Entre partidos tan dinásticos como el PP y el PSOE no hay mejor acepción que la de borbonear para describir certeramente lo que el presidente del gobierno acaba de hacer con el secretario general socialista; precisamente cuando una comisión territorial, propuesta por Ferraz, va a iniciar sus trabajos en el Congreso de los Diputados. Aceptada ayer por Rajoy, como señal de la compraventa del apoyo de Sánchez al 155, ha sido devaluada hoy por el líder de los populares al sentenciar muy claramente que "nunca he sido partidario de la reforma de la Constitución". El PP admitió este paripé parlamentario propuesto por el PSOE, la Moncloa paga a quienes le sirven, pero su compromiso nunca ha ido más allá de lo meramente enunciativo. Así, veinticuatro horas antes del inicio de la comisión, se confirma la previsión de su inutilidad, formulada por los grupos parlamentarios de Podemos, PNV, Esquerra y PDCat, que se han negado a participar.

Las condiciones que Sánchez ha admitido ahorran cualquier necesidad de explicar por qué la citada comisión nace muerta. ¿Qué validez puede tener su convocatoria con un telón de fondo presidido por once presos políticos, la aplicación del 155, la comunidad catalana intervenida y todo un gobierno interventor, con una virreina madrileña, de un partido político casi inexistente en la sociedad catalana? Es evidente que cualquier reforma constitucional exigiría hoy un marco análogo al que había en la redacción de la Constitución de 1978, donde previamente los presos políticos habían dejado de serlo y el presidente de la Generalitat había vuelto del exilio. El impresentable contexto político actual aborta cualquier texto, con independencia de la intencionalidad que aliente al partido socialista.

Además, parece difícil, por no decir imposible, que tres partidos monárquicos– PP, PSOE y Cs– impongan nuevas reglas de juego a todos los restantes partidos republicanos, de izquierdas o soberanistas. Sería tanto como volver a la etapa preconstitucional, presidida entonces por Carlos Arias Navarro, actual predecesor de Mariano Rajoy. Creer que, gracias a la manipulación mediática, hoy podrían imponer lo que no pudieron entonces, es una grave equivocación del trío dinástico Rajoy, Sánchez y Rivera. Calcular que mañana, Podemos, PNV, Esquerra o PdCat podrían sumarse a esta comisión parlamentaria, es subestimar la profundidad de la seria crisis que padece hoy la sociedad española. Tan cierto como que para la Moncloa el 155 vale esta misa parlamentaria, lo es que apenas pasará del introito y, desde luego, no llegará al ite missa est.

A lo que hay que añadir los proyectos divergentes del bloque monárquico. PP y Cs apuestan por la recentralización del Estado autonómico como respuesta al soberanismo vasco y catalán, mientras tanto el PSOE, que ha sustituido la plurinacionalidad del Estado español por el gobierno de la diversidad, se agarra a un federalismo muy vago, ambiguo e inconcreto que nunca despeja las dudas fundamentales sobre su simetría o asimetría. Con un Rivera muy crecido ante el nacionalismo catalán y un Pedro Sánchez disminuído por el nacionalsocialismo andaluz de Susana Díaz, esta reforma constitucional que anuncian no tardaría mucho en desembocar en una reforma preconstitucional; es decir, iríamos para atrás. Ni tampoco la indecente reforma del 135, que establece como primera obligación constitucional el pago de la deuda alemana, sería derogada. En resumen, es una comisión que ha nacido coja, ciega y tuerta.

No hay mejor prueba de la intención borboneadora de Rajoy que su manifiesta resistencia a la convocatoria de cualquier referéndum que pueda dar la palabra y el voto a los ciudadanos. Precisamente porque toda reforma constitucional debe pasar por las urnas que la convaliden, la Moncloa es absolutamente reacia a su apertura. En este muy grave escenario político, donde la corrupción sistemática institucionalizada del PP se combina con la sumisión incondicional del PSOE, convocar un referéndum sería tanto como abrir la Caja de Pandora, que facilitara la expresión de un masivo rechazo social a los partidos dinásticos responsables del serio deterioro económico, político e institucional del Estado español. Por tanto, Rajoy sabe muy bien de lo que habla, por la cuenta que le trae, cuando dice no ser partidario de reformar la Constitución.

Es evidente que el presidente del Gobierno no ha tenido más remedio que borbonear a Sánchez, era el precio a pagar antes de proceder a la redada de presos políticos, porque como bien dice Pepote de la Borbolla, asesor de la lideresa Susana, "con las cosas del comer no se juega". No está hoy la II Restauración de los Borbones en su mejor momento, ni los partidos dinásticos en su mejor etapa para jugar a referendos constitucionales. Cuando los de abajo empiezan a dar señales de no querer a la vez que los de arriba comienzan a darlos de no poder, Santa Teresa de Jesús aconsejaría no hacer mudanza en tiempo de tribulaciones. La extraordinaria yuxtaposición de las tres crisis– la corrupción, la desigualdad social y los agravios territoriales–, puede ser letal para el régimen del 78. Como buen registrador de la propiedad, más que como mal presidente de Gobierno, Rajoy lo sabe y por ello anda con los pies de plomo borboneando.