Las reuniones que ayer celebraban paralelamente la cúpula del PSOE en Madrid y la del PP en Sevilla han servido de espejos que reflejaban las prioridades de cada cual. Por un lado, Zapatero reclamaba a los barones socialistas un apoyo total a las reformas.

El presidente explicó por enésima vez la urgencia de una estabilidad financiera que a su juicio sólo puede conseguirse completando la reestructuración de las cajas y abordando la reforma del sistema de pensiones. En el cónclave se escucharon voces preocupadas por la desmovilización del electorado socialista, pero ninguna que pusiera en entredicho las bases (discutibles) de las que parten las reformas citadas.

Los dirigentes del PSOE confían en un pacto social, aunque sea de mínimos, que permita defender la idea de que Gobierno, sindicatos, empresarios y algunos grupos minoritarios ejercen una “responsabilidad de Estado” que no se percibe en el Partido Popular. Aunque es hoy cuando Rajoy presenta sus conclusiones tras el cónclave nacional del partido, ayer quiso protagonizar el debate político con la propuesta de revisar los privilegios en las pensiones de diputados y senadores.

El problema es que hace sólo un mes el PP rechazó en el Congreso exactamente la misma propuesta, cargada por cierto de demagogia. Más creíble y simbólico habría sido exigir la incompatibilidad total entre sueldos públicos e ingresos privados, ya se trate de parlamentarios o de ex presidentes de Gobierno.