Álvaro Gaertner Aranda

Estudiante de Ingeniería Física en la Carl von Ossietzky Universität, en Oldemburgo, Alemania y miembro del Círculo de Economía, Energía y Ecología (Circulo 3E) de Podemos.

La economia ecológica plantea que a la hora de definir una política publica la jerarquía de prioridades debe ser la siguiente. En primer lugar, debe definirse de acuerdo a unos criterios de sostenibilidad ecológica, una vez satisfechos estos criterios deben abordarse los criterios de justicia social y por último debe procurarse que la intervencion comporte una incidencia lo más positiva posible en la eficiencia económica. Esta manera de hacer las cosas puede resultar intuitiva a la hora de diseñar la politica energética de un pais, en la que al tratarse de un sector tan contaminante puede resultar evidente que se deben satisfacer criterios ecologicos, y al ser la energía un bien tan imprescindible para la vida esta claro que se debe garantizar que todo el mundo tenga acceso suficiente a ella para cubrir sus necesidades básicas, pero, sin embargo, hay muchos sectores en los que esta forma de proceder no es tan intuitiva. Uno de ellos puede ser la regulación del mundo laboral y por ello en este artículo quiero plantear como se puede aplicar este método al diseño de una posible reforma laboral ecologista.

En primer lugar, hemos de definir cuáles serán los objetivos de la nueva regulación, que en este caso es principalmente lograr que los frutos del trabajo se repartan de manera justa entre empleadores y empleados en un contexto de limitación del trabajo que necesita ser realizado. Sabemos que esta limitación debe existir porque sabemos que las necesidades humanas que deben ser satisfechas son limitadas, dado que a partir de un cierto punto el consumo solo satisface la necesidad de estatus y ésta es una necesidad de suma cero, ya que si una persona sube en el escalafón hay otra que necesariamente está bajando, y por lo tanto satisfacer esas necesidades no produce nada bueno para la sociedad. Además, también somos conscientes de que la capacidad de los ecosistemas para satisfacer todas las necesidades son limitados, y por lo tanto la suma de todos los productos y servicios que deben existir también lo es y por lo tanto el trabajo necesario para producir o dar todos esos productos y servicios también está limitado. En la actual situación de sobreexplotación de los ecosistemas, esta limitación del trabajo total que debe ser realizado nos lleva a la primera consecuencia regulatoria, la necesidad de reducir la jornada laboral para lograr que el empleo esté lo más repartido posible. Esta reducción podría hacerse como se hizo en Francia, haciendo que, al menos para que en el primer momento no se produjese una reducción brusca de los ingresos disponibles de muchas familias con ingresos bajos, se percibiese el equivalente al subsidio de paro por las horas que se dejasen de trabajar. Después de que se produjese un aterrizaje suave y de que las medidas para lograr un reparto justo de los frutos del trabajo hubiesen dado resultado esta última medida se podría retirar. Además, la limitación del número de productos y servicios finales que deben existir en la economía nos obliga a establecer qué se debe hacer en el caso de que aumente la productividad del trabajo. Esto, en las condiciones actuales, comportaría, o bien un aumento de la producción y puede que un aumento equivalente de los salarios, o bien un aumento del desempleo, puesto que menos trabajadores serían capaces de hacer lo mismo que ahora se hace con más trabajadores. Como hemos excluido la primera opción al limitar la producción y queremos evitar un aumento del desempleo por razones de justicia social, deberemos introducir en nuestra reforma laboral que los aumentos de la productividad deberán ir acompañados de una reducción equivalente de la jornada laboral, esto es, que si la productividad aumenta un 1% eso debe implicar que una persona que antes trabajaba 40 horas semanales ahora trabajará 39 horas 36 min semanales o 1 hora menos 2 semanas de cada 5, haciendo que la producción total se mantenga constante.

Una vez satisfechos los criterios ecológicos, debemos pasar a ver cómo satisfacer los criterios de justicia social, que en este caso significan ver cómo conseguir que el reparto de los frutos del trabajo sea justo. Partimos de una situación en la que la balanza entre empresarios y trabajadores está claramente inclinada del lado de los empresarios, en la que los beneficios de las grandes empresas están a niveles pre crisis pero la los sueldos de los trabajadores están muy por debajo de los de entonces y sus condiciones de trabajo también. Por ello, está claro que el objetivo de hacer que el reparto de los frutos del trabajo sea justo se ha convertido en el objetivo de hacer que los trabajadores reciban la parte que les corresponde. Para ello, tenemos que actuar sobre dos patas fundamentalmente. La primera, más conocida, es aumentar el poder de los trabajadores en la mesa de negociación, y eso pasa necesariamente por aumentar el poder de sus representantes en la negociación para fijar los salarios, los sindicatos. Los sindicatos, como institución y en el caso ideal, se considera que tienen el monopolio de la oferta de trabajo, entendiendo aquí que el trabajador es el que ofrece su trabajo a un empresario que lo usa a cambio de un salario. Las últimas reformas laborales han ido encaminadas a reducir la capacidad de los sindicatos de tener ese monopolio, haciendo por ejemplo que se puedan aplicar los convenios de empresa por encima de los convenios sectoriales, intentando con ello que los trabajadores de unas empresas acepten competir a la baja con los trabajadores de otras empresas del mismo sector bajo la amenaza de que si no aceptan la empresa dejará de ser competitiva con respecto al resto y tendrá que cerrar y dividiendo ese teórico monopolio que tendrían los sindicatos sobre la oferta de trabajo en ese sector. Las reformas también han intentado reducir su capacidad de utilizar el poder que concede ese teórico monopolio para poder conseguir mejores condiciones laborales en la mesa de negociación, ya sea mediante la criminalización de la huelga a través de la Ley Mordaza o a través de la precarización del empleo y los bajos salarios que hacen que al trabajador le resulte mucho más difícil sindicarse y hacer huelgas para defender sus derechos. En este aspecto parece claro que la política debe ir encaminada a deshacer lo anterior, facilitando a todos los sindicatos la penetración en las empresas, sancionando a aquellas que como Mercadona coartan a sus trabajadores si participan en un sindicato o si participan en uno con el que no está de acuerdo la empresa, reduciendo las causas para el despido por razones económicas, acabando con la posibilidad de despedir ante la previsión de pérdidas, reinstaurando la primacía de los convenios sectoriales sobre los de empresa, reinstaurando la ultraactividad de los convenios y un sinfin de reformas ya conocidas. La segunda pata sobre la que hay que actuar tiene que ver con aquellas ocasiones y sectores, en los que por unas razones u otras, los sindicatos no tienen presencia en las empresas para negociar en nombre de los trabajadores sus condiciones laborales. Para estos casos, es necesario actuar de otras 2 maneras para lograr que el reparto de los recursos sea justo, que consisten básicamente en hacer que suba el salario de acceptancia o el salario mínimo a partir del cual los trabajadores se plantean trabajar. La primera manera, la más evidente, es una medida bien conocida, la subida del SMI, que fija que nadie debe trabajar por debajo de un determinado salario. La segunda manera, es hacer que el trabajador tenga cubiertas sus necesidades básicas para que no tenga la necesidad de trabajar a cualquier precio para sobrevivir, ya sea a través del salario indirecto que cobramos todos a través de servicios públicos como la dependencia o la sanidad o de prestaciones directas como las rentas mínimas de inserción, la renta básica, o la prestación por desempleo. En nuestro caso, ya que hemos establecido que existe un límite al trabajo que se debe realizar, consideramos que esto constituye una oportunidad para liberarnos del trabajo, y por lo tanto creemos que si alguien no quiere tener un empleo y prefiere dedicarse a leer, escribir, hacer filosofía o cualquier otra actividad no es necesario que lo tenga y debe poder satisfacer sus necesidades básicas pese a eso, y creemos que que ello, con el actual Estado del Bienestar o con uno mejorado, se puede conseguir a través de la Renta Básica.

Por último, una vez satisfecho el criterio de justicia, llegamos al criterio de eficiencia económica. En la economía neoclásica se argumentaría que todas las medidas anteriores harían que los empresarios ganasen menos y que por lo tanto invirtiesen menos, que bajase el empleo y por lo tanto que empeorase la situación de los trabajadores. Esta argumentación, que atribuye todo alejamiento del estado de pleno empleo a “rigideces nominales de los salarios” y esto a su vez a la negativa intervención del Estado, ya es criticada y matizada en la economía keynesiana y en el caso que nos ocupa se ve anulada por el hecho de que consideramos que el número final de productos y servicios debe ser limitado y estable, y por lo tanto las necesidades de inversión, en el momento en el que ya se ha alcanzado un modelo productivo acorde con una economía estacionaria, se reducen básicamente a la sustitución del capital que se deprecia, objetivo para el que consideramos suficiente que las empresas tengan beneficios, aunque sean menores, como pensamos que se daría con este marco laboral.

Una vez satisfechos los tres criterios ya tendríamos un posible marco laboral adecuado para una economía en fase de adaptación a las capacidades de los ecosistemas en los que la actividad económica tiene lugar o en fase estacionaria, que fuese capaz de garantizar un reparto justo de los recursos disponibles, que permitiese a aquellos que lo deseasen la emancipación del trabajo y que a su vez fuese capaz de garantizar la inversión necesaria para seguir funcionando.