La enmienda que el Partido Popular registró in extremis el martes en el Congreso de los Diputados, para prohibir el indulto para condenas por rebelión o sedición, es un nuevo paso en dirección al Estado Penal con el que Rajoy plantea sustituir el Estado del Bienestar, desde que accedió a la Moncloa en aquel 2011. Con una finalidad social, entonces, con una finalidad política, ahora, y un claro objetivo, ayer y hoy, claramente electoral. Coloca a Rivera, con el que mantiene un pulso por la hegemonía de la derecha, bajo la batuta de la Moncloa, incomoda a Sánchez e Iglesias que han decidido apartar la cuestión nacional de su agenda, como si eso fuera posible, y enfrenta al Partido Socialista Catalán, que defendió los indultos a los soberanistas en plena campaña electoral, con el PSOE tentado de redoblar el respaldo al 155 con un nihil obstat a restringir el derecho al indulto.

Rajoy se apunta un nuevo tanto en su pugna punitiva con Rivera. Es el Partido Popular quien vuelve a adelantarse a Ciudadanos, como ya se adelantó en la no derogación de la prisíón permanente revisable, con una inciativa inserta en la estrategia de cerco, acoso y derribo del soberanismo por desafiar, desde las instituciones catalanas, la legalidad constitucional. Que pueda ser una propuesta oportunista, que lo es, no resta ninguna coherencia al Gobierno que prepara un macrojuicio, al modo del celebrado con los acusados por el golpe de Estado del 23-F, contra la cúpula soberanista encarcelada o exiliada. Si fuera votada esta reforma de la Ley de indulto, que no lo sería sin el apoyo de Ferraz, todos los dirigentes independentistas catalanes que fuesen condenados se verían privados del derecho al indulto. Una nueva vuelta de tuerca de indudable apoyo social en toda España, menos en Cataluña.

Dos errores consecutivos de Sánchez e Iceta sirven de percha a Rajoy. La reforma de la ley de indulto de 1870 fue un ingenuo compromiso electoral de Pedro Sánchez para prohibir esta medida de gracia para los condenados por corrupción o violencia de género, en una sociedad como la española tan marcada por las muy peculiares concepciones penales de la derecha más reaccionaria de Europa. La propuesta de indultar aquí y ahora a los líderes soberanistas presos fue una torpe propuesta de Miquel Iceta en la campaña electoral catalana, cuando no había como aún no hay condenas, en un más que probable intento de atraer el voto del electorado de Unió mediante la inútil inclusión de Ramón Espadaler en las listas de candidatos socialistas. La Moncloa solo se ha limitado a darle la vuelta a ambas proposiciones.

Es toda una trampa saducea para la oposición salvo Ciudadanos, que únicamente lamenta que el Partido Popular empiece hoy a adelantarles por su derecha. Oponerse a la reforma del PP sería presentado por la Brunete Mediática como una prueba inequívoca de querer indultar a todo el proceso independentista, votarla sería tanto como sumarse a la amplia cohorte del Cid Campeador que, en palabras del líder del PNV Andoni Ortúzar, galopa de nuevo por Madrid. Malo lo primero, peor lo segundo. Porque no es lo mismo defender el 155 ,o no criticarlo, que negar el derecho de indulto a quienes seguramente serán condenados. Con la agravante de que en este caso ni siquiera han sido consultados. Más aún ni han sido avisados. Su problema es que si tragaron, por acción u omisión, durante este último trimestre se ven abocados a tragar más so pena electoral.

¿Dónde queda hoy toda la tradición jurídica en favor de la redención de condenas? Pecata minuta para los leguleyos de la Moncloa. Si sortearon ayer el Consejo de Estado o el Tribunal Constitucional, no va a ser hoy una propuesta legislativa, que de ser aprobada lo sería por una clara mayoría del Congreso de los Diputados, la que remuerda la conciencia de la Moncloa. Con la inestimable ayuda de Ciudadanos, que marea la perdiz con una imprescindible reforma electoral que nunca llegará, ha iniciado una maniobra envolvente tendente a consolidar el Estado Penal en su dimensión política. El estado de la cuestión de la cuestión de Estado se resume hoy en ese Estado Penal. Quien no lo vote, es el chantaje del PP, será denunciado ante una muy mayoritaria opinión pública nacionalista española como indiferente o contrario a la unidad de España.

La ilegalización de partidos electos podría ser la siguiente medida. Si el 155 es una copia literal de la Constitución de la República Federal Alemana, también existe en Berlín una extraordinaria jurisprudencia relacionada con la prohibición de partidos políticos cuyo ideario se muestre radicalmente contrario a los valores y principios de la Constitución en vigor. En diarios muy cercanos a la Moncloa se recuerda de vez en cuando, cada vez con más insistencia, el ejemplo prusiano. Es, desde luego, el último recurso que Rajoy, hombre prudente, quiere evitar; pero no es casual que el reputado catedrático Francisco Sosa Wagner, muy próximo a Ciudadanos, terminara su reciente reflexión sobre la ilegalización de esos partidos electos con la clarificadora pregunta : ¿Podremos albergar los españoles la esperanza de que algún día dejen de burlarse de nosotros?