Fernando Luengo

Profesor de economía aplicada de la Universidad Complutense de Madrid, miembro de econoNuestra y del Consejo Ciudadano Autonómico de Madrid de Podemos

Todos los medios de comunicación se han hecho eco de la noticia: España incumple los objetivos de déficit público fijados por la Comisión Europea (CE). Como ocurrió en los años anteriores y como ocurrirá en el actual. De nuevo irrumpe Europa en la escena política. Con la misma música y letra que en la campaña electoral, cuando la CE recordaba –exigía, de hecho- que el gobierno que surgiera de las elecciones tendría que llevar a cabo el plan de ajuste presupuestario exigido por Bruselas.

¿Qué debate ha suscitado este asunto entre nosotros? Hemos asistido a un lamentable espectáculo donde el gobierno del Partido Popular responsabiliza del desaguisado presupuestario a las Comunidades Autónomas –olvidándose, eso sí, de que algunas de las que más incumplen, las gestionan ellos-; como la desvergüenza no tiene límites, se ha hecho referencia también al coste del tratamiento de los enfermos de hepatitis. Por su parte, los gobiernos autonómicos apelan a que sus presupuestos soportan buena parte de los gastos sociales, sin disponer de los recursos necesarios para financiarlos y dependen de las transferencias recibidas o comprometidas (y en algunos casos no entregadas) desde la administración central.

¿No encontramos nada más entre tanto ruido mediático? Sí, hay más. No son pocos los políticos que han salido a la palestra -sin duda, aconsejados por sus economistas de referencia- para renovar su compromiso con la disciplina presupuestaria y con las metas de déficit y de deuda establecidas por Bruselas. Los más atrevidos se han “echado al monte” y piden -con diferente intensidad, según los casos, pero en general con bastante tibieza-, que la CE reconsidere los plazos para alcanzar esos objetivos.

Parecería que todo el problema se reduce a los tiempos, a los ritmos. Por supuesto, hay que decir con claridad que aceptarlos imposibilita la realización de una política social, medioambiental, productiva y ocupacional al servicio de la mayoría social. Supone una hipoteca insoportable e inaceptable para un gobierno que persiga esos objetivos (no para los que gobiernan para las oligarquías, ni tampoco para los que trasiegan con suma facilidad con los principios y los programas). Quizá este sea el verdadero objetivo de Bruselas, su agenda oculta, hacer inviable un gobierno de cambio, lo que explicaría, al menos en parte, la inflexibilidad de la que hace gala.

Lo mismo que en Grecia. Gran error el mantra, tantas veces repetido, “no somos Grecia”.

Pero el problema no está (sólo) en los tiempos, sino en los contenidos de las políticas comunitarias llevadas a cabo con especial rigor en las economías del sur de Europa.

Situar la reducción del déficit en el centro de la política económica es un grave error, que es necesario impugnar. Porque, en un contexto de elevado endeudamiento privado y de atonía del consumo y de la inversión, todavía estamos ahí, cuando la deflación es ya una realidad, la reducción del gasto público y el aumento de la presión fiscal sobre los trabajadores y las clases medias prolonga y agrava la crisis, reduciendo, de paso, la capacidad recaudatoria de las administraciones públicas, con el resultado de más déficit y más deuda. Quienes han justificado la centralidad de la reducción del déficit público, esperando que el esfuerzo de los gobiernos se viera recompensado con un plus de crecimiento, tienen que reconocer que dicha relación no se ha dado.

Además del efecto de bucle sobre la dinámica económica, no podemos ni debemos aceptar la lógica de la austeridad presupuestaria por tramposa e injusta. Porque esa lógica deja fuera (y lo hace deliberadamente) la posibilidad de que las arcas públicas obtengan recursos de un sistema tributario más progresivo y de una política decididamente encaminada a perseguir el fraude fiscal.

Cuando algunos de los partidos que se reclaman del cambio (Ciudadanos y Partido Socialista Obrero español) esgrimen la bandera de que no van a subir los impuestos en realidad están diciendo, aunque lo oculten, que no van a tocar los privilegios de los ricos, los grandes patrimonios y las corporaciones. Pero no hacer nada en este ámbito y, al mismo tiempo, seguir la línea marcada por las autoridades comunitarias obliga a que la recaudación descanse sobre los de siempre; y obliga a continuar con la política de recortes del gasto público, metiendo la tijera sobre todo en aquellos rubros que tienen más impacto social y productivo.

Pero hay más razones para rechazar la lógica de la disciplina presupuestaria, tal y como la concibe Bruselas. Esta política –junto a la salarial y las reformas estructurales- forma parte de una estrategia de gran calado cuyo objetivo es que la mayor parte de la población cargue con los costes de la crisis, y al mismo tiempo vencer las resistencias sociales e institucionales para promover una histórica redistribución de la renta y la riqueza, en beneficio de las elites, del norte y del sur.

Estos son los principios que sostienen la Europa que emerge de la crisis. Atrapada en una concepción ultraconservadora de la economía, es cierto, pero sobre todo capturada por los intereses de grupos económicos y políticos que han hecho de la extracción de renta y riqueza su principal objetivo. Una Europa que, para dar una lección a los partidos del cambio, no ha dudado en poner contra las cuerdas el gobierno liderado por Syriza, hasta el punto de provocar el colapso del sistema financiero griego y del conjunto de su economía; una Europa que invita a que los gobiernos conviertan en norma constitucional la estabilidad presupuestaria como objetivo central de la política económica, llevándose por delante la mínima pluralidad que debería respetarse en una sociedad democrática.

¿Oponerse a los plazos exigidos por Bruselas? Sí, con decisión, siendo muy conscientes de la necesidad de acumular fuerzas, dentro y fuera de las instituciones, dentro y fuera de nuestras fronteras, pues sólo de esa manera estaremos en condiciones de vencer las resistencias (los intereses) que encontraremos en el camino. Pero ha llegado la hora de proponer una alternativa al pacto fiscal, que representa la no Europa, la Europa de los poderosos.