familia y activista sanitario. Fue director general de asistencia sanitaria de la Comunidad Valenciana.

• Begoña Frades García. Psiquiatra y jefa del área de salud mental del Hospital Pare Jofre. Ha sido coordinadora autonómica de salud mental.

• José Antonio López Cócera es enfermero especialista en salud mental y miembro de la comisión nacional de la especialidad.

• Isabel González. Médica radióloga. Fue jefa de servicio y profesora asociada de radiología en la Universidad Miguel Hernández de Elche así como Directora Gral. de la Alta Inspección y gerente de los departamentos de salud de San Juan de Alicante y La Ribera (Alzira)

• Enrique Ortega. Médico especialista en enfermedades infecciosas y jefe de servicio de Enfermedades Infecciosas, Emergentes e Importadas. Ha sido profesor asociado de de medicina de la Universidad de Valencia y Director Gerente del Departamento de Salud Hospital General de Valencia.

• Antonia García Valls. Asesora coordinadora en la Vicepresidencia Cuarta, Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Ha sido diputada en el congreso de los diputados.

• Pere Herrera de Pablo. Medico de familia y médico SAMU. Ha ejercido como director del Servicio Emergencias Sanitarias de la Comunitat Valenciana.

• Roser Falip Barangué. Doctora en Medicina y especialista en medicina de familia y en análisis clínicos. Ha sido gerente del departamento de salud de Alcoy.

• Juan Domene. Médico Inspector en el servicio de calidad asistencial y seguridad del paciente. Ha sido gerente del departamento de salud Arnau de VilanovaLliria.

Ilustra el blog:

Verónica Montón Alegre. Artista interdisciplinar.