Por Lidia Posada, abogada civilista y letrada del SOJ Municipal de Madrid

El pasado miércoles 21, con la agravante de agosticidad, se presentaron públicamente las propuestas de las entidades privadas interesadas en sustituir al Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) en el servicio de orientación jurídica (SOJ) municipal madrileño.

Continúa el proceso de concurso público por este Contrato contra el que el Colegio profesional ha presentado recurso en vía contencioso-administrativa. A la oferta se presentaron dos entidades privadas y una tercera fue descartada.

La resurrección del servicio público

En el año 1989 el Ayuntamiento de Madrid y el Colegio de Abogados (ICAM) de la capital firmaron un convenio. La idea era complementar los servicios sociales a los que tiene derecho la ciudadanía con la parte legal. Pero poco vale un papel firmado con la Entidad local si no viene acompañado de su dotación presupuestaria. El gobierno de Ahora Madrid inyectó de nuevo financiación para el servicio, seco desde hacía décadas, a través de un nuevo Convenio firmado el 1 de junio de 2017. La máquina pudo caminar de nuevo.

El ICAM seleccionó, previo examen y entrevista, a treinta y nueve letrados que han prestado servicio semanalmente en 36 centros de Servicios Sociales durante más de dos años. Cada letrado o letrada atiende al vecindario durante cuatro horas a la semana más algún refuerzo o servicio extraordinario. En el primer semestre de 2019 se prestaron 3.996 horas de asistencia.

La demanda del servicio pronto se disparó. Durante los primeros siete meses de vida, en 2017, se atendieron a 5.655 personas. La Memoria anual de 2018 revela que 11.761 personas fueron atendidas el pasado año, planteando un total de 12.507 consultas. En los seis primeros meses de 2019 ya son 6.725 personas, lo que refleja una tendencia al alza.

En el corazón de la estadística: menores y desahucios

La memoria anual de 2018 contiene algunos datos muy interesantes. El 73% de las personas que utilizan este servicio son mujeres, sobre todo, mayores de 41 años. El principal motivo de consulta han sido las medidas paternofiliales sobre los hijos e hijas (50% del total) después de la separación o el divorcio. El segundo motivo han sido las consultas catalogadas como 'otros civil'. Es importante aclarar que bajo esta nomenclatura se incluyen tanto los desahucios por ejecución hipotecaria como las acciones en defensa del consumidor. El tercer lugar lo ocupan las consultas sobre arrendamientos urbanos (11%).

Estas tres materias necesitan, para una mejor defensa, de dos cosas: la primera, una colaboración sincronizada con los trabajadores sociales de los centros, que preparan informes con un impacto directo en el proceso judicial (especialmente, tras la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil en 2019); la segunda, un asesoramiento previo a la designación del abogado o abogada del Turno de Oficio que finalmente se encargue del asunto. Esta segunda tarea, además, exige un acceso directo a los datos del Turno de Oficio, que gestiona directamente el Colegio de Abogados.

El drenaje presupuestario

El pasado 24 de mayo, el Ayuntamiento, aún en manos de Manuela Carmena, sacaba a concurso público un Contrato para la prestación del SOJ. El valor estimado del contrato es de 1.247.475,95 €, sin IVA, pero el presupuesto base es de tan sólo 249.495,19 €. Las entidades que compiten, recibirán puntos extraordinarios por comprometerse a más lotes de horas de servicio o por ofrecer un abaratamiento de la hora de trabajo.

Es decir, la propia estructura del concurso ya prevé que el servicio pueda ser mejor o peor, dependiendo de las ofertas recibidas. Esta primera características ya supone, por si sola, un deterioro de la prestación. Se deja en manos de las entidades postulantes la decisión de que haya más o menos lista de espera en cada Junta de distrito.

Hay más. Las condiciones de la licitación dedican los párrafos 37 y 38 a la cesión y subrogación del contrato, respectivamente. Lo primero, la cesión, permite que la entidad que resulte adjudicataria del contrato ceda el servicio a un tercer interlocutor. La segunda, permite subcontratar algunos servicios para la ejecución de lo acordado.

Estas premisas son las que permiten que despachos de abogados que no cuentan con empleados suficientes para cubrir las plazas o asociaciones cuya estructura laboral se apoya en el voluntariado, se animen a presentarse a este tipo de Concursos.

El pasado 21 de agosto, se abrieron finalmente las plicas de los interesados. Sólo tres entidades se presentaron al Concurso y sólo dos han sido admitidas como candidatas. El pasado miércoles se presentaron sus propuestas en una sala de El Matadero mientras, a las puertas, abogados y abogadas en defensa del servicio público se manifestaban en contra de esta maniobra de privatización.

El espurio sustrato bajo el debate jurídico

Como decíamos al principio, el Colegio de Abogados recurrió el Decreto del Ayuntamiento que acordaba el Concurso. El motivo es que la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita atribuye la competencia en materia de justicia gratuita a los Colegios Profesionales. Es decir, en cuestión de explicar el Derecho, no hay competición mercantil que valga. El Asesoramiento jurídico es su servicio público y la Ley ya prevé quién tiene que encargarse de la tarea.

Ahora Madrid quiso zanjar el debate apelando a la convenientemente sacralizada Unión Europea y sus estándares de libre concurrencia, pero lo cierto es que no estamos hablando de la obra de un polideportivo. Hablamos de justicia gratuita, un asunto delicado que tiene su propia legislación especial en desarrollo del artículo 24 de la Constitución sobre tutela judicial efectiva.

Réplicas y contrarréplicas al asunto de las plicas

Paradójicamente, con el cambio de gobierno municipal nada ha cambiado. Begoña Villacís (Ciudadanos) aprovechó la bandeja de Marta Higueras (Ahora Madrid) y remató el asunto diciendo que "quien haga la mejor oferta pública se llevará el contrato". ¿Qué significa mejor? ¿Significa más barato? Parece que en eso estaba pensando la de Ciudadanos, que asoció dos ideas: el cambio de gestión del servicio de orientación y su plan de "ir reduciendo las subvenciones nominativas".

Para tranquilizarnos, aparece en escena el nuevo delegado del área de Bienestar Social, Pepe Aniorte, que nos garantiza que el servicio de orientación seguirá siento "público y gratuito". Menos mal. Pero resulta que cuando hablamos de modelos de privatización es precisamente cuando entregamos a entidades privadas la gestión de lo público. Y, ¡oh, casualidad!, es precisamente lo que está ocurriendo. El servicio de orientación jurídica de la ciudad de Madrid seguirá siendo gratuito para los vecinos y vecinas, sí, pero, desde luego, no puede decirse que vaya a continuar siendo público.

Estamos a tiempo de revertir esta situación. En defecto de la voluntad política, sólo y como siempre nos queda la movilización social en defensa de los servicios municipales