Ante el dilema shakesperiano de ser o no ser, el Gobierno se muestra como un péndulo oscilante. En ocasiones ha elegido el no ser, como en Cataluña, donde su desaparición debería investigarse policialmente si los familiares de algún ministro lo denuncian, y en otras se ha inclinado por el ser, sin que se sepa si es peor que esté y se le sienta o que huya tras delegar su incompetencia en jueces, fiscales y policías. Tenemos un problema que no es el paro, la desigualdad o la sedición catalana. El verdadero problema es el Gobierno.

No se trata de una opinión personal sino una conclusión socialmente extendida, a la que ha llegado también todo el arco parlamentario, incluidos sus socios de naranja, sin que hasta el momento se haya logrado lo que el sentido común habría aconsejado: librarnos de esta desgracia lo antes posible. Existe la puerta, tenemos la llave y, pese a todo, seguimos prisioneros y damos vueltas por el patio.

Se culpa a los catalanes de quererse ir del país cuando, en realidad, 2,4 millones de personas, entre naturales y nacionalizados, ya se autodeterminaron de España para poder cumplir con el ritual de las tres comidas diarias. Es una cifra récord que no preocupa, porque siempre es más discreto tomar las de Villadiego en vuelo regular que hacerlo en referéndum.

Lo de los emigrantes es una vergüenza pero al Gobierno le vino bien porque pudo borrar a los ausentes de las listas del paro y apuntarse el tanto. En eso consiste el presunto milagro económico, que no habría sido posible sin un petróleo a precio de saldo, sin los bajos tipos de interés del BCE y sus compras masivas de deuda pública, y sin la depreciación del euro. El Gobierno no estaba pero se cuelga la medalla.

En lo que sí ha estado es en una reforma laboral que ha desmantelado derechos, que está contribuyendo decisivamente al empobrecimiento general y a la desigualdad, y que amenaza con dinamitar el Estado del Bienestar y llevar a la quiebra el sistema de pensiones. Además de muchos catalanes, querrían coger el portante los condenados a aceptar empleos precarios, mayoritariamente a tiempo parcial, y los que comprueban que por el mismo trabajo obtienen remuneraciones muy inferiores a las de antes de la crisis.

El Gobierno tampoco está para corregir unas estadísticas que sitúan al país a la cola de los costes laborales en Europa, que remunera la hora trabajada a niveles de hace cinco años pese al cacareado crecimiento económico, y que mantiene diferencias de hasta un 33% entre el precio de la hora a jornada completa y a tiempo parcial. En la pobreza de los trabajadores se asientan la competitividad de las empresas y su fortaleza exportadora. El gran mérito del Gobierno es haber vuelto a desaparecer. No debería extrañarnos que ante una hipotética independencia de Cataluña y tras distribuir las cargas, se celebrará como un éxito la reducción de la deuda pública por el simple hecho de que la asumiría el nuevo Estado.

Habría que deshacerse de un Gobierno que es incapaz de sacar adelante los Presupuestos porque algunos de sus aliados no quieren mancharse las manos y aparecer como cómplices necesarios, al menos hasta comprobar que el 1-O no acaba como el rosario de la aurora. Tendríamos que librarnos de quienes han contribuido con su ineptitud a provocar una fractura social y territorial que tardará años en soldarse, si es que finalmente se logra. Que se enteren en Houston del problema que tenemos.