“Disculpen, les recomendamos que no roben y no sean corruptos pero como vean, sólo si les viene bien”. “Les recomiendo que ejecuten el presupuesto aprobado, no vaya a ser que se quede dinero sin gastar y no atendamos las necesidades de los madrileños, pero ya les digo que solo si les apetece”. “Les recomiendo que no viertan esos residuos tóxicos al río, siempre que cuadre con sus planes, no quisiera yo molestarles”. “Me gustaría recomendarles que paguen sus impuestos pero es una medida de carácter voluntario”. “Desde el Gobierno recomendamos que no acosen ni violenten a las mujeres, ustedes deciden si lo hacen o no”. “Nos gustaría que no conduzca si ha bebido alcohol aunque no se lo tome con algo obligatorio, es una recomendación, al fin y al cabo ¿quién soy yo para decirle lo que puede y no puede beber?. ¿Se lo imaginan?

Durante años, el Partido Popular gobernó el Ayuntamiento de Madrid sin tomar medidas efectivas contra la contaminación que sufrimos los madrileños y madrileñas. Hubo anuncios, se diseñaron planes y estrategias, se hicieron declaraciones rimbombantes pero no se puso en marcha ni una sola medida que mitigara los dramáticos efectos que tienen los gases contaminantes sobre el medio ambiente y la salud de los vecinos y vecinas de la capital. Ni siquiera las denuncias de la Unión Europea por el incumplimiento de diversas directivas relativas a la calidad del aire lograron que los gobiernos del PP hicieran nada. ¿En qué estaban pensando? ¿Acaso no les preocupaba salud de la gente y de nuestro medio ambiente? ¿Basaron su inacción en un cálculo electoralista para no implementar medidas que, en un primer momento, podrían ser impopulares?

La llegada al Gobierno, en 2015, de Ahora Madrid, con Manuela Carmena a la cabeza e Inés Sabanés como responsable del Medioambiente y Movilidad, supuso un cambio de rumbo en esta materia. En primer lugar se comenzaron a aplicar algunas de las medidas diseñadas –y nunca ejecutadas- por gobiernos anteriores para, más tarde, incluirlas en un plan integral de calidad del aire y cambio climático. El ya famoso Plan A (porque no hay Plan B). Mejora de las mediciones, información detallada, restricciones en el tráfico, fomento del transporte público, renovación de la flota, apuesta por las energías renovables y esfuerzos por reducir el consumo energético, colaboración con otras administraciones… son algunas de las actuaciones llevadas a cabo por el Ayuntamiento. Actuaciones que ya se realizan en numerosas capitales europeas y que, sin embargo, no han estado exentas de polémica en nuestra ciudad (y país). Los mismos que no movieron un ápice para salvaguardar la salud de la gente y no invirtieron ni un euro para afrontar el serio problema de contaminación de nuestra ciudad, esos mismos, pusieron el grito en el cielo cuando, al fin, un gobierno madrileño fue lo suficientemente responsable como para intentar revertir la situación.

¿Y en la Comunidad de Madrid? ¿Qué ha ocurrido en relación a la contaminación y las políticas públicas dirigidas a combatirla? Cualquiera podría pensar que con la llegada de Cifuentes en 2015, que se presentaba como la regeneración, y el pacto Ciudadanos, autoproclamados adalides de la nueva política, la cosa cambiaría pero desgraciadamente no ha sido así. En el acuerdo que firmaron y que permite que el partido de la Púnica, la Gürtel y Lezo siga en el Gobierno, no había ningún punto que les haya obligado a tomar medidas.

Hemos tenido que esperar más de dos años, para que el gobierno de Cristina Cifuentes, se mueva y apruebe un protocolo de contaminación. Dos años de inmovilismo con la complicidad de Ciudadanos. Bueno, inmovilismo del todo no. Mientras el gobierno de Manuela Carmena ha sido responsable y ha puesto en marcha el anteriormente citado Plan A -un plan innovador, pionero y transformador- la Comunidad de Madrid se ha dedicado a poner palos en las ruedas, a despreciar los esfuerzos del ayuntamiento por aliviar la situación y cuidar la salud de los madrileños y madrileñas, a amenazar con llevar a los tribunales -el mismísimo señor David Pérez, que parece no satisfecho por ser conocido por su homofobia y su misoginia-, tildar de "cochófobos" por las medidas adoptadas...

El problema es que cuando, ¡por fin!, Cifuentes mueve ficha, en lugar de hacerlo asumiendo la demora, aprendiendo de quienes llevan tiempo demostrando su compromiso y responsabilidad, garantizando el acceso a la información y fomentando la colaboración entre los ayuntamientos, ha hecho todo lo contrario. La Presidenta no ha tenido a bien facilitar la información, más allá de un powerpoint y una nota de prensa, a los ayuntamientos, y ha tenido la desvergüenza de salir atacando al Ayuntamiento de Madrid, acusándolo de “improvisar”. Pero, ¿qué es realmente lo que ha aprobado el gobierno de Cifuentes?

Respecto a los niveles de contaminación con los cuales activar los protocolos, la Comunidad de Madrid mantiene los mismos niveles que aprobó el Ayuntamiento de Madrid. Esos mismos niveles que, durante meses, se dedicaron a criticar, despreciar y tachar de inadecuados. Y respecto a los escenarios que establece el protocolo autonómico: ausencia de restricciones y medidas de sensibilización, tímidas medidas de reducción de velocidad en vías principales, medidas de carácter voluntario poco útiles para la reducción de NO2, recomendaciones al sector privado…

En resumen, la autoridad competente en materia de movilidad sostenible, de uso de calderas de carbón y del Consorcio Regional de Transportes todo lo que hace ante una situación de emergencia sanitaria, todo lo que propone son: recomendaciones. Simples y llanas recomendaciones. Ni una mísera medida de obligado cumplimiento. Bueno, para ser totalmente sincero he de reconocer que hay una obligación: los ayuntamientos de más de 75.000 habitantes deben hacer, precisamente, lo que la Comunidad no hace, un plan de lucha contra la contaminación. Eso sí, no creáis que la Comunidad aporta recursos materiales o humanos para su elaboración.

Dadas sus competencias para hacer frente a la contaminación podría desarrollar leyes que obliguen a las empresas privadas que elaboren planes de movilidad, podría facilitar el billete único intermodal o reforzar el servicio público (como hace para el BlackFriday), podría prohibir las calderas de carbón… pero todo lo que hace son recomendaciones.

¿Acaso no nos merecemos, a nivel autonómico, un gobierno responsable que vele por la salud de la gente? ¿No tenemos derecho a unos gobernantes que se tomen con la seriedad que merece la contaminación y cómo combatirla? Si Cifuentes y su equipo no recapacita parece que habrá que esperar a 2019.