Según la teoría de la botella medio vacía, casi el 70% de los catalanes rechazó la consulta del 9-N, que alcanzó el 33% de participación según la Generalitat, el 37% según otras estimaciones.

Con un censo de 6,2 millones de votantes, 2,3 millones apoyaron que Cataluña se convierta en un Estado, pero solo 1,8 millones avalaron que sea, además, independiente –en ocho de las 42 comarcas catalanas-; es decir, un 80,76% se decantó por el sí-sí y un 10,07% por el sí-no en una consulta que, en opinión del ex fiscal jefe de Anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo, “es incompatible con las exigencias del Estado de derecho”.

Desde el punto de vista legal, el 9-N no ha contado con un censo cerrado y una campaña electoral reglada, vulnerando los procesos democráticos más elementales hasta alcanzar el rango de república bananera.

En definitiva, tras las sentencias del Tribunal Constitucional (TC), que cerraban el paso a la consulta, la celebración en sí misma del el 9-N ha supuesto un monumento de la arbitrariedad frente al imperio de la ley.

Desde la perspectiva de la botella medio llena, estos mismos datos sirven para que el bloque independentista mantenga que el pueblo catalán ha expresado claramente, a través de la consulta, su deseo votar en referéndum la independencia de Cataluña.

Según esta tesis, la Generalitat le ha ganado la batalla al Estado español llevando a las urnas el sentir de 2,3 millones de catalanes, que no son precisamente cuatro majaretas. Mas se ha impuesto a Rajoy.

Ante quienes quieren desacreditar el 9-N por la alta abstención, los proindependentistas recuerdan que en el referéndum sobre el Estatut de 2006 la participación tampoco fue para tirar cohetes: poco más de un 47%.

Sin embargo, tras la consulta -quizás por la sensación de perdedor-, han surgido críticas muy duras contra Rajoy por no haber impedido la vulneración clamorosa del Estado de derecho que ha supuesto el 9-N, sobre todo desde las posiciones más extremas: Vox ha llegado a denunciarlo ante el Tribunal Supremo por dejación de funciones, y UPyD, en su versión radical de derechas, está en lo mismo.

Pero sorprende especialmente que ‘Libres e Iguales’, plataforma encabezada por Mario Vargas-Llosa en la que ha llegado a participar la propia secretaria de Estado de Comunicación, Carmen Martínez de Castro, y participa la diputada popular Cayetana Álvarez de Toledo, denunciara la “pasividad” de Rajoy, a quien incluso le consideran “descalificado para seguir cumpliendo su mandato constitucional”.

“Por desgracia para la democracia y para el mantenimiento de los más elementales vínculos de confianza entre gobernantes y ciudadanos, el Gobierno del presidente Rajoy ha observado pasivamente el desarrollo de los acontecimientos, olvidando culpablemente que su primera obligación es la de cumplir y hacer cumplir la Constitución”, sentencia esta plataforma.

Desde muchos sectores del PP se comparte esa mano dura que esperaba una actuación judicial y policial contundente para impedir la consulta, o incluso una suspensión de la autonomía catalana.

Sin embargo, el Gobierno va a optar por una querella de la Fiscalía contra los promotores de la Generalitat del 9-N. En buena lógica, entre ellos estará el propio president Artur Mas, que ha encabezado esta desobediencia flagrante al TC y ha dejado en los huesos al Estado de derecho en Cataluña.

Pero, a mi juicio, esta medida resulta proporcionada para no empeorar la grave crisis territorial que España está viviendo en Cataluña.

Tirar por la calle de en medio en defensa de la Constitución, matando moscas a cañonazos, solo hubiera dado alas a los independentistas. Y, sobre todo, hubiera cerrado definitivamente la puerta a una salida negociada de un problema que, se quiera o no, tiene un componente político principal más que evidente.

Ahora solo queda aparcar los tacticismos y los electoralismos y abrir una reforma constitucional urgente que logre un encaje definitivo de Cataluña –y el País Vasco- en España, y resolver de camino el resto de incertidumbres que hoy por hoy pesan no ya sobre la Constitución sino sobre el propio sistema democrático.