Ignacio Mártil

Catedrático de Electrónica de la Universidad Complutense de Madrid y miembro de la Real Sociedad Española de Física

Llevamos años escuchando a los responsables del Ministerio de Industria que una de las principales razones causantes del encarecimiento del recibo de la luz son las primas a las energías renovables, razonamiento que he desmontado en un artículo publicado en este blog. Sin embargo, en ningún momento hemos tenido la menor noticia de las generosísimas subvenciones que recibe la producción de energía basada en combustibles fósiles. Será casualidad, pero la práctica totalidad de las centrales basadas en esas fuentes pertenecen a las cinco grandes compañías eléctricas del sector. En este artículo analizaré con detalle cuáles son esas subvenciones.

Las cinco grandes compañías del sector eléctrico. Agrupan alrededor del 90% de las ventas a clientes finales y alrededor del 60% de las ventas en el mercado mayorista.

Uno de las características de las centrales térmicas que utilizan como combustible, gas, carbón o uranio es que el precio al que venden la energía producida es fuertemente dependiente de las grandes inversiones realizadas en la instalación (nuclear sobre todo), así como del coste de adquisición del combustible (gas o carbón), que está sujeto a infinidad de variables, no todas de orden económico y que escapan por completo al control y a la capacidad de influencia de las empresas productoras. De ahí que el inversor necesite garantías de recuperación de su inversión a lo largo de la vida útil de la central y que esas garantías no estén vinculadas únicamente al precio al que pueda vender la energía producida, si no que se asegure mediante otros ingresos. Como la energía es un activo imprescindible para el crecimiento económico de cualquier país, los gobiernos, sean del color que sean, tratan de asegurar a las empresas implicadas la recuperación de su inversión. Hasta aquí, todo lógico y razonable.

El problema surge cuando los inversores son pocos y muy poderosos y funcionan como un oligopolio, que es el caso de numerosos países europeos, entre ellos el nuestro. Entonces, muchos gobiernos se pliegan a sus intereses y confunden intereses nacionales con empresariales. La forma habitual de velar por los intereses de las grandes corporaciones del sector eléctrico es retribuir muy generosamente a estas mediante conceptos que, siendo necesarios para el buen funcionamiento del sistema eléctrico, no se justifican por las cuantías que reciben, enormes en ocasiones, ni por el oscurantismo con el que algunos responsables políticos tratan de disimular sus decisiones de favorecerlas.

Analizo a continuación los conceptos mediante los que se retribuyen las energías basadas en combustibles fósiles y en uranio. Puesto que estos conceptos han cambiado a lo largo del tiempo, dividiré el artículo en dos partes. En la primera analizo aquellos mediante los que se retribuyen en la actualidad; en la segunda, los que se utilizaron para el mismo fin en el pasado. Como era de esperar, esas retribuciones las pagamos los usuarios en el recibo de la luz. Con objeto de clarificarlo todo lo posible, indico en que parte del recibo repercute cada uno de los conceptos analizados, ya sea en el precio de la energía, ya en los conocidos como costes regulados.

1. Subvenciones en la actualidad; crónica clarificadora de una realidad oscura

Servicios de ajuste del sistema. Algunas centrales de gas y carbón, por su singular ubicación geográfica, son requeridas en ocasiones por el operador del sistema, Red Eléctrica, para producir cantidades de energía no previstas inicialmente en el mercado mayorista. Debido a esa excepcionalidad, esas centrales cobran por la electricidad un precio muy superior al fijado por el mercado. La diferencia entre uno y otro llega a ser habitualmente del doble, aunque con picos que multiplican el valor del mercado por un factor 30. Dependiendo del mes del año, este concepto encarece el precio de la electricidad entre un 5% y un 20%.

Pagos por capacidad. Las centrales de gas y carbón obtienen una remuneración extra por el mero hecho de existir, y esto se justifica aduciendo que saber que existe esa disponibilidad introduce seguridad en el mercado. Esto ocurre en un sistema como el nuestro, que tiene un exceso de capacidad instalada de más del doble de la necesaria en los picos de demanda. El asunto llega hasta el extremo de que en 2014, hasta un total de 13 centrales de ciclo combinado, con un total de 5.900 MW de potencia, ¡funcionaron cero horas!. Este concepto repercute en un incremento del precio de la electricidad. En un recibo medio, suponen unos 50 € al año.

Servicio de Interrumpibilidad. De lo más peculiar y digno de la “Marca España”. Según consta en la página web de Red Eléctrica de España, “La interrumpibilidad es una herramienta de gestión de la demanda que aporta flexibilidad y respuesta rápida para la operación del sistema ante situaciones de desequilibrio entre generación y demanda. Este servicio se activa en respuesta a una orden de reducción de potencia dada por Red Eléctrica a los grandes consumidores que sean proveedores de este servicio, principalmente, la gran industria”.

Como es algo confuso, lo traduzco: es un servicio que se presta a la gran industria que es gran consumidora de energía (papeleras, cementeras, RENFE). Cuando hay una fuerte demanda de energía en el sistema y para evitar posibles cortes de suministro a los pequeños consumidores, se obliga a esas grandes industrias a reducir su consumo a cambio de una compensación económica, compensación que corre a cargo, como no, de los consumidores. El asunto tendría alguna lógica si el sistema no pudiera dar respuesta a la demanda, pero carece por completo de ella habida cuenta de que, como ya he dicho en el punto anterior, nuestro sistema eléctrico está sobredimensionado; de hecho, no se hace uso de este servicio desde 2009, pero sí se paga por él ya que supuso 550 millones de euros en 2014. Hasta el año 2014, el coste se repercutía en los costes regulados, desde enero de 2015, en el precio de la electricidad.

Costes extra peninsulares. Las centrales eléctricas situadas en Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla llevan aparejados costes de explotación mayores que las peninsulares. Para mantener el principio de equidad, que se traduce en una tarifa eléctrica única para todos los consumidores independientemente de su lugar de residencia, el precio que pagan los consumidores insulares es igual que el satisfecho por los peninsulares, con lo que el sobrecoste por la generación extra peninsular se reparta entre todos por igual, algo de sentido común por otra parte. Lo que sucede es que en este concepto nos ahorraríamos una buena cantidad si se fomentaran las energías renovables en las islas, pues es un hecho que allí, la energía eólica y la solar fotovoltaica son más baratas que las convencionales. Los costes por este concepto son variables también de un año a otro, pero se sitúan alrededor de los 1.500 millones de euros por año. Se repercuten en los costes regulados.

Retribución al carbón nacional. Con objeto de mantener abiertas las cuencas mineras del noroeste de España, el precio al que se paga el carbón que alimenta los 11.500 MW de potencia instalada que usan este combustible está subvencionado, pues de otra forma el carbón de importación, más barato que el de las cuencas mineras, haría que estas tuvieran que cerrar. Esta es una de las pocas subvenciones de las que la ciudadanía tiene noticias, aunque no por la claridad de los responsables políticos, sino por las protestas periódicas del sector. Representa alrededor del 15% del total de la energía producida y esa subvención encarece el precio de la electricidad.

Déficit de tarifa. El rey de las subvenciones encubiertas a las grandes corporaciones eléctricas. Solo la explicación de su origen y situación actual sería motivo de una enciclopedia. En este mismo blog he publicado un artículo explicándolo.

2. Subvenciones en el pasado, crónica verdadera de una historia mentirosa

Costes de Transición a la Competencia (CTC). Con anterioridad a la liberalización del mercado eléctrico, las empresas productoras de energía tenían reconocidos unos derechos de cobro que aseguraban la recuperación de las inversiones realizadas en las diversas instalaciones. Tras la liberalización del mercado en 1997 y al no estar satisfechos en su totalidad esos derechos, se decidió introducir un concepto que asegurara la recuperación de la inversión en un escenario que, en teoría, sería de libre competencia. Inicialmente se fijaron en 5.95 pesetas/kWh (0,036 €/kWh). La diferencia entre lo que se reconoció inicialmente y lo recibido en la práctica se sitúa en 3.600 millones de euros, nuevamente pagado por el bolsillo de los consumidores. En la actualidad este concepto ya está liquidado, pero el litigio por ese sobrecoste se ha reactivado hace pocos meses. Jorge Fabra, ex consejero de la CNE y ex presidente de Red Eléctrica declaró el pasado mes de julio que los beneficios recibidos a lo largo de décadas por parte de las centrales nucleares mediante los CTC son los principales responsables del déficit de tarifa del sistema eléctrico.

Moratoria nuclear. En 1984, el gobierno del PSOE decidió cancelar la instalación de nuevas centrales nucleares, así como impedir la entrada en funcionamiento de las que en ese momento estaban en diferentes fases de construcción. Para compensar a las empresas implicadas por las inversiones ya realizadas, se diseñó un procedimiento para indemnizarlas en años sucesivos hasta 2020, período acortado posteriormente hasta 2015. El pasado día 26 de octubre hemos acabado de pagar el último “recibo” de la moratoria nuclear. La realidad es que, más de treinta años después, aún no sabemos cuánto hemos pagado realmente por este concepto, ya que la información accesible es confusa y oscura, como tantos otros detalles del sistema eléctrico; hay estudios que cifran las cantidades pagadas por los consumidores hasta la fecha en 9.000 millones de euros, cuando las cantidades originalmente fijadas superaban ligeramente 4.000 millones de euros.

Gestión de residuos radiactivos. El uranio, una vez que se ha fisionado en una central nuclear, deja como producto de la reacción unos residuos que son radiactivos y que deben ser almacenados con seguridad en los denominados cementerios nucleares. Ese proceso conlleva unos costes que los consumidores hemos pagado hasta el año 2005 en su integridad y hasta 2010 parcialmente. A partir de 2010, son las empresas propietarias de las centrales las que se hacen cargo de los mismos, pero como la vida de las centrales está próxima a su fin, resulta que los consumidores hemos sufragado estos gastos durante la mayor parte de la vida útil de las centrales. Esos costes han supuesto entre 60 y 100 millones de euros cada año.

3. Unas brevísimas conclusiones

Es imprescindible que el gobierno, sea del color que sea, introduzca algo de luz en esta desoladora oscuridad. Es obvio que obtener energía es muy costoso y muchos de los gastos que acarrea su obtención son imprescindibles para el correcto funcionamiento del sistema, pero los ciudadanos nos merecemos saber qué cuesta y por qué cuesta eso. En definitiva, nos merecemos claridad y transparencia.