Ayer el diario vasco El Correo, cercano al mundo empresarial, publicaba que la empresa Nuclenor (50% Endesa y 50% Iberdrola), propietaria de la central nuclear de Garoña, considera inviable economicamente la reapertura de la vieja central nuclear. Garoña, inaugurada en 1971 ha cumplido ya 46 años, y lleva cerrada desde 2012. Cada vez le quedan menos excusas al Gobierno para reabrir la central. El Ministro de Energía se ha dado seis meses para decidir qué hacer.

Paradojicamente en los últimos años de Garoña ha hecho más presión el Gobierno para su reapertura que la propia empresa. Acuciado por la voluntad de alargar la vida del resto de centrales nucleares, el Gobierno ha querido utilizar Garoña como excusa para justificar ese alargamiento de la vida de todas las nucleares. Pero ahora esa estrategia puede volverse en su contra.

Según las fuentes de Nuclenor que cita El Correo, las inversiones necesarias para poner en marcha la central la hacen económicamente inviable. Las cifras ascienden a una inversión estimada de 205 millones de euros, a sumar a los 330 milllones ya gastados en la central desde 2012, fecha en que dejó de producir electricidad por decisión empresarial.

Garoña no era necesaria desde el punto de vista energético: lleva cuatro años cerrada y nadie la ha echado de menos. Desde que se dio de baja en 2012 no ha habido ningún problema de abastecimiento energético. Su cierre definitivo no tendrá por tanto ningún impacto en la factura de la luz.

Su reapertura sería un serio riesgo para el medio ambiente y las personas, ya que a día de hoy no puede garantizarse su seguridad. Pero además hay dudas muy serias de que incluso con las inversiones requeridas por el Consejo de Seguridad Nuclear la central pueda funcionar de manera segura.

Por útlimo ahora sabemos que economicamente también es inviable, según la propia empresa propietaria, Nuclenor. Así que ya no quedan excusas para reabrir Garoña.

En las últimas semanas la oposición política y social contra Garoña no ha dejado de crecer. el Congreso de los Diputados ha votado en dos ocasiones (en el pleno y en la Comisión de Energía) por mayoría absoluta a favor del cierre definitivo de la central nuclear. Asímismo se han aprobado declaraciones en contra de Garoña en todos los Parlamentos autonómicos de Comunidades de la cuenca del Ebro, así como en numerosos municipios ribereños. Las movilizaciones sociales se suceden, sobre todo en el País Vasco.

El Gobierno debe ahora anunciar el cierre definitivo de la central nuclear. Pero el impacto que la operación “Garoña” puede acabar teniendo, quizás sea el contrario al esperado por sus promotores: con la central cerrada para siempre, y un Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) herido en su credbilidad, el objetivo de pavimentar el paso para el alargamiento de la vida del resto de nucleares, puede que no salga fortalecido, sino más dañado que antes de empezar.