La democracia y la sociología tienen en común una parecida voluntad de querer representar a la sociedad. Aquella para cumplir su cometido político: que el kratos o poder esté efectivamente en manos de personajes más conectados con el demos o gentes, tal como no cesan de prometer y fallar nuestros electos. En cuanto a la sociología, para cumplir con los estándares científicos: que las muestras contengan las mismas características que el universo de población. Sin embargo, en ambos casos, eso de sustituir algo por una re-presentación, como la cosa por un signo, trae consigo el apartamiento de la presencia y genera el consiguiente anhelo de volver a ella, aunque siempre frustrado, pues dicho deseo tiende a articularse utilizando aquello que lo frustra. Y es que la presencia sólo puede autopresentarse. El problema es que esta solución resulta inoperante en términos políticos y es un sinsentido en términos científicos. Lo mismo ocurre cuando el mundo, en toda su brutalidad y crudeza, emerge entre las palabras que pretenden suplantarlo. Sólo el silencio en la lengua, la acracia en política y la ignorancia en la ciencia pueden permitir “gestionar” esas autopresentaciones.

De todas formas, más interesante que constatar los límites del orden instituido en relación con las presencias es ver los esfuerzos, aunque sean vanos, por contactar con ellas. Esta mirada permite ver, por ejemplo, la enorme distancia que aún separa a la democracia de la sociología y el camino que a aquella aún le queda por recorrer. En efecto, mientras la representación de la sociedad que acoge la democracia a través de los procesos electorales tiene que ver con individuos (aislados, independientes y con opiniones propias y personales) a los que se considera como unidad de cuenta, tal como hacen también las encuestas (por eso son útiles para prever los resultados de las elecciones), la sociología reconoce tres niveles superiores de re-presentatividad que exigen otras tantas clases de técnicas de investigación que apenas tienen equivalente político.

En primer lugar, la sociología intenta representar las relaciones que los individuos entablan entre sí, por lo que se da por hecho que las opiniones, por ejemplo, no son de cada uno de los individuos, sino resultado de las conversaciones entre ellos. Esta suposición es la que justifica el uso de técnicas cualitativas de investigación social como los grupos de discusión. En el ámbito político sólo ha aparecido esta representatividad relacional cuando se ha decidido mirar más allá del individuo, lo que ocurrió, por ejemplo, al prestar atención al conflicto entre empleadores y empleados (creando instancias jurídicas para ellos, reconociendo la necesidad de tratar con sus agentes para tomar decisiones, etc.) o cuando en la actualidad se ha decidido contar con otros colectivos en conflicto a los que, si bien con menos recursos y decisión institucionales, también se ha intentado amparar (las mujeres, los jóvenes, los inmigrantes, etc.). El problema es que, en las democracias liberales que tenemos, esta representatividad grupal, cuando realmente se ha llevado a cabo, por ejemplo, con los asalariados, siempre ha pesado mucho menos que la individual. Por eso al Estado le suelen temblar tan poco las piernas a la hora de cercenarla. Las dos últimas reformas laborales (una de Zapatero y la otra de Rajoy) son un magnífico ejemplo de ello.

En segundo lugar, la sociología y la antropología también intentan representar los contextos culturales en los que se desenvuelven los individuos y sus relaciones proporcionándoles más cualidad. Así ocurre con técnicas de investigación como las historias de vida o la observación participante. Cierta política parece haber intentado acoger esta otra dimensión de lo social con su discurso multiculturalista, pero lo cierto es que la xenofobia, las dificultades para tratar con los nacionalismos sin Estado y los problemas para terminar de admitir a otras religiones, etc., muestran que al ya escaso deseo de representar esta realidad no le alcanza el aún menor traje institucional que tenemos. En efecto, esta representatividad no tiene apenas cobertura ya que, por ejemplo, no hay tribunales “culturales” análogos a los encargados de dirimir conflictos laborales. Igualmente faltan actores políticos oficialmente reconocidos que den desarrollo a dicha representatividad, como ocurre con los sindicatos respecto a los trabajadores. Y tampoco hay, por lo tanto, negociaciones asumidas por el sistema, como ocurre con las protagonizadas por trabajadores y empresarios para acordar “convenios colectivos”. La cuestión catalana es un magnifico ejemplo de esta triple dificultad.

Finalmente, las ciencias sociales han tratado también de representar la capacidad de cambio (de los individuos, sus relaciones y los contextos). Lo han hecho, además, reconociendo a los “objetos” de investigación capacidad para reflexionar e intervenir por ellos mismos, de un modo autónomo, lo cual ha obligado tanto a los “sujetos” investigadores como a los propios profesionales de la política a reducir su protagonismo. Así sucede con la denominada Investigación-Acción-Participativa, el Análisis Institucional o el Sociopsicoanálisis. Aunque es cierto que estas técnicas, debido a las resistencias de las estructuras de poder de la sociedad, tienen más fama que éxito, aún han aventajado mucho a las experiencias políticas que han utilizado una representatividad parecida, desde la mediación en conflictos medioambientales o de otro tipo a los presupuestos participativos. Unas veces no han funcionado porque los resultados de tales dinámicas no han sido aceptados por las instituciones. Es el caso, por ejemplo, de los conflictos derivados de los proyectos de construcción de embalses. Otras veces, porque las gentes, por el motivo que sea, no han mostrado mucho interés en participar. Así ha ocurrido con los presupuestos participativos, tanto en Porto Alegre, su lugar natal, como en otros lugares. El caso es que esta avanzada “representatividad”, bastante cercana a la “autopresentación”, tampoco ha tenido mucho hueco institucional.

En definitiva, la democracia, sin hacer mucho caso a sus parientes de las ciencias sociales, sigue arrastrándose con criterios de representatividad decimonónicos que ningún sociólogo ni antropólogo incorporaría a sus investigaciones, pues apenas da cuenta de, al menos, una cuarta parta de la actividad social. Por su parte, la ciencia social, por más representatividades que incorpore, es imposible que pueda asumir esa autopresentación a la que tiende, pero no termina de llegar, pues entonces tendría que desaparecer y dejar absolutamente libre a sus objetos. Las ciencias sociales están en este límite, propio del siglo XXI. La democracia, en cambio, aún está en la cueva del XIX.