Estamos ante el 23-F judicial. Ayer fue un día negro para la igualdad de los españoles ante la ley. El cuñado del Jefe del Estado ni siquiera ingresa en prisión provisional, se esperaba, ni tampoco deposita fianza ni entrega su pasaporte, lo que en absoluto se esperaba. Condenado por varios delitos– prevaricación, tráfico de influencias y fraude a la administración pública–, continuará en su residencia suiza sin más obligación que la de presentarse el primero de cada mes ante las autoridades helvéticas. Horas antes de que se conociera que Urdangarín se va de rositas, el cesado fiscal de Murcia, Manuel López Bernal, que ha osado investigar al presidente de la comunidad murciana, denunciaba intimidaciones en sus tareas profesionales. El día anterior, se publicaba la muy larga lista negra de fiscales purgados por Rajoy.

Quien haya decidido, tras la absolución de la hermana del Jefe del Estado, que el cuñado siga libre, debe ser un buen topo republicano. Nada puede ser hoy más perjudicial para la imagen de los Borbones, que detentan la jefatura estatal, que reeditar la tradición familiar del borboneo. Cuesta trabajo tragarse que Cristina se vea limpia de polvo penal y paja judicial, pero ver ahora a Iñaki alegremente pedaleando por los lagos suizos es de aurora boreal. Al final, aquí quien ha pagado ha sido únicamente el padre Juan Carlos, que se vio obligado a tener que abdicar tras el estallido del caso Nóos. La conclusión ciudadana es obvia. Quien la hace la paga, salvo que cuente con patente de corso institucional, financiera o política.

Buena prueba de ello es la depuración de los fiscales que lleva a cabo Rajoy con el mazo del nuevo Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, naturalmente designado por el dedo del presidente del Gobierno. Además del mencionado fiscal de Murcia, que ha sido purgado por investigar al presidente pepero Pedro Antonio Sánchez, caen además, entre otros, el Fiscal de la Audiencia Nacional, el Fiscal Anticorrupción, el Fiscal de Andalucía y el Fiscal de Euskadi. Por supuesto que, oficialmente, se trata de un relevo; pero la cadena de sumarios corruptos anexos a todas estas fiscalías es demasiado importante para que, aquí y ahora, se proceda a estos cambios. La denuncia de las presiones que sufren los fiscales, formulada por López Bernal, multiplica las muchas dudas sobre la purga. ¿Por qué ahora cuando se investiga al socio de Rajoy al frente de la comunidad de Murcia?

Da toda la impresión de que Rajoy y sus ministros, Catalá y Zoido, tratan de impulsar el modelo Horrach en el trabajo de todas las fiscalías. Es decir, el fiscal abogado de los acusados de alto copete que le toca teóricamente acusar. Pedro Horrach, como fiscal en el caso Nóos, impartió toda una brillante lección de como se puede acusar defendiendo a la infanta Cristina. Hasta tal punto, que no se sabe quien fue más eficaz en su defensa, si el brillante abogado Miguel Roca o el no menos brillante fiscal Horrach. Todo un aviso para navegantes fiscales que se vean obligados a navegar por las procelosas aguas sucias de los incontables sumarios sobre los corruptos cogidos in fraganti o por coger. Porque, como dice Rajoy, son casos aislados, que no deben manchar la imagen de una gran nación como España.

El subconsciente de Rajoy le jugó una mala pasada cuando, para responder a la infinita lista de corrupciones del PP leída por Pablo Iglesias, aludió a Robespierre para descalificarle. No hace falta ser el Incorruptible, ni estar en la Convención Nacional, ni ser sansculottes o tricotteuses, para poder denunciar las sistemáticas prácticas sobrecogedoras de la Moncloa. Ni una firme lucha contra la corrupción aterroriza a nadie más que a los sinvergüenzas que, por cierto, es el grito popular con el que fue acogido Urdangarín a su entrada y salida de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca. Lo que es bastante grave es que, hoy por hoy, al igual que nos encontramos de nuevo en una burbuja inmobiliaria, como consecuencia de la ausencia de un modelo productivo, nos vemos también envueltos de nuevo por otra burbuja corrupta, como consecuencia de la ausencia de una lucha contra la corrupción.

No basta con pedir la dimisión de Pedro Antonio Sánchez o la comparecencia parlamentaria del trío Rajoy, Catalá y Zoido. Es hoy tan obligado pedirla como insuficiente. Sin emplazar políticamente a la Moncloa, no son más que fuegos fatuos. Solo Ciudadanos y el PSOE, socios de la Gran Coalición, pueden hoy terminar con este gobierno de la cleptocracia. Pedírselo a un Albert Rivera es inútil, está para lo que está, pero sí cabe pedirlo a quienes con las dos manos mecen la cuna de la Gestora socialista. Si existe un "no es no" que ningún militante socialista cuestiona es, justamente, el" no es no" a la corrupción. Apenas a poco más de dos meses de la celebración de las primarias socialistas, asombra que no perciban el irritado desasosiego de la ciudadanía ante este 23-F judicial protagonizado por la purga fiscal de Rajoy y el borboneo de Urdangarín.