Poner fin al negocio del fuego

El pasado 28 de mayo, mi compañera Estefanía Torres y yo tomamos la iniciativa, secundados por otros colegas de la Izquierda Unitaria Europea (Izquierda Unida, Anova, Syriza, Bloco de Esquerda), de invitar al Parlamento Europeo en Bruselas a quince bomberos de diferentes territorios del estado español, con el objeto fundamental de conocer en profundidad y denunciar junto a ellos la precariedad laboral y de medios que sufren los trabajadores y trabajadoras del fuego en nuestro país. Además de estos representantes de la Asociación Nacional de Bomberos Forestales y de la Plataforma de Asociaciones y Sindicatos de Bomberos Forestales, nos acompañaron bomberos de Portugal y de Grecia, así como expertos en bosques de organizaciones ecologistas de Greenpeace, Ecologistas en Acción y WWF.

La visita la organizamos entorno a una conferencia central titulada “Europa en llamas”, en la que se pudieron expresar las diferentes realidades de precariedad que vive el colectivo de bomberos forestales de los tres estados presentes, condiciones que se asemejan más a la de "temporeros" del fuego que a un servicio publico de tanta importancia como debería de ser este colectivo. Así mismo nos parecía absolutamente necesario y oportuno alertar al propio Parlamento y a la Comisión (que estuvo representada en el evento por uno de sus mayores expertos en materia de incendios) sobre los acuciantes problemas y debilidades que presentan nuestros sistemas de prevención y extinción. Elemento especialmente grave ante las inusualmente bajas temperaturas que se dieron en el mes de marzo, que auguraban un inicio prematuro de la campaña veraniega de incendios en los tres países europeos representados, que a la vez son los que sufren en mayor medida esta lacra social y medioambiental.

De parte de nuestros bomberos se escucharon en repetidas ocasiones, tanto en el evento como en la posterior rueda de prensa, alusiones directas a la responsabilidad de muchos cargos públicos y empresarios que, en todo el Estado español, han venido utilizando los incendios y los medios destinados a su combate para organizar y sostener todo un entramado de malversación de fondos públicos (tanto europeos como estatales y autonómicos) destinados a prevenir y combatir una de las mayores amenazas que pesan sobre nuestro territorio, degradándolo año tras año. Nuestros bosques autóctonos representan sin lugar a dudas nuestro más preciado seguro de vida contra la erosión, la desertificación, el cambio climático, la contaminación del aire y del agua, la pérdida de biodiversidad y el deterioro de los grandes equilibrios ecológicos fundamentales.

Desde aquel día y como si se hubieran derribado, una vez más, las paredes que esconden el régimen de corrupción político-empresarial que los gobiernos sucesivos han instaurado en perfecta alternancia y complicidad en nuestro estado, los escándalos relacionados con el uso de fondos destinados a la prevención han venido emergiendo mediáticamente, en lo que bien sabemos será tan sólo la llamarada inicial de otro enorme reguero de corrupción, atizado por las oleadas privatizadoras, los recortes de presupuesto (sobre todo en prevención y en personal), los concursos públicos fraudulentos en torno a la adquisición de equipamiento y medios aéreos para extinción, las comisiones y sobornos a funcionarios y, en general, la conversión paulatina de un servicio público esencial, como es la protección de nuestros bosques, en un negocio. De esta forma el “negocio fuego” lo que trata a fin de cuentas por medio de las nefastas políticas llevadas a cabo por el gobierno del PP, es justificar unas inversiones colosales en medios de extinción (que son los que más las requieren) en lugar de seguir la máxima defendida por cualquier experto de que los incendios se combaten (sobre todo) antes y después del verano, con más y mejor prevención.

La información publicada la semana pasada acerca de la chapucera gestión privatizada de los incendios en Castilla La Mancha, así como la denuncia del domingo realizada por Greenpeace España y procedente de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional, demuestran lo que los bomberos forestales y organizaciones ecologistas venían tiempo denunciando: el reparto amañado de concursos y comisiones que esta semana han concluido en la detención del exdelegado del Gobierno en Valencia. Seguramente, estemos viendo sólo la punta del iceberg de una enorme trama que implica a funcionarios del Ministerio de Fomento y por supuesto a cargos públicos de las Comunidades Autónomas más afectadas por los incendios.

Ante esta situación, solo nos queda la recuperación de nuestros servicios públicos que han sido expropiados por una mafia organizada que trata de seguir haciendo negocio con nuestra seguridad y la de nuestro territorio. De esta forma, es imperativo defender la dignificación de las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras del fuego, sector que presenta una de las mayores tasas de siniestralidad laboral, y que no cuenta hasta el momento con el reconocimiento profesional ni con los medios técnicos ni de formación adecuados. Además, este asunto adquiere, en el caso del manejo de los fondos destinados a la prevención, una dimensión inequívocamente europea. Por ello, como delegación en el Parlamento Europeo, hemos promovido y presentado dos preguntas escritas a la Comisión: una primera acerca de las medidas concretas adoptadas por la Comisión Europea como reacción a la publicación del Informe 2014 del Tribunal de Cuentas en el que se señalaba la flagrante falta de eficiencia en el manejo de los fondos FEADER por parte de los gobiernos (central y autonómicos); una segunda, mediante la que trataremos de obtener la verdad sobre las asignaciones europeas, con su desglose por Comunidad Autónoma, y mediante la que nos proponemos conocer los montos asignados y los efectivamente gastados (cuánto y en qué) para este mismo rubro de gasto; una información, por cierto, que hasta el momento les ha sido negada tanto a los sindicatos de bomberos como a las organizaciones ecologistas que la han venido solicitando, desde todos los territorios de nuestro Estado. Queremos realizar una auditoría que abra las ventanas de la administración, que ponga luz y taquígrafos sobre los contratos y las subcontratas, los fondos públicos destinados a la prevención y la extinción de incendios

El fuego debe dejar de ser un negocio para el lucro de aquellos pocos que han venido asaltando, literalmente, nuestras arcas públicas entre despachos públicos y privados. Nuestra responsabilidad es conocer la verdad y poner medios para recuperar las instituciones y servicios que son de todos y de todas, que deben responder al bien común, a la consecución del buen vivir y el respeto por nuestro territorio.