La historia, solía decir Gorbachov, castiga siempre a quien llega tarde. Esta advertencia del último líder soviético, producto de su bastante desgraciada experiencia personal, es también la que puede explicar todos los avatares de la organización terrorista ETA, por lo menos desde 1998 a 2017. Le ocurre ahora con su disolución aplazada lo que le ocurrió ayer con su desarme y antes de ayer con el final de la violencia. Siempre llega tarde y mal. ¿Qué sentido puede tener mantener un colectivo terrorista cuando no aterroriza ni dispone de armas por haberlas entregado? Desde que rompió la tregua de septiembre de 1998 y, sobre todo, desde que dinamitó la de mayo de 2005 con la explosión de la T-4, el recorrido de ETA es la de una organización que ha perdido el reloj de la historia, si es que lo tuvo tras la sustitución de Franco por el Borbón.

Nada evidencia más dicho retraso histórico que la cuestión de sus propios presos. En otoño de 1998 el mismo presidente Aznar reconoció a ETA como Movimiento de Liberación Nacional Vasco, a la vez que su ministro Jaime Mayor Oreja procedió al traslado de unas decenas de etarras encarcelados a prisiones a menos de unos 250 kilómetros de Euskadi. En unas horas el gobierno del PP daba un salto que los gobiernos del PSOE no habían dado en 14 años, mientras tres emisarios de la Moncloa se entrevistaban con varios dirigentes de la izquierda abertzale cerca de Burgos. Aquella tregua terminó, después de la reunión de Mikel Antza con Arriola, Zarzalejos y Martí Fluxá, con una nueva oleada de asesinatos por todo el territorio español. Ya se daría estos días ETA con un canto en los dientes si Mariano Rajoy reeditara la respuesta de Aznar.

Un cuarto de siglo no pasa en vano. La intensa movilización social dirigida por el PP contra la negociación de Zapatero con ETA se vuelve contra sus promotores. Cualquier flexibilidad de Rajoy sobre política penitenciaria sería vista por su electorado como una traición. No hay más que prestar atención a los medios de comunicación de Madrid para comprenderlo. La crisis interminable, propiciada por el paso de un decreciente estado del bienestar a un creciente estado del malestar, deriva progresivamente en un estado penal. La reforma del Código Penal de julio de 2016, que amplia la panoplia de delitos por enaltecimiento del terrorismo, ha condenado a unos 28 procesados en el pasado 2016. En este medio ambiente político madrileño no cabe pensar la más mínima modificación de los criterios penitenciarios actuales.

Así, la importante votación del parlamento vasco sobre el desarme de ETA, con la única excepción del Partido Popular, ha sido respondida mediante un manifiesto de intelectuales, entre los que figura el novelista de moda Fernando Aramburu, exigiendo que "la política penitenciaria no se convierta en una política de gracia". Pese a que ninguna fuerza política plantea la cuestión de los presos, antes de que ETA proceda a su autodisolución, estos firmantes sospechan sin pruebas que tanto Rajoy como Urkullu conversan estos días sobre la próxima transferencia de las competencias penitenciarias al Gobierno vasco, que ahorraría a la Moncloa tener que recorrer el vía crucis de los encarcelados por actividades terroristas. Olvidan, probablemente, que conversar, si es que conversan, nunca es sinónimo de pactar.

Otro gallo cantaría, claro está, si el PNV pusiera sobre la mesa del despacho de Rajoy los 5 escaños vascos indispensables para sacar los Presupuestos. Pero ni el IBEX lo autorizaría de la mano de Josu Jon Imaz, ni Urkullu correría el riesgo de perder ese botín presupuestario que ha recibido por mantener a Mariano Rajoy en la Moncloa. Ahí es nada. Fuera todos los recursos al TC sobre la Ley Municipal de Euskadi, el soterramiento del AVE a las tres capitales vascas, la ampliación de unos 50 agentes para la Ertzaintza y una sustancial rebaja de 300 millones de euros en el Cupo Vasco. Los estrategos de Sabin Etxea han sabido rentabilizar la debilidad congénita del Gobierno del PP a la vez que han rentabilizado la derrota de ETA. Toda una lección de buen quehacer político del PNV.

Puede que Paris bien valga una misa, como afirmara el primer Borbón coronado como Rey de Francia tras cambiarse de chaqueta religiosa, pero es seguro que los Presupuestos de Rajoy no pueden valer el acercamiento de los presos de ETA a las cárceles de Euskadi después de la entrega de armas del pasado fin de semana en Bayona. Cabe que Rajoy esté fuera de la realidad vasca como sostiene Otegi, al fin y al cabo no son más que la última fuerza política en Euskadi, pero no de la realidad del conjunto de España donde es la primera fuerza y aspira con serias probabilidades a ser hegemónica en las próximas urnas. Sobre esa doble negativa simultánea– un no a la convocatoria de un referéndum por la Generalitat catalana junto con un no al acercamiento de los presos de ETA– cabalga hoy la estrategia electoral del Partido Popular.