La presentación de una moción de censura contra Rajoy, anunciada por Pablo Iglesias, se ajusta como el guante a la mano a la que, durante mayo de 1980, lanzó Felipe González contra Adolfo Suárez. En aquella ocasión, el presidente de Gobierno ni sabía ni pudo frenar la involución en marcha de los neofranquistas; en ésta, el presidente del Gobierno se niega a combatir la corrupción que corroe todas las instituciones democráticas. Coinciden ambas, antaño con González hoy con Iglesias, en la ausencia de una alternativa gubernamental a Unión de Centro Democrático ayer y al Partido Popular ahora. Aquella oposición socialista perdió aritméticamente la votación parlamentaria, pero la ganó políticamente. La sociedad española ansiaba escuchar una voz que expresara su inquietud por el peligro golpista tanto como hoy necesita escuchar un grito contra el volquete de estiércol en que se ha convertido el Partido Popular. Pablo Iglesias no emula a Hernández Mancha, que también presentó una moción de censura para darse a conocer, sino que recuerda a Felipe González.

Presidencia de Gobierno que conocía las actividades delictivas de los hampones de su amplia organización criminal en Madrid, Justicia que los informaba sobre las investigaciones judiciales, Interior que los recibía en los despachos oficiales, no han dado aún una mínima explicación verosímil sobre estas conductas atípicas en un país de la Unión Europea. De no ser por la profesionalidad de los agentes de la Guardia Civil, que han realizado todo un trabajo impecable, y de los jueces y fiscales, que se han rebelado contra los fiscales abogados de los delincuentes, no se encontrarían en Soto del Real la cuerda de presos del Partido Popular. Rajoy niega la evidencia cuando coloca sobre su Gobierno las medallas de la lucha contra la corrupción que pertenecen sólo a los funcionarios policiales y judiciales.

Sorprende, precisamente por ello, que desde parte de la oposición se mantenga una complicidad con el Gobierno– Ciudadanos y PSOE–, o una equidistancia con el PP– soberanistas catalanes y nacionalistas vascos– cuando una incesante ola de indignación ciudadana estalla en la sociedad española. No se entiende que las muy legítimas diferencias, tácticas o estrategias, les impidan sumarse a una iniciativa contra el Gobierno que promueve, ampara y tapa su propia corrupción. Hoy lo prioritario, socialmente hablando, es presentar una enmienda a la totalidad del Gobierno de Rajoy inmerso en el estercolero del PP. Que los intereses de la Gran Coalición sean situados por encima de los intereses de todos los ciudadanos se comprende, únicamente, por su negativa a reconocer que se equivocaron cuando invistieron a Rajoy presidente de Gobierno.

No es, por supuesto, la única causa. Albert Rivera es coherente en su complicidad porque busca no estorbar con una moción de censura la operación opaca que el IBEX prepara para desahuciar a Mariano Rajoy de la Moncloa. ¿Por qué de la noche a la mañana estallan a la vez una ristra de corrupciones protagonizadas por algunos ministros, hermanos de ministros, delegados de gobierno, altos cargos, periodistas, diputados, asesores y periodistas ? Muy probablemente, ha sido el azar en combinación con la necesidad, como bien diría Jacques Monod, el que ha levantado la veda para está inesperada montería destinada a limpiar, si es que todavía es posible, o sustituir una organización que es el brazo político de una organización criminal. Corre Ciudadanos, que es el beneficiario de esta catarsis, el riesgo de perder su virginidad incorrupta en esta carroña acumulada que es el PP.

No ocurre lo mismo con el PSOE, aunque es bien evidente el histórico error de la Gestora al abstenerse en la investidura de Rajoy. Su problema principal, no obstante, se concreta en los apellidos Chaves y Griñán. Si no es concebible, y ya se sabe que no lo es, que Rajoy o Aguirre no supieran nada de las andanzas delictivas de Bárcenas o de Nacho González, igualmente no lo es que Susana Díaz ignorase lo que sucedía con los ERES en Andalucía. Con esa mochila que le han traspasado sus dos padrinos políticos, predecesores suyos en la Junta, no puede arriesgarse a una moción de censura que sería un bumerán contra la lideresa andaluza. Ya se sabe, perro no muerde a perro. Mucho menos cuando una moción de censura obliga a Rajoy a dar explicaciones ante un Pleno del Congreso que Susana Díaz quería acotar sólo en una mera comisión parlamentaria. Es una complicidad personal, puesto que el mismo Rubalcaba amagó en el 2013 con una moción de censura si Rajoy no comparecía en el Pleno sobre Bárcenas.

Cuestión distinta es la equidistancia de los nacionalistas periféricos. En vísperas de un referéndum de la Generalitat, tanto Oriol Junqueras como Puigdemont aprovechan la ocasión para mezclar los churros soberanistas con las merinas de la corrupción. En cuanto al PNV, practica la insolidaridad política con el resto del estado español pese a que la Constitución sólo les reconoce la insolidaridad fiscal. Coherentemente con sus cinco escaños vitales, muy bien pagados por Rajoy, se desentienden en las Cortes del grave problema de la corrupción en España como lo hicieron en Santoña de la suerte de la II República Española, rindiéndose a las tropas de duce Mussolini en 1937. Sin olvidar, además, su IBEX conection en manos del alquimista Josu Jon Imaz.

Pese a todo, corruptos, cómplices y equidistantes van a tener que retratarse en el debate sobre una moción de censura que, nadie lo duda, precederá a nuevos escándalos y a la próxima declaración judicial del presidente Rajoy, en la que se verá obligado a decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad a las preguntas de la acusación, so riesgo de verse imputado. Suárez tuvo que dimitir un año después de haber ganado la votación de la moción de censura. ¿Cuánto aguantará Rajoy en presentar la suya tras ganar ésta?