Hay asuntos en los que la ciudadanía va muy por delante de sus representantes políticos. El Gobierno anunció ayer que presentará antes del próximo mes de marzo una ley que regule el derecho a la muerte digna de los enfermos terminales. Por mucho que se indignen la Iglesia y los sectores más reaccionarios, la verdad es que una mayoría clara de ciudadanos no sólo apoya la regulación de ese derecho sino que apoyaría la legalización de la eutanasia, como demuestran todas las encuestas. El PSOE se comprometió en su programa electoral de 2004 a crear una comisión parlamentaria que estudiase las posibilidades de dar respaldo legal a la eutanasia, pero nunca más se supo. Quizá guiado por ese empeño en no irritar a la Iglesia (el mismo que envió también al “congelador” la anunciada ley de libertad religiosa), el Gobierno dará rango estatal a normativas que ya rigen en algunas comunidades autónomas como Andalucía o Catalunya, pero no aprobará la eutanasia. No es posible calcular los daños del escandaloso linchamiento al que fue sometido el equipo de urgencias del hospital madrileño de Leganés. Se han cumplido cinco años de aquel proceso que agitó el debate sobre la eutanasia al tiempo que sembró el temor entre los muchos profesionales dispuestos a evitar el sufrimiento al moribundo. Todo avance en la protección de los derechos del enfermo, de familiares y médicos merece ser bienvenido, aunque llegue tarde o resulte escaso.