Guillermo Vázquez

Profesor de economía aplicada de la Universidad Rey Juan Carlos

En contra de lo que podríamos pensar, no siempre se cumple la máxima goebbelsiana de que "si una mentira se repite lo suficiente, acaba por convertirse en verdad”. Así, me temo que la demanda social que reclama el derecho a una vivienda y a un trabajo dignos como derechos fundamentales descritos en la Constitución española, no deja de ser más que un lugar común algo alejado de la realidad. Ahora, antes de dejar de leer, les pido unos minutos para poder explicar con más detenimiento esta afirmación.

En general, solemos argumentar que estos derechos se encuentran dentro de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Debido a que nuestra Carta magna determina en su Título I. De los derechos y deberes fundamentales. Artículo 10.2 que “Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España”, deducimos que este reclamo social es totalmente legítimo. Sin embargo, no podemos estar más equivocados.

En primer lugar, porque la única mención relacionada que encontramos dentro de la Declaración Universal de Derechos Humanos se encuentra en su Artículo 25.1, donde se declara que “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios […]”.

En segundo lugar, porque volviendo al Artículo 10.2 de la Constitución española, lo que se determina es que sólo se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce. Evidentemente, aquí nos encontramos con el segundo problema, pues la única mención relativa a estos derechos se encuentra dentro del capitulado relativo a los Derechos y libertades. Sección 2.ª De los derechos y deberes de los ciudadanos, donde, en su Artículo 35.1 se determina que “Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo”.

En conclusión, ni dentro de la Declaración Universal de Derechos Humanos ni dentro del Título de la Constitución relativo a Derechos y deberes fundamentales existe un reconocimiento explícito de la famosa demanda social de una vivienda y trabajo dignos. ¿Quiere esto decir que dichas demandas carecen de sentido? ¿Debemos dar carta blanca a los decisores políticos en materia económica y social? Nada más lejos de la realidad. Las claves que dotan de legitimidad a estas demandas las encontramos dentro del Capítulo Tercero. De los principios rectores de la política social y económica.

Sin ánimo de ser exhaustivo, este Capítulo, en su Artículo 39.1 determina la necesidad de que los poderes públicos aseguren “la protección social, económica y jurídica de la familia”. De igual modo, deberán promover, según el Principio del formulario

Final del formulario

Artículo 40.1, “las condiciones favorables para el progreso social y económico y para una distribución de la renta regional y personal más equitativa, en el marco de una política de estabilidad económica”, y realizando, de manera especial, “una política orientada al pleno empleo”. Para concluir, en el Artículo 47 se explicita con suficiente claridad que “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada”. Para este cometido, los poderes públicos “promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación”.

Dicho de otro modo, la política económica y social que los decisores políticos pongan en práctica deberá tener como principios rectores todo lo anterior. Por si no quedase suficientemente claro, en el Capítulo Cuarto. De las garantías de las libertades y derechos fundamentales, dentro del Artículo 53.3, se matiza que “El reconocimiento, el respeto y la protección de los principios reconocidos en el Capítulo tercero informarán la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos”. Finalmente, en el caso de no poner en práctica políticas basadas en estos principios, “Sólo podrán ser alegados [los principios ajenos] ante la Jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes que los desarrollen”.

Recapitulando, el derecho a una vivienda y a un trabajo dignos no son derechos fundamentales recogidos en la Constitución española ni en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Sin embargo, la política económica y social que el gobierno ponga en práctica debe tener como principios rectores la protección social, económica y jurídica de la familia, la promoción del progreso social y económico, la búsqueda de una mejor distribución de la renta regional y personal, la búsqueda del pleno empleo y la definición de las condiciones necesarias y normas pertinentes para hacer efectivo el derecho a una vivienda digna y adecuada. Una política económica y social que no tenga como base estos principios rectores deberá ser catalogada de anticonstitucional.

A partir de lo comentado, ¿cuál es el balance de la política económica y social puesta en práctica por el partido Popular de Mariano Rajoy? ¿Se trata de una política basada en los principios rectores descritos? La respuesta en negativa.

Pero claro, la excusa fácil por parte del gobierno es la aplicación del Artículo 135. Pero este artículo, en su numeral 6, determina que “Las Comunidades Autónomas, de acuerdo con sus respectivos Estatutos y dentro de los límites a que se refiere este artículo, adoptarán las disposiciones que procedan para la aplicación efectiva del principio de estabilidad en sus normas y decisiones presupuestarias”. En ese sentido, aun partiendo de la imposibilidad para modificar las directrices definidas desde Bruselas en términos de equilibrio presupuestario, queda claro que serán las Comunidades las que determinarán de qué modo alcanzan ese objetivo.

En ese sentido, el gobierno del Partido Popular lo ha tenido claro: la única vía para alcanzar el equilibrio presupuestario se concretará en una política de recortes masivos que no vendrá acompañada de una política fiscal más progresiva e incisiva con las grandes rentas. Como consecuencia, la sanidad, la educación, las pensiones y las prestaciones sociales han sufrido la política de recortes de este gobierno, incrementando, junto con la precarización del mercado laboral, las desigualdades en términos de educación y renta. El asunto es tan alarmante, que aparte de sufrir de nuevo bolsas de pobreza en España, desde hace años hemos comenzado a hablar de los trabajadores pobres. Es decir, desde hace años, ni siquiera tener un trabajo es sinónimo de un nivel mínimo de bienestar.

La reforma laboral ha dejado un mercado de trabajo totalmente desolado. Así, la elevada tasa de desempleo convive con un alarmante repunte la temporalidad y de la precarización, siendo este hecho más dramático para el caso de las mujeres y los jóvenes. El abaratamiento del despido ha sido tan drástico, que las empresas juegan a su antojo con las altas y las bajas de la seguridad social. Más allá, a la reducción generalizada de los salarios reales y al aumento de la jornada laboral mediante horas extraordinarias, en muchos casos no reconocidas, debemos unir la reducción o eliminación de alguna de la prestación por desempleo y las insultantes remuneraciones y primas recibidas por las altas esferas y los consejeros de empresa.

Lo peor de todo, es que todas estas medidas se tomaron con el objetivo de abandonar la senda deudora que presentaba la economía española. Sin embargo, el nivel de deuda pública en relación al PIB se ha incrementado en quince puntos porcentuales, llegando incluso a superar el 100%. Para que nos entendamos, produzcamos lo que produzcamos en un año, no tendremos renta suficiente para pagar todo lo que debemos.

Los únicos que parecen haber salido ganando con las políticas neoliberales de mariano Rajoy son los bancos, gracias a los desahucios y a los rescates con cargo a las cuentas públicas, las grandes fortunas que no han visto incrementar su exigencia fiscal de cara a las arcas públicas y los propios miembros del Partido Popular, que con su política de corrupción generalizada han situado a España en las portadas de toda la prensa internacional.

Queda claro que la política de recortes del Partido Popular no se ha basado en los principios rectores que define la Constitución española en su Capítulo Tercero. Que esto sea la razón para iniciar un trámite legal depende de la voluntad del resto de partidos y por supuesto del poder judicial. Pero la evidencia legal está cristalina. La política económica y social del Partido Popular es totalmente anticonstitucional.