Ayer fue 30 de septiembre y de los Presupuestos, que tradicionalmente son presentados en ese día, nada se sabe ni lleva camino de saberse. Corren el riesgo de terminar como los primeros no aprobados en enero del 2019. Aquel primer parto presupuestario abortado puede repetirse en el segundo, pese a los buenos oficios de su comadrona, la ministra Montero. Su gestación está siendo harto complicada y, pese a que hace días ha salido de cuentas, el ministerio de Hacienda no da a luz. Nadie explica hoy el por qué de este retraso y, lo que es extraño, tampoco se pregunta por los obstáculos que impiden su nacimiento. Tomando prestada una observación de Winston Churchill son como un enigma envuelto por un misterio.

Probablemente, el gobierno Sánchez espere un mejor escenario político para presentarlos, pero cuanto más tarde más se le complica el panorama. Ahí está la envolvente de la derecha judicial, que como la económica trata de marcar el paso al Partido Popular, y del soberanismo catalán, al calor de la inhabilitación de Torra como presidente de la Generalitat, como buena muestra de lo que le espera en los próximos meses a Pedro Sánchez. La elección de la última semana de septiembre para inhabilitarle, en las vísperas del 1 de octubre de 2017, y el aplazamiento de las urnas catalanas a mitad de febrero, indican que la Moncloa va a pasar un crudo invierno político.

Hasta que llegue la primavera y se pueda formar hacia el mes de mayo un nuevo gobierno catalán, Esquerra Republicana está condenada a no salirse de la sardana soberanista tocada por la cobla de Puigdemont. Cuatro nueve meses de espera para ver si toca la lotería electoral de un nuevo tripartito en Barcelona que facilite los Presupuestos en Madrid. Mientras tanto, Oriol Junqueras continua con los números de Cristóbal Montoro en vez de los de Montero. Eso sí, aderezados con mucha soflama republicana para reconvertir el debate sobre el modelo de Estado en otro sobre la forma de Estado y tapar su práctico posibilismo en torno al primero con el teórico radicalismo en torno al segundo. Como si el problema de hoy fuese la Corona y no la soberanía.

En línea con ese objetivo camina asimismo el Consejo General del Poder Judicial de la mano de Carlos Lesmes, como se ha podido ver en la entrega de despachos judiciales y la fecha de publicación de la inhabilitación de Torra, haciéndola coincidir con la sentencia absolutoria sobre Bankia. Condena e inocencia que son todo un regalo para quien en Waterloo aspira mañana a convertir las urnas catalanas en un plebiscito político en torno a su persona. Porque ambos Lesmes y Puigdemont, se necesitan mutuamente. El primero para avanzar en la estrategia involutiva de la derecha togada, el segundo para intensificar la confrontación de Cataluña con España. Por lo tanto, sobra el Presupuesto de Montero.

Uno y otro, tanto monta, monta tanto, Carlos como Carles, ya han conseguido embarrar el terreno político al generar un relativo conflicto, pero conflicto al fin y al cabo, entre las instituciones estatales sobre la ausencia del Jefe de Estado en el acto judicial de Barcelona. Que duda cabe que esta polémica, sin impedir el diálogo del Gobierno Sánchez con Inés Arrimadas, obstaculiza la negociación presupuestaria de la ministra Montoro con los de Ciudadanos. Nada preocupa hoy más a la derecha judicial española y al independentismo catalán, tanto en la versión light como en la auténtica, que la Moncloa pueda contar con una buena mano ciudadana en la votación de los Presupuestos.

Los dos nacionalismos se tocan, derecha togada española y soberanismo catalán, al necesitar tiempo en su común objetivo de lograr la confrontación en la sociedad española. Cataluña junto con la intensificación de la pandemia, y sus efectos económicosociales devastadores, puede dárselo hoy en la misma medida que impide todo acuerdo tanto como facilita la desunión in crescendo de las fuerzas democráticas. La dilación del parto presupuestario es la seña de identidad de esta pinza extremista que busca reventar el gobierno de Sánchez abortando los Presupuestos de Montero para facilitar la involución democrática o volver al choque de trenes entre Cataluña y España. Sea como sea, con forceps o cesárea, la mayoría de la sociedad española demanda el parto de la Moncloa.