El vendaval regresivo en derechos y libertades no podía dejar de notarse ante la visita que hoy inicia el Papa a Santiago y Barcelona. Las protestas de los movimientos laicos por el uso de dinero público en actos de carácter religioso han sido definidas como “manifestaciones de odio” por las tolerantes voces de la jerarquía eclesiástica. Dirigentes políticos cuya lista de pecados no cabe en Google han decidido que el presidente del Gobierno tiene la obligación de ir a misa. No les basta con la presencia de varios ministros y otras personalidades socialistas cuyos cargos institucionales no les obligan, para nada, a asistir a ceremonias católicas (ni musulmanas). Dicen esas mismas voces que Ratzinger viene no sólo como líder religioso sino como jefe de Estado. Si la entrevista entre Ratzinger y Zapatero en el aeropuerto de Barcelona es de carácter político, lo lógico sería aprovechar la ocasión para exigir al pontífice la máxima colaboración del clero con la justicia para castigar los delitos de pederastia. O la necesidad urgente de que la Iglesia se financie con la contribución de sus propios fieles. Si los ciudadanos tienen que escuchar al Papa condenar leyes democráticas o criminalizar el uso del preservativo a costa del contagio del sida, convendría que el jefe del Estado Vaticano escuchara también lo que opinan millones de ciudadanos que no odian las sotanas sino que simplemente exigen que se cumpla la Constitución en un Estado aconfesional.