Privatizar la memoria histórica

Vaya por delante que soy miembro del Comité Asesor de la Cátedra Complutense de Memoria Histórica del siglo XX, un puesto –por si alguien piensa otra cosa– puramente honorífico; es decir, no retribuido. Me incorporé a él hace cosa de un año, invitado por la entonces directora de la cátedra, Mirta Núñez, con la que mantengo estrechos lazos académicos y de amistad desde que tuvo la generosidad de dirigir mi tesis.

Como consecuencia de lo anterior, cuento con información de primera mano sobre la polémica creada en torno a la eliminación de los vestigios franquistas aún presentes en el callejero de Madrid. Una controversia alentada torticeramente por algún periódico que siempre había blasonado de progresista y que la caverna política y mediática aprovechó para entregarse gustosa al pimpampún contra Manuel Carmena.

No voy a referirme aquí a las mentiras que se dijeron a propósito de una absurda lista de nombres a eliminar del callejero de la capital de España, que la cátedra nunca aprobó. Ni a los intolerables ataques personales que recibió la profesora Núñez. Ni a la ausencia de la más mínima muestra pública de apoyo por parte del Rectorado de la Complutense antes de que ella procediese a presentar su dimisión el pasado 25 de febrero.

Pero me siento en el deber de compartir con ustedes el origen de una polémica que quizás no se hubiera producido si las políticas que inspiran la gestión de la universidad fuesen otras más acordes a su condición de servicio público.

La Cátedra de Memoria Histórica del siglo XX venía financiádose con una modesta –no se pueden imaginar hasta qué punto modesta– asignación anual, que apenas daba para ir tirando. Sin embargo, a finales de 2015, el nuevo equipo rectoral advirtió a la profesora Núñez que este año no recibiría ni un euro de la Complutense y la instó a buscar un patrocinador privado, si quería que la cátedra sobreviviese.

Obviamete, era poco menos que una abrupta sentencia de muerte, ni siquiera precedida del juicio sumarísimo que se sigue respetando incluso en las peores dictaduras. Y, miren ustedes por dónde, justo en ese momento se presentó la oportunidad de hacer el informe para la revisión del callejero por el Ayuntamiento, a cambio de una cantidad que permitía garantizar el sostenimiento de la cátedra durante bastante tiempo.

Se trataba, por supuesto, de un importante reto profesional, detrás del cual había, además, un loable intento de la izquierda municipal por resolver un asunto largamente adormecido, pese a las inequívocas previsiones de la ley de Memoria Histórica. Pero, sobre todo, el encargo del consistorio era un auténtico salvavidas para la cátedra, la única forma posible de evitar el cumplimiento de la injusta condena de la que había sido objeto.

Lo que pasó después es de sobra conocido, incluida la decisión de la cátedra de dejar en suspenso la realización del informe sobre el callejero de Madrid. Como es natural, el dinero previsto ya nunca llegará, para regocijo de quienes se oponen a la recuperación de la memoria histórica y para escarnio de quienes les hacen el juego.

Hasta donde sabemos, el Rectorado de la Complutense mantiene su idea privatizar la cátedra, a través de algún mecenas, que para una materia como ésta estoy convencido de que no resultará nada fácil encontrar. ¿Se imaginan sufragando sus actividades al Santander, a Telefónica o... a la Banca March? Yo, desde luego, no me lo imagino, y mucho menos que luego la dejaran trabajar con absoluta libertad.

Quizás haya otros ámbitos en los que el apoyo del sector privado puede tener sentido; pero dejar en sus manos algo así es, simple y llanamente, una barbaridad. Y aquellos que lo pretenden deben saberlo también, cosa que invita a sospechar que en realidad sólo quieren echar su propia palada en el entierro de una de las leyes más necesarias y maltratadas de la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero.

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