Cada vez está más extendida la idea de que la Constitución española de 1978 necesita resetearse. En muchos aspectos ha quedado obsoleta, y es lógico, porque va hacia los cuarenta años de vida y España ha cambiado tanto en este tiempo que va siendo urgente un nuevo proceso constituyente. Una de las cuestiones en las que más ha avanzado en estos años la sociedad española ha sido en el desarrollo de una amplia conciencia ambiental; y ello requiere ser reconocido e introducido en la Constitución con toda la prioridad que merece. La reclamación prioritaria que debemos hacer en este ámbito se concreta en que el derecho al medio ambiente sea reconocido como un derecho fundamental en ese nuevo marco constitucional.

Nuestro país, víctima evidente del cambio climático, sufre las consecuencias de una acelerada degradación ambiental. Hemos sufrido un verano con intensas olas de calor, grandes incendios forestales en octubre, aumento de las temperaturas, y ahora estamos inmersos en una intensa sequía. Esta es la realidad que determina nuestro medio ambiente hoy. Si en el año 78 todo parecía poder sacrificarse en el altar del entonces sagrado concepto de “progreso”, hoy han quedado en evidencia las consecuencias de un desarrollo cuyos impulsores han obviado el entorno que nos sustenta.

La burbuja inmobiliaria que sufrimos en los primeros años del siglo XXI dejó atrás un rosario de autopistas sin coches, trenes AVE sin pasajeros y aeropuertos sin aviones. Todavía hoy estamos pagando esta política irresponsable, y pagando un alto coste en dinero público en el rescate, por ejemplo, de las ruinosas radiales construidas en ese periodo.

El medio ambiente no estaba ausente de la Constitución del 78 pero en esto, como en tantas otras cuestiones, el incumplimiento ha sido flagrante. En su artículo 45 la actual Constitución reconoce que “todos [los españoles] tienen derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado”. Es evidente cómo se incumple este artículo todos los días: basta ver, por ejemplo, los datos de contaminación atmosférica en las ciudades españolas, para darnos cuenta de hasta qué punto se nos niega ese derecho constitucional.

En su segundo punto el artículo 45 nos recuerda que “los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales…”. Si de algo estamos seguros los ecologistas en España, es que los poderes públicos han omitido de forma continuada, salvo honrosas excepciones, su mandato de velar por el adecuado uso de los recursos naturales. Cualquier interés ha sido puesto por delante para justificar auténticos saqueos de nuestros recursos naturales. A modo de ejemplo podemos citar cómo ha quedado litoral español, laminado por un urbanismo voraz y depredador que no ha dejado prácticamente una esquina de nuestras costas sin urbanizar.

El tercer punto del artículo 45 se refiere a las “sanciones para quienes violen lo dispuesto en los puntos anteriores”; y sin embargo, lo más trágico de los crímenes ambientales es que quedan impunes: recordemos las grandes tragedias del Prestige o de la mina de Aznalcóllar, y como los tribunales dejaron escapar a los culpables sin penas relevantes. En España se ha tratado peor a los defensores del medioambiente, que los que lo destruyen.

Estoy seguro que el reconocimiento del derecho del medioambiente como un derecho fundamental puede dar el impulso que necesitamos para que definitivamente se asuma por los poderes públicos y también que esa “necesaria solidaridad colectiva” sea real, y no se quede en papel mojado. La reforma de la Constitución es urgente, tanto como la lucha contra el cambio climático, por eso se necesita un reconocimiento mayor de una adecuada protección del medioambiente, el de todas y todos.