Isidro López (@LumumbaJr ) y Emmanuel Rodríguez (@emmanuelrog)

Se presentó el viernes con este título: Un proyecto económico para la gente. Es interesante recalcar el «para la gente» porque ya obviamente se hace sin la gente. Aunque formalmente este documento se pretenda como un punto de partida para el debate ciudadano —o lo que es lo mismo, que este «proyecto» no es el «programa»— lo cierto es que, si nos queremos tomar en serio a Podemos, lo debemos considerar como sus fundamentos en materia económica.

En línea con lo que viene siendo la nueva orientación del partido, se nos propone un documento de «sabios». Dos expertos —atiéndase sólo dos para algo tan complejo como lo que debiera ser un giro económico de 180 grados— han preparado lo que va a ser el esqueleto del programa económico. Y lo han hecho desde posiciones muy determinadas. Como ya hemos escrito, sobre la discusión económica pivotan las alternativas políticas. Una elección económica siempre ha sido una elección política, pero a día de hoy esta afirmación clama al cielo.

Sin duda, el documento tiene algunos puntos fuertes, por ejemplo, un enfoque sobre el euro y Europa que huye del escepticismo habitual entre bastantes economistas críticos. También es interesante el papel central, aunque algo diluido, que tiene el impago de la deuda como condición para cualquier programa económico efectivo. No obstante y más allá de que podamos coincidir en las cuestiones normativas (los buenos deseos), las propuestas de Navarro y Torres se pueden definir en términos económicos como keynesianas, y en términos políticos como socialdemócratas.

La cuestión de fondo, y que luego veremos con algún detalle, está en determinar si socialdemocracia y keynesianismo pueden ser hoy formas de acercamiento siquiera adecuadas para tratar cuestiones como las del cambio del modelo productivo y las funciones del empleo. Antes de nada, es preciso aclarar una diferencia profunda de diagnóstico sobre el capitalismo financiarizado en las escuelas neokeynesianas y otras lecturas como las que aquí se sostienen. Para los keynesianos, la hegemonía financiera es un simple problema de desinversión. El problema reside en el poder que los propietarios del dinero, las finanzas, han logrado concentrar durante la era neoliberal. Este les ha permitido rehuir de su “tradicional función” en el marco capitalista: la inversión productiva. Según este esquema, los capitales se refugian en los mercados financieros donde todavía son capaces de acumular riqueza. Así pues basta con obligar políticamente a las élites, fundamentalmente mediante la fiscalidad, a cumplir con su función inversora para que la economía vuelva a crecer y a crear empleo en la cantidad suficiente como para revertir la crisis. En esta dirección van muchas de las propuestas de su documento, la mayoría imprescindibles pero insuficientes como mecanismos de orientación de una “economía para la gente”.

Las cosas se pueden leer, no obstante, de otro modo. Desde nuestro punto de vista, que además hemos explicado con profusión para el caso español, el proceso de acumulación de poder y riqueza de las élites financieras, refugiadas en los mercados financieros, es el resultado de un conjunto complejo de factores que se anudan en los años setenta. Fue en esta década, a caballo de un intenso ciclo de luchas sociales, creciente competitividad entre las viejas potencias industriales y agotamiento del ciclo keynesiano-fordista cuando surgió, en tanto solución capitalista, el neoliberalismo y la financiarización. Resultado de la inviabilidad de esa solución es la larga crisis de sobreproducción del aparato productivo capitalista que dura ya más de cuarenta años. Por concretar, el resultado de esta crisis es que cada vez que la inversión sale de sus cuarteles financieros, o de sus burbujas inmobiliarias o tecnológicas, se encuentra con un problema de bajísima rentabilidad y alta competencia en los sectores que deberían estar arrojando altas tasas de beneficio. Por eso, el capitalismo vuelve de forma reincidente a sus refugios financieros desregulados. En otras palabras, la inversión privada, más allá de los mercados financieros, las burbujas y la emigración a China, está desde hace décadas incapacitada para contribuir significativamente a la inversión productiva y al empleo. El capital tan solo ha respondido, y de manera insegura, a los llamamientos a la inversión mediante la masacre de sus costes salariales, sociales y ecológicos.

Esto puede parecer un oscuro punto del debate teórico, pero es fundamental a la hora de abordar cualquier posición económica que aspire a la transformación; algo que debiera importar, y mucho a Podemos, caso de que quiera configurarse como una opción real de ruptura. La polémica podría quedar resumida así: ¿empleo o desenganche del empleo (Renta Básica)? Desde el punto de vista económico, la opción por la Renta Básica tiene la voluntad de orientar los viejos asuntos de la igualdad social en términos de un cambio radical del modelo productivo y de la economía política de la financiarización. En dirección contraria, en el programa de Navarro y Torres, se apuesta por el empleo. De hecho, la RB desaparece de escena para convertirse en un “dinerillo” que se da a los pobres. La RB se convierte en Renta Mínima de Inserción.

En esta misma dirección, se puede considerar el papel que el documento de Torres y Navarro otorga a la inversión como motor de recuperación económica, según el clásico esquema de mayor inversión, mayor empleo, mayor consumo y por ende un ciclo virtuoso de crecimiento económico. La cuestión está en saber ¿cuáles son las condiciones hoy de generación de inversión? Lo más probable, en el marco del capitalismo financiarizado, es que la inversión privada no comparezca en el volumen necesario. Dicho de otro modo, lo más probable es que sea la inversión pública la que tenga que llevar el peso de la recuperación del empleo. Los sectores elegidos son los del Estado de Bienestar: sanidad, educación, dependencia. Nadie duda de que la inversión pública en estos sectores sea fundamental. Lo que sí es dudoso es que estos puedan ser el motor de la transformación.

La pregunta surge inmediatamente: cuánto dinero público requiere esta estrategia de empleo público para ser significativa y eficaz en el corto plazo (y entendemos que es una apuesta de emergencia). Mucho sin duda. Curiosamente, la Renta Básica puede ser una línea de recomposición económica más interesante. Esta se puede entender justamente como un mecanismo de pre-distribution, no como una renta de pobres, sino como un medio de activación económica y de los recursos productivos de una población hasta ahora sometida al empleo low cost y altamente precarizado. Para que se vea con un cálculo puramente orientativo, y por lo tanto pedestre. Un plan de empleo, fundamentalmente público, como el que se desprende del documento de Navarro y Torres para alcanzar las dimensiones necesarias para compensar los niveles desorbitados de paro y precariedad generalizada, tendría muy posiblemente unos costes muy similares, o incluso superiores, a los de la Renta Básica. No hay que olvidar que este programa, para tener un impacto significativo, no debería bajar de los dos millones de empleos públicos, o lo que es lo mismo más de un 10 % adicional del PIB.

Otra duda con lo que podemos considerar el aspecto clave del programa de Torres-Navarro es si un programa de empleo público de esta envergadura, en los sectores del Estado de bienestar, no va a encontrarse rápidamente con problemas de escalabilidad. Se trata de servicios que requieren de fuerza de trabajo cualificado. Y es evidente que en un año no se puede triplicar el número de médicos, profesores o cuidadores. En una previsión de escenarios, lo más probable es que este cuello de botella se supere mediante un viejo conocido del sistema productivo español: la inversión pública en infraestructuras. Por supuesto, aquí sería mucho más fácil encontrar el suplemento de la inversión privada, pero entraríamos en el terreno de una nueva burbuja inmobiliario-financiera.

Una tercera duda hace referencia a la posición del sistema de crédito en el documento de Navarro y Torres. Se habla, y mucho, de sistemas de crédito públicos y de “derecho al crédito” No hay nada en contra del crédito en sí, pero para sostener esa posición central del crédito hay que asegurar que los niveles salariales crecen lo suficiente como para soportarlo y no generar una nueva especie de “esclavitud por deudas” como la que estamos todavía viviendo.

También en el documento se habla mucho de reforzar los sindicatos, pero si adelantamos un escenario de debilidad de la inversión privada, por un lado, y de fuerte inversión pública, por el otro, lo más probable es que la fuerza sindical en el sector privado resulte inoperativa. Conviene no olvidar que el contexto seguirá siendo de atomización y precariedad, debido a la propia debilidad del capital. De nuevo aquí, la Renta Básica borra del mapa, literalmente, buena parte de los empleos precarizados. Es por ello la mejor base de negociación posible frente al capital así como para un nuevo sindicalismo apoyado en algo tan básico como “no temer morir de hambre si no trabajas”. Además con la RB se sentarían las bases para una nueva economía cooperativa no destrozada por las condiciones que fija el capital privado, algo que en el documento de Torres-Navarro apenas aparece de pasada.

Desde luego, la Renta Básica no está libre de problemas. Podríamos discutir sobre su aplicación en un solo país, por ejemplo. Quizás, el principal de ellos es que es más difícil de sostener electoralmente que el empleo público. Es un problema que afecta a todo lo nuevo. ¿Cómo competir con una figura política, tan conocida que es casi pop, como la socialdemocracia? Dado no obstante que el combate en torno al pago de la deuda no va a tener una solución inmediata, desde el punto de las finanzas es tan inaceptable un programa keynesiano de empleo como otro de desenganche del empleo y Renta Básica.

En último término, el problema central del documento Navarro-Tores está en su apuesta política. El keynesianismo nunca fue un programa de transformación económica, sino de conservación de un capitalismo en crisis atravesado por una fuerte lucha de clases. Hoy estas clases ya no existen como tales. Con ellas murió también el interés de las élites por regular una partida que saben ganada. Queda, por supuesto, la memoria viva de ese momento que en España es casi el mismo que el de la formación de la clase media en los años sesenta y setenta, con su prórroga en la década socialista de 1982-1995. A eso apela este documento, sin añadir prácticamente nada nuevo sobre los problemas del capitalismo financierizado y la fragmentación social actual.

Desde la perspectiva que aquí se pretende, apostar por mecanismos de desenganche del empleo es apostar por una formación política emergente. Es apostar sencillamente por la formación de nuevas clases (entendidas como sujetos políticos), a partir de la descomposición de las viejas clases medias. Se trata de un fenómeno que estamos viviendo de manera incipiente y que en España inaugura el 15M. Quizás pueda parecer complicado asumir esta posición. Pero Podemos sólo ha sido la primera expresión electoral de estos nuevos sujetos sociales y políticos. De forma consecuente, su política económica debería estar pensada para reforzar esta emergencia política. Paradójicamente, en la apuesta keynesina de Torres-Navarro, se vuelve a un pasado de regulaciones y recetas económicas muy por debajo de las posibilidades del momento: una suerte de modelo sueco de inversión pública, Estado de bienestar y políticas de empleo a escala nacional. Ni políticas de promoción de los tejidos cooperativos, ni una consideración de la financiarización como meollo del capitalismo actual, ni en definitiva refuerzo de la autonomía de los sujetos productivos frente al empleo precario. El giro socialdemócrata puede valer un tiempo para atraer viejos recuerdos de voto, pero malamente como política económica alternativa.