¿Políticos o Carteros?

Hace más de 2000 años que Sun Tzú escribió “la mejor defensa es un buen ataque”. A pesar del tiempo transcurrido esta máxima sigue vigente. En su libro “El arte de la guerra” explica al detalle, entre otros, estrategias de engaño y cómo infundir el miedo para evitar el enfrentamiento cara a cara. Es probable que estas enseñanzas formen parte de las jornadas del Campus FAES, fundación vinculada al Partido Popular que ha recibido entre 2006 y 2015 más de 26 millones de euros en subvenciones del Estado, que no sólo se imparten en España sino también en Centroamérica y el Caribe. Seguramente ese fue el motivo por el cual el Partido Popular decidió atacar al “trabajador de a pie” con frases tan lapidarias como que “los españoles hemos vivido por encima de nuestras posibilidades”. Rajoy, en una entrevista realizada en el año 2011, arremetía y culpabilizaba del despilfarro a los ciudadanos de a pie diciendo “Hemos comprado a crédito segundas viviendas, televisores de plasma, viajes al Caribe…”. Utilizaba el genérico para trasladar al subconsciente colectivo que toda la población había derrochado dinero “viviendo por encima de sus posibilidades” cuando los que han vivido y siguen viviendo por encima de sus posibilidades son, mayoritariamente, las entidades financieras, los políticos y cargos públicos que han malversado dinero público a espuertas y sin control. Lo decía, veladamente, el propio Rajoy cuando aseveraba “En España nos hemos pasado gastando lo que no teníamos. En 2011 gastamos 90.000 millones de euros más de lo que ingresamos; en pesetas fueron 15 billones”

Esta política del despilfarro nos ha abocado a tener que costear aeropuertos como el de Ciudad Real que costó la friolera de 1.100 millones de euros y que en la actualidad está cerrado o el aeropuerto de Castellón en el que tampoco vemos aviones pero sí una escultura de 25 metros de altura, inspirada en el impulsor del proyecto, el político Carlos Fabra, que costó 300.000 euros. Los españoles hemos pagado unos 1.500 millones de euros en Aeropuertos que no eran necesarios abocando a Aena a números rojos. También heredamos del Ejecutivo de José María Aznar el Plan de Infraestructuras 2000-2007 que pretendía, según ellos publicitaban, modernizar el transporte y vertebrar España acarreándonos una deuda que el Gobierno actual cifra en 4.600 millones de euros. ¿Éramos nosotros los que vivíamos por encima de nuestras posibilidades? Según dictámenes de expertos se hicieron previsiones demasiado elevadas del tráfico, se diseñaron radiales que acababan desembocando en otras vías que generaban atascos y no tuvieron en cuenta el posible aumento de los costes al incrementarse los precios a los que se debían expropiar los terrenos. Esa nefasta gestión, para el interés público porque a lo mejor hay algunas cuentas corrientes, de interés particular, muy bien gestionadas, nos generará un sobrecoste de más de 4.600 millones de euros, que algunos puntualizan en 5.500 millones de euros, que los españoles tendremos que pagar, con nuestros impuestos, para que grandes constructoras implicadas como Acciona, ACS, Abertis, Cintra, Sacyr, FCC, Ferrovial, OHL o Globalvia sigan teniendo beneficios mientras nosotros nos quedamos con ocho autopistas en quiebra.

Alguno de ustedes se estará preguntando cómo es posible que el Gobierno adquiera autopistas que están en quiebra. Esta es la mayor tropelía a la ciudadanía. Políticos que haciendo un uso torticero de la ley favorecen a “sus amigos” o “benefactores” a través de la “Responsabilidad Patrimonial de las Administraciones Públicas”. Básicamente consiste en que si el proyecto es rentable el beneficiario será la empresa mientras que si hay pérdidas las pagaremos todos los españoles. El procedimiento es el siguiente: la empresa constructora realiza la infraestructura y recibe por ello una retribución de la empresa concesionaria que, en la mayoría de los casos, suele estar controlada por la propia constructora. Si la explotación quiebra, las financiadoras recuperan sus créditos utilizando la “Responsabilidad Patrimonial de las Administraciones Públicas”. De esta manera la concesionaria arriesga sólo su aportación de fondos propios que siempre es inferior al beneficio económico obtenido por la constructora con la construcción. Un ejemplo, además del aquí ya referido, fue el proyecto del almacén de gas Castor. El Ministerio del Industria devolvió a Florentino Pérez 1.400 millones de euros que, según argumentaba, había invertido en el almacén de gas Castor después de que se descartara su construcción. Lo curioso es que la obra fue presupuestada inicialmente en unos 500 millones de euros pero esa cifra se fue inflando a lo largo del tiempo y acabó tripulando el precio previsto suponiendo para los españoles el desembolso de 1.400 millones de euros en un proyecto que según relataron resultaría más barato que instalar tanques de gas en las regasificadoras.

Cuando uno vislumbra el entramado político-empresarial que se esconde tras estos “rescates” sopesando la empresas involucradas y estableciendo posibles paralelismos con tramas como La Púnica, La Gürtel, el Caso Bárcenas y tantos otros parece que, en estos casos, los gobernantes trabajan más como carteros que como políticos, porque se atisba una gran maestría en el uso y manejo de los sobres.

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