De todos los bienes públicos que necesitamos diariamente, podemos afirmar que la energía (en sus diferentes formas, principalmente la eléctrica) es el más fundamental, puesto que difícilmente podríamos calentarnos, alimentarnos, educarnos, desplazarnos, trabajar y recibir atención médica sin él. Sin embargo, desde la oleada de privatizaciones en el sector eléctrico iniciada en 1998 en el gobierno de Aznar y Rato, hasta el último decretazo contra el autoconsumo de Rajoy y Soria, se ha venido configurando un marco político-legal-empresarial que ha hecho de la energía un bien privativo que de facto excluye en su acceso a más de 7 millones de españoles (pobres energéticos) y que al mismo tiempo constituye hoy uno de los negocios más lucrativos, después del financiero.

Un marco o sistema en el cual las tres mayores empresas eléctricas copan entre el 80% y el 90% del mercado (lo que representa un fenómeno de concentración oligopólica absolutamente singular en el entorno europeo) lo que además de constituir en sí mismo un atentado contra la "libre competencia" que populares y socialistas se han ufanado en defender como prioridad en sus sucesivos gobiernos, resulta a todas luces ineficiente social y económicamente, extremadamente caro y sucio. Es el ámbito de la energía de manera singular dónde se han producido los mayores pelotazos del capitalismo de amiguetes patrocinado especialmente por el gobierno del PP de Aznar-Rato primero y ahora de Rajoy-Soria, sin excluir por supuesto los gobiernos socialistas, que también participaron activamente en el mantenimiento y consolidación del modelo oligopolístico del mercado eléctrico español.

A pesar de que el PP se define como partido liberal y de centro, lo cierto es que en materia energética actúa como el más furibundo y autoritario regulador, pero eso sí, de manera selectiva y cuidándose siempre de no dañar a "nuestras" grandes multinacionales eléctricas: Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, E.ON España y EDP. Y es que a pesar de la crisis, de la bajada del consumo eléctrico y del incremento del precio de la energía, el oligopolio ha ingresado exultantes dividendos: sólo Endesa, Iberdrola y Gas Natural Fenosa obtuvieron unos beneficios netos de 7.125,5 millones de euros en 2014, un 20,8% más que los 5.896 millones de euros ganados en 2013.

El partido que se ha presentado como apologeta de la seguridad jurídica en aquellos países latinoamericanos donde las grandes compañías registradas en España operan, ha conseguido mediante sus nefastas decisiones (algunas de ellas simples continuadoras de las ya adoptadas por Zapatero) convertir a nuestro país en el estado europeo más demandado, con 23 demandas de arbitraje sólo en materia energética. Al mismo tiempo y sin demasiada extrañeza, hemos conocido recientemente que hasta 44 ex-cargos públicos del PP y del PSOE están en nómina de las multinacionales eléctricas españolas, en lo que representa el mayor ejemplo de colisión entre intereses privados y públicos que recordamos quienes nacimos despues de la Transición.

Para cerrar el verdadero asalto a la energía perpetrado por nuestras élites políticas, financieras y empresariales desde el proceso de liberalización del sector eléctrico iniciado por Aznar, el pasado día 9 de octubre y tras más de tres años de intentonas, el gobierno del PP aprobó el Real Decreto de Autoconsumo, que pretende consolidar un sistema de peajes sobre a la autoproducción energética y con ello obstaculizar la transición hacia un nuevo modelo energético. El Ministro José Manuel Soria es, recordémoslo, quién que se empeñó - contra todo consentimiento popular, contra toda evidencia científica e incluso contra la resistencia de la propia operadora REPSOL - en promover hasta sus últimas consecuencias la fallida operación de explotación hidrocarburífera frente a las costas de Fuerteventura, en Canarias, en su firma voluntad de convertir las islas en la gasolinera del Atlántico con los altísimos riesgos asociados de catástrofes ambientales, sociales y económicas como la que pude comprobar de primera mano tras el hundimiento del pesquero Naydenov. Es también aquel que se apresuró a cerrar un acuerdo indemnizatorio en el marco del gran desastre y pufo de Castor, por el que los contribuyentes pagaremos (factura de gas mediante) más de 1350 millones de euros en un cómodo plazo de 30 años a la empresa ACS, propiedad de un tal Florentino Pérez. No es otro sino Soria también quien renunció en nombre del Gobierno a cobrar las sobrerretribuciones de hasta 3.396 millones de euros (más de 4.500 millones si añadimos los intereses) que bajo la denominación de "Costes de Transición a la Competencia" (CTCs) adeuda el oligopolio eléctrico español al erario público, y ello sin contar las sobreganancias de las mismas compañías desde la configuración del sistema de apoyo al sector eléctrico (allá por 1996); todo ello a pesar de cinco recordatorios realizados por el organismo nacional regulador, así como de un informe de la Abogacía del Estado en el sentido de exigir esos dineros. Don José Manuel es asimismo quien sigue apostando por nuestra dependencia respecto de la producción nuclear, utilizando el encarecimiento del precio de la electricidad como gran argumento para convencer a la ciudadanía de la pertinencia de construir un almacén temporal para los residuos de la industria más peligrosa existente, aún y a pesar de los informes científicos que lo desaconsejan.

Estamos sin lugar a dudas en manos de gobernantes indolentes frente al desabastecimiento de los más desfavorecidos; personajes que funcionan al servicio de los objetivos empresariales de la patronal de la industria eléctrica, que han hecho de la energía un negocio a lo largo de sus vidas, y que no comprenden ni podrán comprender que el acceso a energía suficiente, asequible y no contaminante es un derecho humano fundamental.