ANTONIO IZQUIERDO

Catedrático de Sociología

Y si tratáramos la humillación como un coste económico con cargo a la sociedad? ¿Y si decidiéramos cuantificar el daño que se hace cuando las personas son avergonzadas por sus conciudadanos como condición para cubrir sus necesidades básicas?, se pregunta Tony Judt en su libro Algo va mal.

Ahora que los flujos de inmigración se han reducido a la mitad y que el saldo neto con el exterior no llegó a los 50.000 el año pasado, el PP de Catalunya se vende al electorado con una propuesta ineficiente. Criminalizar el empadronamiento no conduce a regular las entradas, sino a desregular la permanencia. No limita el volumen ni su composición, sino que sumerge el stock. No genera seguridad, sino que produce marginación. El Padrón es un instrumento de regulación de los que están, pero no disuade de venir.

No reduce el ritmo de las entradas porque su intensidad depende más de causas ajenas que de males propios. El tiempo de nuestra crisis no es el de los países de origen de la migración. Y tampoco regula la cantidad porque la razón de la salida no es la sanidad pública. Conocen bien, por sus familiares, que cruzar la frontera es cada vez más caro y que los sueldos escasean más que la faena. Esta iniciativa alimentará la economía informal.

Clandestinizar a los que están, y no se van a ir, no es precisamente una política pública que genere tranquilidad colectiva. La población inmigrante legal también se verá afectada por esta medida y la identificación de sus hijos con España se resentirá. Toda política de inmigración que criminalice y margine a los adultos ha de tener claro que la exclusión se trasmite generacionalmente, y con ello perdemos todos. Las tres opciones que ofrecen los populares son: las catacumbas, las redadas de patrullas inciviles o la detención policial tras el aviso de los funcionarios del Padrón. Ni una idea socialmente positiva.

No sabremos, con exactitud, cuántos votos le acarreará al PP esta propuesta de poner el empadronamiento bajo vigilancia policial, pero se puede apostar que serán pocos. Hay varios competidores que, además, ya se le han adelantado. El electorado de esos otros partidos no cambiará el original por una copia tardía. Lo peor es que no estamos aprendiendo de la crisis. Los réditos inmediatos no compensan la destrucción posterior. En definitiva, se trata de una proposición ilegal, ineficiente y humillante.