Desde mucho antes del comienzo de la XIV Legislatura el presidente del Gobierno no gana para tantos insomnios como encadena sucesivamente. Cuando todavía está bastante lejos de cumplirse sus cien días de gracia, en este caso de desgracia, sus penúltimas pesadillas las encarnan aquella figura del relator internacional que le trajo a mal traer justo ahora hace un año que, precisamente, fue una de las causas que le obligó a convocar las elecciones anticipadas del pasado 28 de abril. Ahora vuelven a aparecer en pareja. Uno como propuesta del soberanismo catalán, otro como un informe del relator especial de la ONU sobre la pobreza en España.

Para un socialista como Pedro Sánchez las conclusiones de Philip Alston, invitado por el Gobierno español, son demoledoras por mucho que no sea el responsable de la situación social que se describe. Es muy claro, sostiene el relator de Naciones Unidas, hay dos Españas: una de prosperidad y otra en que un porcentaje muy elevado de personas vive al límite de sus posibilidades. Tras visitar numerosos barrios castigados envueltos en la miseria, desde Madrid a Barcelona pasando por Sevilla, expresa su sorpresa por las condiciones de vida de unos ciudadanos sin vivienda, sin calefacción, sin empleo fijo o con unos salarios tercermundistas en un país de la Unión Europea.

El informe Philips Alston plantea serias interrogantes a Sánchez. Si el relator cuestiona la política fiscal, que permite a los poderosos pagar cada vez menos impuestos, no se ve claro como va el PSOE a combatir esta desigualdad con una anunciada reforma fiscal que continúa con una fiscalidad por debajo de la media de los sistemas fiscales de la Unión Europea. Si se denuncia el precio africano de la mano de obra en nuestro país, tampoco se ve como una mera derogación parcial de la reforma laboral del PP va a poder contribuir a un reparto menos desigual de la plusvalía generada por los trabajadores. Si Bankia no va a ser nacionalizada, mucho menos puede verse como va a revertirse al Estado los 50.000 millones que costó sanear su desastrosa gestión. O rebajar el dramático problema de la vivienda , que expone el relator, sin una necesaria ley de alquileres que controle la especulación inmobiliaria como la del gobierno danés.

Se comprende bien, a la vista del informe del relator de las Naciones Unidas, que Sánchez huya como gato panza arriba de la propuesta del soberanismo catalán sobre un relator sentado en la Mesa de Diálogo. No es tan sólo una cuestión de Estado el pretexto para no admitirle, al fin y al cabo la Iglesia jugó ese papel relator en la negociaciones del presidente Aznar con el Movimiento de Liberación Nacional Vasco (sic), según aquel comunicado de la Moncloa de otoño de 1998, sino la necesidad de envolver hoy en la máxima discreción una reunión de desenlace imprevisible. Los soberanistas catalanes no arriesgan nada, al contrario, pero quien sí arriesga es Pedro Sánchez.

Cabe rechazar al relator pero no cabe sustituirlo. No hay nadie en España que pueda reemplazarlo dado el enorme desgaste de toda la clase política española en el último año. El descrédito, la desconfianza, el recelo es el común denominador entre políticos catalanes y españoles desde octubre de 2017. Salvo el PNV, que sigue gozando del respeto de los soberanistas, no hay más que unos aspirantes a intermediarios sin el currículum que los acredite. E incluso el nacionalismo vasco, que adecua sus hechos a sus palabras, cuenta con el inconveniente sabido de trabajar siempre pro domo sua. Excepto Miguel Rodríguez Herrero de Miñón, uno de los padres de la Constitución, no hay potenciales relatores en España. Los que se venden como tales hacen tiempo que carecen de crédito en Cataluña.

Nada más lógico que este insomnio de Pedro Sánchez. Un relator es un problema, pero dos relatores es mucho más que un drama. Si el informe Alston atenta contra los intereses sociales del PSOE, un potencial informe de un relator sobre Cataluña podría ser tan perjudicial como beneficioso en un cincuenta por ciento. En este doble envite el partido se juega electoralmente los tres adjetivos– socialista, obrero, español– de la organización que dirige y, sobre todo, el poder seguir en la Moncloa después del crucial próximo otoño. Depende del propio presidente de Gobierno retar a quienes le retan, ocultando el revelador informe del relator internacional de la ONU sobre la pobreza en España, o a quienes le amenazan con judicializar mucho más a la sociedad catalana e incluso judicializarle personalmente. Son los mismos.