Existen dos buenos consejos antes de adentrarse a lo loco en un berenjenal: el primero es no meterse en un sitio tan espinoso si uno puede evitarlo; el segundo es tomar las debidas precauciones si no se tiene más remedio. Con su plan para usar el superávit que los Ayuntamientos han ido acumulando en los últimos años, el Gobierno ha ignorado la segunda recomendación y va a tardar un tiempo en sacudirse tanto pincho del cuerpo. Hasta las rosas son más agradables al tacto.

A priori, el planteamiento era impecable. Existe un remanente próximo a los 30.000 millones de euros que proceden del superávit de las corporaciones locales y que estas no pueden usar para atender las demandas sociales de sus vecinos porque una ley del PP, de cuando Montoro estaba en el Ministerio de Hacienda lo impide, salvo que el dinero se emplee en reducir deuda o se destine a proyectos financieramente sostenibles, que es un concepto entre arcano e inexplicable. Se da así la paradoja de que a las únicas administraciones que en la pasada crisis no generaron déficit, redujeron sus cargas y engordaron el calcetín de los ahorros se les impide usar libremente estos fondos y han de resignarse a tenerlos en el banco y, de paso, pagar a las entidades para que se los guarden.

Como derogar esta ley absurda podría despertar recelos en Europa, a las puertas de que empiecen a liberarse las ayudas a fondo perdido y los préstamos pactados en la última cumbre, y como las medidas económicas contra la pandemia han dejado tiesas las arcas del Estado, se alumbró una idea, aparentemente luminosa, para hacer compatible que los ayuntamientos pudieran utilizar parte de este capital al tiempo que se proveía de más recursos a la Administración central. ¿Cómo? Los ayuntamientos prestarían 14.000 millones al Estado, este repartiría en los dos próximos años 5.000 millones a los municipios para cubrir sus urgencias y el resto les sería devuelto en cómodos plazos en los próximos diez años.

El asunto se planteó en la Federación Española de Municipios y Provincias, donde sólo encontró el apoyo explícito de los ayuntamientos del PSOE y tuvo que ser aprobado gracias al voto de calidad de su presidente, Abel Caballero, regidor socialista de Vigo. Con las mismas, se trasladó dicho acuerdo precario a un real decreto contra el que ayuntamientos de todo signo –populares, independentistas y del propio PSOE y de sus socios de coalición- han puesto pie en pared. La rebelión amenaza con tumbar en el Congreso la convalidación del decreto y dejar al Gobierno con la parte final de la espalda al aire. Y ello pese al carácter ‘voluntario’ del préstamo y nuevas concesiones estatales como el compromiso a hacer frente los costes financieros que a día de hoy abonan las corporaciones a las entidades bancarias.

¿Qué pecados se han cometido para que lo que parecía una buena iniciativa se haya transformado en una rebelión municipal y que el supuesto favor mutuo se interprete como una incautación en toda regla? Pues en primer lugar, la ya clásica arrogancia de considerar a los municipios como administraciones menores de edad que han de someterse a tutela sin ni siquiera sentarse a escuchar sus demandas u objeciones. En vez de una negociación previa, de la que, posiblemente, habría surgido un punto de encuentro, se ha optado por un trágala en el que, por el artículo 33, el de estas son lentejas, ni siquiera se requiere la opinión de los titulares de los fondos para disponer de ellos.

En segundo lugar, la ingenuidad de pensar que el PP pasaría por alto la oportunidad de dar un revolcón al Gobierno, aunque para ello no haya hecho ascos a sumar sus fuerzas a independentistas, populistas y otros enemigos de la casa. El resultado es que los ayuntamientos gobernados por los populares se negarán en bloque a ceder en préstamo sus ahorros y el partido consigue abrir un nuevo frente de desgaste al Ejecutivo, en esta ocasión por el pretendido “expolio” a las corporaciones.

El asunto tiene menos arreglo que un móvil de última generación salvo que el Ejecutivo se apee del burro para descanso del pobre animal y, como en la oca, vuelva a la casilla de salida tras su última tirada de dado. ¿Por qué ha de privarse a los ayuntamientos de la gestión de un dinero que han generado y que revertiría en el bienestar de sus conciudadanos? ¿Por qué el PSOE desde el Gobierno sostiene ahora lo contrario de lo que defendía cuando era oposición? A ver qué dice la ministra Montero, que es toda elocuencia.