Rescate ecológico de España: propuestas de futuro

Fernando Prieto (ecólogo), José Errejón (economista y Administrador Civil del Estado), Luis Miguel Domínguez (naturalista y comunicador), Julián Maganto (economista y master en gestión portuaria e intermodalidad), Ignacio Marinas (ingeniero de caminos)

Participan en el círculo C3E (economía , ecología y energía) de Podemos

De las tres crisis, que nos han afectado los últimos años: social, económica y ecológica se ha escrito mucho de las dos primeras, sobre todo de sus efectos sociales, graves todos, aunque no hay quedado muy claro quién fue el culpable de tamaño desaguisado, pero ha pasado mucho más desapercibida la crisis ecológica o ambiental en la que nos han metido los dos partidos que han gobernado este país durante los últimos 33 años. La magnitud e intensidad de esta crisis ecológica se puede observar en las siguientes evidencias.

La costa sometida a una especulación brutal solo detenida durante la crisis. A pesar de ello, el último gobierno del PP ha aprobado una ley que todavía va a posibilitar una mayor urbanización, indultando una serie de municipios de una forma aleatoria e iniciando una carrera sobre quién va a construir cada vez más cerca del mar en contra del propio turismo y olvidando los graves riesgos crecientes originados por el cambio climático.

Los ecosistemas forestales han sido abandonados asu curso, con unas tasas de ordenación que no llegan ni al 10% del total, mientras los incendios siguen asolando el territorio según la climatología caprichosa de cada año, como éste, por ejemplo, con varias víctimas, millones y millones de euros perdidos y graves efectos ecológicos.

Respecto al cambio climático, nuestro país (según informes de la AEMA de 2014) ocupa el último lugar de toda Europa en cuanto a reducción de emisiones totales y el penúltimo en porcentaje de reducciones, y esto contando la grave crisis económica. Es decir, los partidos gobernantes nos han colocado en el furgón de cola de la UE con el modelo productivo aplicado y además han implementado planes de asignación que beneficiaban a los que más contaminaban, (como petroleras, cementaras o energéticas), en una nueva forma de aplicar la política ambiental: “los que contaminan cobran”. Tampoco ha habido ningún plan serio de adaptación al cambio climático, ni en ciudades, ni en administraciones, ni en sectores económicos.

La calidad del aire ha sido despreciada por los gobernantes, a pesar de la enorme población afectada y de las evidencias de su afección a la salud. Ya están llegando multas desde Europa por esa mala calidad de aire en Madrid o Barcelona y ni siquiera se han aplicado protocolos serios de aviso a la población. La movilidad sostenible y el control de las emisiones de las industrias y las centrales energéticas tampoco se han enfrentado con valentía.

En biodiversidad sigue el declive. Imparable en grupos como anfibios o reptiles y otras especies. Y aunque en algunas especies emblemáticas, como el lince, se ha detenido ese descenso, aún distan mucho de tener poblaciones suficientes y estables. Los linces siguen muriendo atropellados en unas cuantas carreteras o envenenados por una deficiente planificación del control de las medidas de protección. El lobo, especie emblemática de la península Ibérica, está extinguida en gran parte del país y se sigue cazando incluso en zonas protegidas, (muchas veces con el beneplácito de las autoridades e incluso por la propia administración). El oso solo sube ligeramente su población en uno de los tres núcleos donde existe, mientras sigue en grave peligro en las otros dos a pesar de las enormes sumas de dinero gastados. Ecosistemas de gran valor natural como humedales, bosques maduros o estepas siguen en peligro. Es cierto que se ha declarado una gran superficie protegida, si bien de una forma desigual por comunidades autónomas, que ya ha merecido un apercibimiento por la UE y sin realizar una planificación integral.

La mayoría de las amenazas que se ciernen sobre la biodiversidad están auspiciadas, si no diseñadas, desde las diferentes administraciones. El ciudadano de a pie contempla horrorizado cómo se legisla contra natura con sus propios impuestos.

El agua, sigue siendo gestionada desde el aumento de la oferta y no desde la gestión de la demanda. Más como un recurso productivo, que como uno renovable. Y resulta ser la gran olvidada, sobre todo cuando llueve, sin considerar la alternancia entre periodos húmedos y secos. Dentro de poco habrá sequías severas y el recurso será cada vez más escaso en un escenario de cambio climático. La falta de gestión científica del trasvase Tajo-Segura dará muchos problemas en el futuro. La calidad de los ríos deja mucho que desear, muchos ríos siguen oliendo mal y esto es insostenible. La depuración de muchas poblaciones es inexistente, por lo que también vamos a pagar multas a la UE. En la planificación se han primado las obras y se ha pospuesto las mejoras en el estado ecológico de las aguas y permitiendo numerosas excepciones a las normas.

Otras acciones que inciden directamente sobre el medio ambiente como las infraestructuras y el desarrollo urbano están llenas de malas prácticas contra el medio ambiente. La burbuja inmobiliaria también era de infraestructuras. El AVE es carísimo, se ha hecho una de las mayores redes del mundo sin pensar en los costes de explotación, ni por supuesto en los de mantenimiento. Hoy es directamente insostenible económicamente. La burbuja de los aeropuertos, la injustificada construcción de autopistas en concesión que hay que rescatar y la excesiva sobrecapacidad portuaria, chocan con el desmantelamiento directo de las infraestructuras ferroviarias para mercancías que obligan a ir por carreteras. Pese a todo ello el transporte de personas y mercancías sigue yendo, mayoritariamente, por carretera, que también están sobredimensionadas, y sobre todo en vehículo privado.

Respecto a planes de compra y contratación verde tampoco se ha avanzado. Tampoco se han evaluado la coherencia ambiental de las políticas públicas. Los dos partidos que han gobernado han tolerado los transgénicos, siendo España uno de los países europeos donde más han sido, y siguen siendo, utilizados.

Por todo ello se puede afirmar que ninguno de los dos partidos que han gobernado los últimos 33 años se han tomado en serio el tema del medioambiente, introduciendo la sostenibilidad en todas las políticas. Pero de los dos, el último que ha tenido ese honor, el PP, ha tenido una práctica peor, gobernando contra el medio ambiente de una forma contumaz. Ha generado una serie de leyes que van directamente en contra de la sostenibilidad, como la ley de montes, la ley de evaluación de impacto ambiental, la ley de costas, leyes de energías renovables, decreto contra el autoconsumo. Si bien, tampoco el PSOE hizo nada coherente y responsable en los últimos ocho años que gobernó.

Por todo esto es necesario lanzar una nueva política de sostenibilidad que tenga como objetivo el rescate ecológico de España. El objetivo último es mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos, el aprovechamiento sostenible de los recursos, la defensa de los bienes comunes y el mantenimiento de la biodiversidad. Las políticas económicas, de infraestructuras, agrarias, forestales, energéticas e incluso las de empleo, de fiscalidad, de I+D, de educación, de sanidad, etc. deberán tener en cuenta el medio ambiente. Lo mismo sucede con las empresas; hay sectores en los que el problema es mucho más evidente como el agrario, el forestal, el energético o la construcción; pero también los servicios (¿alguien concibe el turismo en un sitio degradado?) y por supuesto a la banca o los seguros. Por ello es necesario realizar una planificación realista e innovadora y un tratamiento de choque que ayude a recuperar nuestro maltratado patrimonio natural y mejorar el degradado ambiente.

PODEMOS propone un gran plan de rescate ecológico con el objetivo de restaurar y vertebrar el país. Este gran plan realizará infraestructuras verdes, que aseguren la conectividad ecológica entre diferentes zonas protegidas y con las zonas ecológicas de interés, como bosques, ríos y montañas; de esta forma se completará la planificación de la red natura. El plan debe de ser acompañado de políticas complementarias: se prevendrán los incendios forestales creando empleo estable durante todo el año con el fin de que no pase lo que está sucediendo otra vez en el 2015; se respetará la biodiversidad, (por ejemplo, en la protección de grandes vertebrados, limitará la velocidad en carreteras que pasen por zonas linceras), se protegerá por ley el lobo en todo el territorio; se impulsará un plan de depuración de todas las aguas residuales y de recuperación de la calidad ecológica de las masas de agua; se diseñara un plan contra la pobreza hídrica y se recuperará la gestión pública del agua.

Se realizará un plan de reducción de emisiones y de adaptación al cambio climático en ciudades y en sectores productivos mediante la colaboración de las empresas, los ciudadanos y la administración; y se deben programar actuaciones en las ciudades para aumentar la resilencia y se blindarán las infraestructuras estratégicas como las captaciones y depuración de aguas. Las administraciones deberán dar ejemplo de comportamiento responsable respecto al cambio climático iniciando los planes de actuación en cada una de sus áreas de responsabilidad.

Por otra parte se hará un plan de regeneración del medio rural para fijar población y asegurar la vida digna en el campo, aprovechando este grandísimo espacio sin utilizar que es un problema incluso de inseguridad nacional. Se potenciaría también, la instalación de paneles solares fotovoltaicos y térmicos para fomentar el autoabastecimiento y la energía distribuida, (se empezará, por ejemplo, con un millón de tejados solares, como en California o en Australia).

En infraestructuras se fomentará la intermodalidad entre el ferrocarril y los puertos y se gestionará de forma eficiente y sostenible las infraestructuras existentes y, sobre todo, los servicios públicos que sobre ellas se prestan, introduciendo obligatoriamente códigos de buenas prácticas ambientales en la gestión del tráfico y del trasporte. Se potenciará la gestión de la demanda y no la realización de nuevas infraestructuras como ha sucedido hasta ahora, buscando la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos.

Las administraciones darán ejemplo de actuaciones de sostenibilidad, realizaran planes de compra y contracción verde, pondrán placas solares en todos sus edificios, fomentaran el transporte sostenible, abastecerán por ejemplo, a sus comedores y a los colegios con productos de agricultura ecológica. Se potenciará el comportamiento verde de las industrias propiciando un cambio de modelo productivo sobre todo en la industria agroalimentaria. Se prohibirán, por supuesto, soluciones basadas en el carbono o las que no se hayan evaluado los efectos ambientales adecuadamente, (es decir el fracking y los transgénicos), en todo el territorio.

En definitiva se plantea un cambio de modelo energético y productivo que busque un modelo bajo en carbono, mas basado en el “silicio que en el carbono”, es decir más ordenadores y más investigación y desarrollo. La protección del medio ambiente y la regeneración del medio rural crearán empleo productivo para el común.

El dar mayor importancia del medio ambiente deberá venir acompañado por un cambio en la Constitución. En efecto, este texto es de 1978, y cuando se aprobó no existían las Comunidades Autónoma ni la conciencia social sobre el medio ambiente, ni sobre la biodiversidad, ni existían las evidencias que hoy existen sobre el cambio climático. Disfrutar de una naturaleza protegida es un derecho ciudadano indiscutible y la Carta Magna debe darle acogida para que en el mismo contexto normativo que protege a las personas se encuentren ríos, bosques, montañas, especies y espacios que aseguren la supervivencia de la humanidad. Por ello, este rescate ecológico, implicará modificar la constitución.

Muchas de estas actuaciones aunque parezcan futuribles u opcionales son en inevitables y obligatorias. Cuanto antes se hagan estas actuaciones mejor. Es decir, cuanto antes se incluyan los elementos preventivos y de integración de los criterios ambientales y de sostenibilidad en la economía y en las políticas territoriales, más dinero ahorremos posteriormente. Igual que con el cambio climático o con la contaminación atmosférica en las ciudades o en la prevención de los incendios forestales, existe el coste de no actuar que supera en mucho al de la prevención y al de la realización de actuaciones tempranas. Por todo ello, es preciso que la cuestión ambiental sea tomada en serio por el nuevo Gobierno, incorporándola en el núcleo duro de las actividades prioritarias tendentes a rescatar España.

Cualquier tipo de política pública que pretenda ser sostenible en el futuro deberá tener en cuenta el medio ambiente, la ecología y, por supuesto, los límites al desarrollo existentes en cada territorio. Necesitamos urgentemente que la defensa de nuestro bien común más preciado -el territorio debidamente equipado y mantenido- sea realmente una cuestión de Estado. La ecología no puede seguir siendo tratada como un problema de segundo nivel, marginada por las políticas económicas y las sociales. Esta ceguera atenta contra nuestra esencia de personas, como hijos de esa madre que nunca se queja....la Tierra. Es necesario un nuevo contrato social que incluya a los bosques, las aguas, las costas, como parte de nuestra naturaleza. Cuanto antes lo hagamos mejor.

La tercera crisis, hasta ahora olvidada, va a ser la que genere empleo y la que, a la larga, nos ayude a salir de la crisis económica y mejore la crisis social. Apostemos por un futuro más sostenible. Ganamos todos.