Entre las medidas de gracia que se están anunciado a cuenta de la campaña electoral, PEDRO SOLBES ha colado una que afecta de lleno al problema más grave que padecen muchas familias: la creciente dificultad para hacer frente a su hipoteca. La promesa del vicepresidente consiste en facilitar la ampliación del plazo, a fin de que el importe de las cuotas pueda reducirse hasta límites soportables para las economías domésticas en apuros. Esa ampliación ya es posible ahora, pero requiere el pago de unas cantidades que no todo el mundo está en condiciones de asumir. Según la propuesta de Solbes, en el caso de que los socialistas vuelvan a gobernar tras el 9-M, las trabas económicas desaparecerán por completo, si bien no para todo el mundo, sino sólo para aquellos que más lo necesiten.

La medida, como ha reconocido su propio autor, es de una notable complejidad, habida cuenta de que afectaría a un proceso en el que, además del prestatario, intervienen la correspondiente entidad financiera, el notario y el registrador de la propiedad. Que todos ellos coadyuven a su aplicación puede parecer fácil sobre el papel, pero no lo es en la práctica, como están teniendo la oportunidad de comprobar quienes intentan acogerse al abaratamiento de los trámites de cancelación establecido en la ley hipotecaria que entró en vigor el 10 de diciembre del año pasado.

Quien esto escribe tuvo la oportunidad de amortizar anticipadamente lo que le quedaba de la suya a primeros de noviembre, pero decidí no formalizarla hasta la aprobación de la nueva ley. Una vez que apareció en el BOE, me dirigí a mi sucursal de Caja Madrid para poner en marcha la cancelación registral de la hipoteca, de modo que, a todos los efectos, la vivienda quedase libre de cargas. Pues bien, dos meses y medio después, Caja Madrid sigue sin activar el proceso, aduciendo que los servicios centrales aún no han distribuido entre sus oficinas los baremos que ahora son aplicables. De modo que, si no quiero seguir esperando, sólo tengo dos opciones: hacer una provisión de fondos conforme a los precios antiguos, me venga bien o no, o emplear parte de mi tiempo en realizar personalmente los trámites necesarios. Así que, al menos por lo que concierne a los clientes de Caja Madrid, aquella norma, anunciada a bombo y platillo por el Gobierno, ha quedado en agua de borrajas.