Un estudio subraya que el índice de corrupción entre los españoles ha crecido diez puntos, desde el inicio de la crisis económica. Es considerado el segundo problema del país, tras el paro. Se tiene la sensación de que las élites son impunes. Sensación que se acrecienta al ver como algunos Partidos Políticos colocan en sus listas electorales a imputados en casos de corrupción, con el claro objetivo de proporcionarles aforamiento.

El Partido Popular presenta al Senado, por Guadalajara, a un candidato que tiene en su haber siete imputaciones por prevaricación. Juan Pablo Sánchez-Seco está acusado de varios delitos de prevaricación, durante su mandato como alcalde de la localidad alcarreña de Pastrana, al haber concedido licencias de obra para construir en suelo público. También la candidata del Partido Popular al Senado, por la isla de Tenerife, Milagros Pérez, está imputada por un presunto delito de prevaricación, durante su época de alcaldesa de Santa Úrsula. Según el Ministerio Público “procedió a acordar la contratación en repetidas ocasiones de personal, a pesar de las advertencias formuladas por el interventor accidental, la secretaria y algunos concejales… una vulneración consciente de los principios de publicidad, mérito, capacidad e igualdad, así como la normativa específica sobre la materia”. En su declaración ante la Guardia Civil, uno de los beneficiarios reconoció que su contratación en el Ayuntamiento se produjo “en agradecimiento a su colaboración por la ayuda que prestó durante la campaña (electoral) del PP”. La candidata de Coalición Canaria al Senado, Claudia Morales, está imputada por dos causas judiciales, el caso Baku, por un presunto delito de prevaricación y de malversación de caudales públicos y la oposición de trece plazas de Bomberos del Municipio de La Oliva, Fuerteventura, por supuestos delitos de prevaricación y violación de secreto. En la hemeroteca encontramos la prepotencia de esta mujer al declarar, hace algunos años, “si todos los imputados de CC, PP y PSOE tuvieran que dimitir se quebraría el Estado de Derecho”. Parece desconocer que una de las funciones básicas del Estado es proteger los derechos de los individuos contra los abusos de cualquier índole incluyendo aquellos que podrían ser ejercidos por el gobierno. La única manera posible de luchar contra la corrupción es a través del Estado de Derecho.

La lista de imputados que se presentan en las próximas elecciones, con el propósito de aforarse, no es precisamente cortita, todo lo contrario, hay un largo etcétera. El aforamiento es un privilegio de los poderosos. Parte de una contradicción, dado que el art. 14 de la Constitución proclama que los ciudadanos españoles son “iguales ante la ley” sin que ninguna circunstancia personal o social pueda variarlo, mientras que el art. 71, de la misma Constitución, estipula que diputados y senadores gozarán de inviolabilidad o inmunidad salvo en caso de flagrante delito en cuyo caso no podrán ser inculpados ni procesados sin que lo autorice la Cámara, para ir directamente ante el Tribunal Supremo, privilegio este último que el art. 102 amplía a los miembros del Gobierno aunque no estén en las Cortes.

Numerosos juristas señalan que las causas contra aforados no pueden investigarse con un mínimo de rigor por motivos tales como que el juez instructor ordinario no puede investigar cuando tiene las facultades y oportunidades de hacerlo ya que al tratarse de una aforado tiene un freno a su investigación, por razón de competencia objetiva que, en el fondo, es lo más subjetivo que existe; el proceso se eterniza cuando tiene que pasar de un tribunal a otro; se genera la sospecha de que la justicia no es igual para todos y el hecho de que los Magistrados del Tribunal Supremo son designados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), de cada cinco plazas vacantes, cuatro se designan entre magistrados y la quinta entre juristas de reconocido prestigio, apareciendo la duda de la independencia del CGPJ dado que funciona según cuotas de los partidos políticos al igual que ocurre con el Tribunal Supremo. En las Salas de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia, que son las encargadas de enjuiciar a los altos cargos autonómicos se da la paradoja que una de cada tres plazas de estas Salas se cubren por un jurista, no juez, designado por el CGPJ sobre una terna presentada por el propio Parlamento autonómico, es decir, el posible imputado elige quién le va a juzgar.

Además de estar aforados los ya nombrados, miembros del Gobierno, senadores y diputados, también gozan de este privilegio los máximos órganos judiciales y todos aquellos reconocidos en las diferentes Autonomías. En total se habla de unos 10.000 aforados en España. Dato que contrasta con los cero aforados en el Reino Unido, Alemania o Estados Unidos. En otros países como Italia o Portugal sólo está aforado el Presidente y en Francia se restringe al Ejecutivo.

Mientras en el Reino Unido la reina no está aforada en España el Partido Popular corrió a aforar a Juan Carlos I, al abdicar del trono, y a algunos miembros de la Casa Real con la connivencia del PSOE. Seguramente en previsión de que aparecieran declaraciones como la de Diego Torres, imputado en el caso Noos, que manifestó ante el Juez Castro que “está implicada toda la familia Real”. Según diferentes medios de comunicación Diego Torres relató como Juan Carlos de Borbón era el “conseguidor”, Cristina era “asesora deportiva”, Felipe VI el “presidente de honor”, la infanta Elena “asesora cultural” y hasta Sofía de Grecia “tenía una cierta vinculación al proyecto, aunque en este caso fuese de orden menor”. También declaró “ha quedado meridianamente claro que el rey ha jugado un papel central en este proyecto de Urdangarin. Conocía perfectamente la iniciativa, tanto de forma informal como de modo oficial tras las presentaciones del propio equipo. Realizó gestiones con Francisco Camps para asegurar que Ayre pudiera disponer de la base adecuada en el puerto de Valencia. Realizó contactos personales con presidentes de grandes empresas para apoyar la búsqueda de patrocinio. Y, finalmente, llegó a encontrar un patrocinador único dispuesto a aportar 110 millones de euros; un patrocinador que era nada menos que una casa real de oriente medio, al que nadie, salvo la familia real española, hubiera podido tener acceso. Y todo ello mientras se mantenía en permanente y fluida comunicación con su yerno”.

El Partido Popular no sólo apoya el aforamiento sino que lo amplia. Es necesaria y urgente la revisión de los aforamientos, que generan importantes dilaciones procesales y cuya única justificación es dar un tratamiento procesal especial a quienes ostentan un determinado cargo. Además debe evitarse que los aforamientos entorpezcan las diligencias de instrucción facilitando la ocultación o destrucción de pruebas. Los aforamientos obligan al juez de instrucción a circunvalar a la persona aforada y le impiden adoptar medidas limitativas de derechos respecto al mismo, entradas y registros, intervenciones telefónicas, etc… lo que dificulta notablemente las investigaciones. Es necesario un incremento de los medios personales y materiales de la Fiscalía Anticorrupción con un nuevo marco orgánico y procesal que refuerce su independencia y su papel en la investigación de los delitos y la creación de equipos de auténtica policía judicial con agentes a las órdenes directas de jueces y/o fiscales con un estatuto que impida que puedan ser removidos de su cargo hasta que finalice la instrucción, salvo autorización del juez instructor, o fiscal, y siempre con los medios adecuados y más avanzados. Es fundamental la ampliación del plazo de prescripción de los delitos de corrupción y la introducción tanto del delito de enriquecimiento ilícito o injustificado de cargos públicos durante su mandato como del delito de financiación ilegal de partidos políticos. La agravación de las penas de ciertos delitos relacionados con la corrupción y de las penas por conductas que indirectamente amparen, oculten o faciliten la corrupción. Así como la limitación o prohibición legal de la suspensión o sustitución de la pena en caso de delitos de corrupción, salvo casos muy excepcionales y siempre condicionados a la devolución de las sumas malversadas o apropiadas. Estas son sólo algunas de las medidas que se deberían introducir y aplicar pero que la mayoría de políticos que ostentan representación prefieren ignorar, sobre todo los que están imputados o los que militan en partidos políticos que los protegen.

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